El Sindicato Mexicano de Electricistas fue promotor de la Nacionalización de la Industria Eléctrica en 1960 y de una tarifa social justa para los usuarios. Siempre se ha opuestos a la privatización del sector energético. Despojados de su fuente de empleo, la solidaridad de los electricistas abarca el impulso de la huelga de pagos y la organización de lo que hoy es la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE).

Regeneración 9 de mayo de 2017. En un texto dirigido a la redacción de Regeneración, la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), refuta un artículo de nuestro colaborador José Antonio Almazán sobre el informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro y el patrimonio del SME.

Artículo de José Antonio Almazán.

Aclaración al Sr. José Antonio Almazán:

Los miembros del Comité Central y Comisiones Autónomas, Representantes Divisionales, Departamentales y Seccionales, miles de trabajadores de base en resistencia rechazamos categóricamente las mentiras y calumnias de José Antonio Almazán, ex diputado federal del PRD y ex miembro de la dirección política del SME, que recién acaba de publicar en su periódico Regeneración un artículo que descalifica al SME, sus órganos representativos y digna lucha de resistencia. Sus mentiras, calumnias y falacias no sólo intentan confundir a la opinión pública respecto a los resultados de nuestra lucha, sino además, pretenden amarrar navajas entre el SME y MORENA, ya que así le conviene a sus mezquinos intereses personales.

Nuestra organización, sus órganos representativos y compañeros en resistencia, repudian su malograda guerra sucia, por ello frente a lo publicado por Almazán el pasado 26 de abril en Regeneración, hacemos las debidas aclaraciones.

Dice que no se han entregado propiedades al SME, que se trata de una “transmisión NO onerosa de bienes” y que el registro puede tardar varios años.

La transmisión NO ONEROSA significa que el SME no gastará un centavo por recibir esos bienes. Y es la vía legal para que, de acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales (art. 84, frac. XIII) puedan transferirse inmuebles federales a organizaciones sindicales EN PROPIEDAD. La falta de registro de las propiedades es anterior al Decreto de Extinción y su regularización, por parte del INDAABIN tendrá que hacerse a la brevedad, a partir de la recomendación emitida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre ese particular, tal y como aparece en el informe de la auditoría.

Miente cuando insinúa que al recibir Generadora Fénix las plantas de generación, se avala en los hechos la privatización de la industria eléctrica.

Desde 1999, el SME ha combatido los proyectos de privatización del sector energético y de la industria eléctrica en particular. Históricamente, el SME fue promotor de la Nacionalización de la Industria Eléctrica en 1960 y de una tarifa social justa para los usuarios. Aún despojados de nuestra fuente de empleo hicimos frente al proceso legislativo de la mal llamada “Reforma Energética” con vigor y entereza; cumpliendo con nuestro compromiso histórico impulsamos la huelga de pagos y la organización de la población en lo que hoy es la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), movilizaciones en las que, por cierto, Almazán jamás ha participado. En todo momento hemos insistido que nuestra lucha es de largo aliento, por la renacionalización de la industria eléctrica.

Participar en la industria eléctrica mediante un Contrato Colectivo de Trabajo, con prestaciones por encima de la Ley, para iniciar la reinserción laboral de nuestros compañeros y mantener el registro de nuestra organización sindical con más de 100 años de historia, evitando su disolución forzada tal y como lo manda nuestro Estatuto, no es avalar la privatización del sector. Afirmarlo como lo hace el ex diputado del PRD es como decir que quien tiene un empleo en México hoy en día está avalando la Reforma Laboral, o que los trabajadores de México por ser asalariados están avalando la explotación capitalista.

Y en efecto, el Contrato de Adquisición de energía de la CFE a Fénix sigue pendiente, tal y como se ha informado en Asambleas Generales pasadas y por los medios oficiales de la organización.

En cuanto sea firmado, se dará a conocer. En tanto, el gobierno de EPN no cumpla con los acuerdos nosotros seguiremos tomando las calles.

Miente cuando afirma que se ha ocultado información sobre el capital de Generadora Fénix.

