La filtración de los números PIN de los hermanos Treviño, conocidos como Z-40 y Z-42, por parte de la DEA a la Unidad de Investigaciones Sensibles de la policía mexicana, desencadenó la venganza de los hermanos que terminó con las vidas de todos aquellos que tenían vínculos con los Zetas en Allende, Coahuila, incluso de los que ni siquiera tenían cercanía con el cártel y terminaron incinerados en un viejo rancho.
Regeneración, 14 de junio de 2017.- El portal periódistico ProPublica y National Geographic publican la investigación de la periodista Ginger Thompson, ganadora del premio Pullitzer, donde revela que la interacción de agentes de la Agencia de Combate Antidrogas (DEA) con un miembro de Los Zetas dio pie a la masacre en Allende, Coahuila ocurrida en 2011.
“En marzo de 2011, el tranquilo pueblo ganadero, de unos 23 000 habitantes y a solo 40 minutos en auto de la frontera con Texas, fue atacado. Sicarios del cartel de los Zetas, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas del mundo, arrasaron Allende y pueblos aledaños como una inundación repentina; demolieron casas y comercios, secuestraron y mataron a docenas, posiblemente a cientos, de hombres, mujeres y niños”, dicen los primeros párrafos de la investigación de Thompson.
La periodista subraya que “lo que pasó en Allende no se originó en México. Comenzó en Estados Unidos, cuando la Administración para el Control de Drogas (DEA) logró un triunfo inesperado. Un agente persuadió a un importante miembro de los Zetas para que le entregara los números de identificación rastreables de los teléfonos celulares que pertenecían a dos de los capos más buscados del cartel, Miguel Ángel Treviño y su hermano Omar”.
Y continúa “entonces, la DEA se la jugó. Compartió la información con una unidad de la policía mexicana que, por mucho tiempo, ha tenido problemas con filtraciones de información, aunque sus miembros habían sido entrenados y aprobados por la DEA. Casi de inmediato, los Treviño se enteraron de que habían sido traicionados. Los hermanos planearon vengarse de los presuntos delatores, de sus familias y de cualquiera que tuviera un vínculo remoto con ellos”.
Fue un agente mexicano, quien avisó a los criminales que habían sido traicionados por varios de los suyos. Los hermanos Treviño decidieron vengarse. Ese hecho marcaba el comienzo de la atroz masacre que vivieron los habitantes de Allende que perdieron hijos, esposos, familiares y conocidos, algunos que ni siquiera tenían un vínculo con los Zetas.
La masacre fue perpetrada entre el 18 y 20 de marzo de 2011 y se estima que entre 28 y 300 personas de Allende, fueron asesinadas.
La investigación de Thompson titulada “Anatomía de una masacre”, relata que “a pocos kilómetros a las afueras del pueblo, los sicarios bajaron en varios ranchos vecinos a lo largo de una carretera de dos carriles pobremente alumbrada. Las propiedades pertenecían a uno de los clanes más antiguos de Allende, los Garza. La familia se dedicaba principalmente a la ganadería y realizaba trabajos diversos, entre ellos la minería de carbón. Pero, de acuerdo con miembros de la familia, algunos de ellos también trabajaban para el cartel”.
Los nexos con los Zetas resultaron mortíferos. El cártel sospechaba de soplones por la filtración de sus números PIN, los mimos que la DEA compartió con policías mexicanos.
“Cuando las camionetas llenas de sicarios invadieron Allende, uno de sus primeros destinos fue un rancho que pertenecía al padre de Garza, Luis, a pocos kilómetros del pueblo, junto a una carretera de dos carriles mal iluminada. Era el día de pago y varios trabajadores habían ido al rancho por su dinero. Cuando aparecieron los sicarios, tomaron como rehén a todo aquel que encontraron. Al anochecer, las llamas empezaron a alzarse desde uno de los grandes almacenes de bloques de cemento del rancho, donde el cartel quemó los cuerpos de los muertos”, versa el texto.
En la masacre de Allende, varias de las víctimas no tenían ningún lazo con los Zetas.
