La exmandataria de Argentina, Cristina Fernández fue procesada con prisión preventiva por corrupción, pero no pisará la cárcel hasta que el senado lo apruebe.
Regeneración, 18 de septiembre de 2018.- Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina fue procesada con cárcel provisional por el caso de los “cuadernos de la corrupción”, donde se le señala como la presunta jefa de una banda que cobraba sobornos a cambio de obra pública; pero no pisará la cárcel hasta que se apruebe el desafuero porque goza de inmunidad por ser senadora.
El juez Claudio Bonadio la acusó también de haber cometido los delitos de cohecho pasivo y dádivas en reiteradas ocasiones; el juez consideró la existencia de “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y del Ministerio de Planificación [encabezado por Julio de Vido, actuó entre los años 2003 y 2015”, todo el periodo del gobierno kirchnerista.
En lo que sería su sexta batalla en tribunales del país sureño, Fernández de Kirchner se defendió:
“Podrán excavar toda la Patagonia que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme”, dijo desde la sede de la Justicia Federal.
“Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno”.
Antes de ordenar la detención de la exmandataria y otras 41 personas que fueron altos funcionarios y empresarios cómplices, el juez Bonadío también dictó su detención y embargo por más de 100 millones de euros.
La acusación se sustenta en una serie de testigos protegidos a los que se les llama “los arrepentidos”, quienes indicaron que el dinero del saqueo a las arcas públicas está escondido enterrado en los campos del sur argentino.
El caso estalló a principios de agosto a partir de las minuciosas anotaciones de Oscar Centeno, chófer de Roberto Baratta, mano derecha del ministro De Vido, quien durante 10 años, apuntó en ocho cuadernos escolares cientos de viajes con bolsos cargados de dinero, producto de presuntos sobornos que empresas constructoras pagaban a cambio de contratos con el Estado.
El escándalo involucra a exfuncionarios, empresarios poderosos y hasta jueces.
Mientras tanto, según la legislación argentina, los fueros no protegen a los parlamentarios de una investigación, pero si impiden su arresto preventivo y el Senado ya anticipó que no hay posibilidad alguna de que vote por la eliminación de ese derecho. Con esto es lógico pensar que se mantendrá la protección hasta que Fernández de Kirchner enfrente una condena firme, es decir hasta la última instancia de apelación ante la Corte Suprema.
Vía El País y ABC.