La presa “Francisco J. Múgica” que se debió terminar en octubre de 2008 con un costo de mil 500 millones de pesos, fue entregada hasta inicios de 2013 a un costo de 2 mil 915 millones de pesos.
Regeneración, 31 de mayo de 2017.- También en Michoacán, la empresa brasileña Odebrecht hizo de las suyas. Construyó una presa al doble de su costo original y la entregó incompleta, con deficiencias y con más de cuatro años de atraso.
En un reportaje de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se destaca que la presa “Francisco J. Múgica” que se debió terminar en octubre de 2008 con un costo de mil 500 millones de pesos, fue entregada hasta inicios de 2013 a un costo de 2 mil 915 millones de pesos.
El contrato firmado por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel con Odebrecht fue bajo la modalidad de “precio alzado” y “llave en mano”, lo que garantizaba que el costo de la obra no se incrementaría, pero no fue así. A la llegada de Leonel Godoy a la gubernatura, le otorgó a Odebrecht una ampliación del contrato original por 601 millones de pesos, y además, autorizó obras adicionales por 813 millones de pesos más.
Entre julio de 2009 y junio de 2010, el gobierno de Godoy autorizó a la trasnacional contratos extra por mil 414 millones de pesos para la conclusión de la presa.
Además, su gobierno aprobó a la constructora terminar la obra hasta principios de 2012, situación que tampoco se cumplió pues la entrega se realizó hasta 2013.
Aunque el proyecto original garantizaba la dotación de mil litros de agua por segundo para riego agrícola, la infraestructura solo se construyó para conducir 500 litros de agua.
Otro problema es la ubicación de la obra pues la presa se realizó en tierras con problemas de litigo y ahora el gobierno de Michoacán deberá restituir a campesinos las mismas que ocupa la presa y además, pagar 9 millones 315 mil pesos por daños.
La obra de la presa fue improvisada, señala el texto de MCCI. El gobierno del perredista Lázaro Cárdenas Batel lanzó la convocatoria para participar en la licitación, pero, en los documentos de la misma solo se encontró la copia del contrato firmado con Odebrecht y sus respectivas ampliaciones. No había información de otras empresas licitantes.
Ese contrato con la brasileña fue firmado aun cuando carecía de autorizaciones federales y hasta un año después, en 2007, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió el resolutivo positivo de manifestación de impacto ambiental. Y aún faltaban otros permisos, seis meses después de la asignación del contrato, se tramitó el aval de la Comisión Nacional del Agua.
Y hasta septiembre de 2009, cuando la obra ya debía estar terminada, la Comisión Nacional del Agua apenas entregaba la concesión del uso de la zona federal del Río Marqués sobre el que se construiría la presa.
Ya con el cambio de gobierno de Cárdenas a Godoy, éste último aseguró que su prioridad era terminar la construcción de la presa y para ello ordenó un nuevo contrato con Odebrecht paraadjudicar en forma directa dos obras complementarias de la presa: la construcción de una planta hidroeléctrica y un sistema de riego.
Pero, una vez más, la transnacional no concluyó el trabajo y aunque de nueva cuenta fue firmado bajo la modalidad “llave en mano”, lo que significaba que no se podía modificar ni el costo ni el plazo de ejecución, Odebrecht pidió al gobierno de Godoy adecuar el acuerdo original bajo el argumento de que habían hecho obras no incluidas en su oferta inicial.
El plazo original para concluir la obra era el 25 de octubre de 2008, pero mediante un acuerdo firmado el 6 de mayo de 2008, el gobierno de Leonel Godoy permitió a Odebrecht aplazar la entrega hasta mayo de 2011. Aunque el proyecto no estaba concluido, el 5 de febrero, el gobernador decidió inaugurar la obra.
Con información de Proceso