En los acuerdos con Mota Engil siempre se estableció el poder garantizar liquidez a LF del Centro a partir de las ganancias por la generación de energía. Y con la modificación al Estatuto Sindical se dejó claramente establecido que todos los socios cooperativistas somos miembros activos del SME. Es decir, es de todos.

Miente cuando dice que al gobierno “le salió barata la liquidación de LyFC y sus trabajadores”

De la cantidad que menciona, 325 mil millones de pesos corresponderían a un instrumento legal que se utilizó como parte de la estrategia legal para interrumpir la prescripción del cobro de las liquidaciones (juicio IV-53.1.2014), frente al laudo de la SCJN del 30 de enero del 2013, como se explicará más adelante. Los más de 3 mil 859 millones corresponden al juicio laboral 1267/2009 promovido por el SME EN REPRESENTACIÓN DE 44,276 TRABAJADORES, condición que Almazán omite mencionar, pero que puede leerse en el documento citado.

Miente al ocultar información que le consta, pues él fue miembro de la Dirección del Sindicato en las diversas ocasiones en que se informó de la imposibilidad de ubicar esos fondos y cuando se planificó la estrategia legal después del fallo de la Suprema Corte.

Desde muchos años antes del Decreto de Extinción, el sindicato intentó, sin éxito, encontrar algún registro contable de Luz y Fuerza sobre los fondos de las cláusulas 64, 98 y 112. Incluso el IFAI ha señalado oficialmente la inexistencia de tales registros, que en su momento se supuso, fueron registrados como gasto y no como inversión en infraestructura. Esta es una más de las incongruencias del ilegal Decreto de Extinción de Luz y Fuerza que refiere a los pasivos laborales mientras el IFAI niega su existencia contable. Argumento que en su momento fue expresado por el propio ex diputado.

Al inicio de febrero de 2013, tras el brutal golpe que sufrimos con la revocación del Amparo que nos daba el triunfo legal, que nos arrebataba el patrón sustituto y los salarios caídos, tuvo lugar una reunión de la Dirección Sindical con el cuerpo jurídico del Sindicato; a pregunta expresa de Almazán (entonces Pro Secretario de Jubilados) acerca de que si a partir de que la Suprema Corte dejaba en firme el laudo del 30 de agosto de 2010 (juicio IV-238/2009), era procedente demandar los pasivos laborales y la liquidación del CCT, el Lic. Carlos de Buen respondió que el dictamen de la Suprema Corte nos condenaba al cobro de la liquidación, y en conjunto con los abogados de la organización recomendó como opción jurídica abrir un incidente de liquidación, acompañado de diferentes tipos de demandas en la Junta Federal con la finalidad de ganar el tiempo suficiente para lograr una salida negociada al conflicto, propuesta aprobada por Acuerdo de Asamblea General el 4 de febrero del 2013.

Por ello esos fondos fueron demandados en el juicio IV-53.1.2014 como parte de la estrategia jurídica. Continuar el litigio por el pago de esos fondos implicaba extender el pleito legal por tiempo indeterminado, sin cobrar liquidaciones y previendo, por lo ocurrido con la revocación del Amparo, un fallo final en contra nuestra, centrado en la inexistencia de registro contable alguno de esos fondos.

Desde que asumió su particular guerra contra la dirección del SME, Almazán insiste obsesivamente en el cobro de 80 mil millones de pesos de un pasivo laboral que no puede comprobarse y no puede cobrarse. Al igual que con el juicio IV-53.1.2014, un pleito legal por este tema se habría extendido por mucho tiempo, con un resultado previsiblemente en nuestra contra al no existir registros contables de dichos pasivos; como ya lo hemos mencionado.

Es curioso cómo, al referirse a la entrega de las plantas de Luz y Fuerza a Generadora Fénix, Almazán “denuncia” que se avala la privatización. Pero tratándose de la entrega de predios para su explotación por una empresa social, LF del Centro, señale una negociación “a la baja”. Por principio de cuentas, no son solamente los 40 predios transferidos al SME, los que siguen bajo régimen de dominio público de la Federación, sino 440 que, como ya se dijo deberán regularizarse a la brevedad. Y en efecto, los 533 bienes que eran propiedad de Luz y Fuerza, fueron transferidos a CFE, primero, mediante el comodato derivado del Decreto de Extinción para, en términos del decreto, garantizar la continuidad en el suministro del servicio de Energía Eléctrica.