“Los atacantes condujeron a muchas de sus víctimas hasta el rancho de los Garza, incluyendo a Gerardo Heath, jugador de futbol de secundaria de 15 años, y Édgar Ávila, de 36 años e ingeniero en una fábrica. Ninguno de los dos tenía nada que ver con el cartel o con la gente que el cartel creía que trabajaba con la DEA. Solo estaban ahí”.
Al otro día, por la mañana, los sicarios llamaron a operarios de maquinaria pesada y les ordenaron demoler docenas de casas y comercios en toda la zona.
Los hechos ocurrieron a vista de todos. Incluso, los sicarios invitaron a la gente del pueblo a tomar lo que quisieran de las viviendas. Una ola de saqueos se desató.
“Los registros del gobierno obtenidos por ProPublica y National Geographic indican que a las autoridades estatales encargadas de responder ante emergencias les llovieron unas 250 llamadas de personas que reportaban disturbios, incendios, riñas e ‘invasiones a hogares’ por toda la zona. Los entrevistados señalaron que nadie acudió a ayudar”.
La investigación señala que estos hechos fueron desencadenados desde meses atrás, cuando la DEA lanzó el operativo Too Legit to Quit [Demasiado Legítimo para Rendirse], después de unas redadas que tuvieron resultados sorprendentes.
“En una, la policía había encontrado 802,000 dólares en efectivo, empacados al vacío y escondidos en el tanque de gasolina de una camioneta. El conductor dijo que trabajaba para un tipo al que solo conocía como El Diablo”.
El Diablo, fue identificado más tarde por el agente Richard Martínez, de la DEA, y el fiscal federal adjunto Ernest Gonzalez. El sujeto resultó ser Jose Vasquez, Jr., de 30 años, un nativo de Dallas que comenzó a vender droga en secundaria y que entonces, “era el distribuidor de cocaína más importante de los Zetas en el este de Texas, donde movía camiones llenos de drogas, armas y dinero cada mes”.
Vasquez logró huir mientras se completaban los preparativos para su detención. Huyo a la frontera hacia Allende para buscar protección de los miembros del cártel. Martínez y González vieron entonces una oportunidad, creyeron que podrían persuadir a El Diablo para que cooperara en la investigación y así pudieran llegar hasta los Treviño, conocidos como Z-40 y Z-42, quienes “habían dejado un sendero de cadáveres en su escalada a la cima de la lista de los más buscados por la DEA”.
Martínez quería los PIN rastreables de los teléfonos Blackberry de los Treviño y Vásquez, después de huir, le había dado al agente una amplia ventaja. Su mujer y su madre todavía vivían en Texas.
Martínez habló con Vásquez y le dijo que, si no cooperaba, su mujer y su madre irían a la cárcel con él. Situación que logró que El Diablo entregara los números a la DEA.
“Conseguí todos los números: el de 40 y 42, y de todos ellos. No sabía lo que iban a hacer con ellos. Pensé que iban a intentar interceptarlos o algo así. Nunca pensé que iban a mandar los números de vuelta a México. Les dije que no hicieran eso, porque iban a causar la muerte de mucha gente”, dijo Vásquez, operario convicto de Los Zetas.
Luego de tres semanas de que Vásquez entregara los números PIN a la DEA, los líderes del cártel recibieron el aviso de que los habían traicionado y así comenzó su venganza.
“Fuentes oficiales cercanas al caso dijeron que un supervisor de la DEA en Ciudad de México compartió información relacionada con los números con una unidad de la policía federal mexicana conocida como Unidad de Investigaciones Sensibles”.
Sobre la filtración, se supo que “un oficial de la unidad fue el responsable de la filtración”.
A principios de este año, “uno de los supervisores de la unidad, Iván Reyes Arzate, se entregó a las autoridades federales estadounidenses para enfrentar cargos por compartir información sobre las investigaciones de la DEA con narcotraficantes”.
No queda claro, dice la investigación, si Reyes fue la fuente de la filtración en el caso de Allende.
Con información de ProPublica