Al quedar sin efecto el comodato y con la promulgación de la Ley de la Industria Eléctrica (11 de agosto de 2014), sus leyes y reglamentaciones secundarias y la Ley de la CFE (5 de agosto de 2014), el uso de las instalaciones de Luz y Fuerza para dar el servicio de energía eléctrica corresponde a CFE. Aún están en el proceso de desincorporación a su favor.

Que la mayoría de los predios se consideren útiles para el servicio público y estén a cargo de CFE, como se menciona en el documento de la auditoría, no es consecuencia de la negociación como sugiere Almazán, sino de la Reforma Energética.

La negociación no se estableció con CFE, ni nos ganó predios, TODOS los predios e instalaciones le fueron asignados al inicio del conflicto para mantener el servicio. Nosotros les arrebatamos esos predios.

Almazán omite hablar de la defensa de los derechos adquiridos de nuestros jubilados.

Almazán “denuncia” un déficit financiero para el pago de más de 20 mil jubilados miembros del SME y en el marco de una reforma inminente contra jubilados y pensionados del país no es asunto menor. Sin embargo, Almazán omite mencionar, que desde el decreto de extinción de Luz y Fuerza, el SME ha dado prioridad a la defensa de los derechos adquiridos de nuestros jubilados, destacando que el pago de sus catorcenas es obligación del Gobierno “con cargo a los recursos que se establezcan para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación” (artículo 5 del Decreto), movilizándonos en las calles siempre que sea necesario, movilizaciones en las que, ciertamente, Almazán ha estado ausente. Y no menciona la campaña nacional de organización contra las reformas al sistema de pensiones, encabezada por la Confederación Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana (CONJUPAM), que impulsa el SME desde su dirección y su militancia, omisión que se explica porque cuando él fue presidente de la Confederación, ésta entró en letargo. Almazán suplanta su ausencia en la calle con acusaciones sin pruebas e insultos en redes sociales.

Almazán asume que no tenemos memoria.

Las irregularidades en la extinción de Luz y Fuerza iniciaron en el 2009, incluso antes del Decreto. Los 7 años de heroica lucha de resistencia lo demuestran: hemos peleado sin descanso contra una gran injusticia y las irregularidades que la sustentaron. Pero todo avance en esta lucha y lo alcanzado con la negociación ha sido avalado por acuerdos de Asamblea General y reafirmado con la movilización en las calles. Si las instancias del Gobierno Federal deben acreditar sus facultades, procedimientos o métodos, solamente a ellos corresponde esa tarea.

Almazán omite decir que en siete años tuvimos cientos de detenidos, 12 presos políticos, una campaña permanente de linchamiento mediático en contra, la obsesión neoliberal de los gobiernos del PAN y del PRI de desaparecer al SME, a todo el aparato policiaco, judicial y político del Estado Mexicano queriendo aplastarnos y olvida que la salida política negociada fue la última opción que tuvimos para evitar la derrota. Decir que la negociación fue a la baja, cuando no teníamos absolutamente nada, ni fuente de trabajo, ni contrato colectivo, ni pasivos contables es mentir sin reparo, para hacerse pasar por el héroe que no fue. Ir a la baja en las condiciones concretas de la lucha, después del vergonzante fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hubiera significado aceptar la disolución forzada de nuestra organización. Cosa que nunca hicimos. La nuestra es, sin mezquindades, una victoria política de los trabajadores electricistas y el pueblo de México.

Es cierto que tenemos un difícil camino que recorrer cuesta arriba para poder reinsertar a todos nuestros compañeros desde la Cooperativa LF del Centro, FENIX y nuestros proyectos de expansión sindical, pero nada nos es imposible. Con la férrea unidad de nuestro movimiento, nuestra autonomía de clase y la solidaridad de las organizaciones democráticas de México, saldremos adelante, compartiendo con ustedes la convicción de que hace falta una profunda transformación del país .

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

Comité Central y Comisiones Autónomas.

Responsable de la publicación. José Humberto Montes de Oca. Secretario del Exterior.