Diputado Moctezuma busca vinculación con empresas, inversión extranjera, monetización bancaria y obtener mil 100 millones en recursos económicos

Plantean privatizar cárceles en BC
Plantean privatizar cárceles en BC

Regeneración, 22 de septiembre del 2021. El diputado Sergio Moctezuma, presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados de Baja California presentó una iniciativa de Ley para dotar de autonomía al sistema penitenciario y convertir los centros de detención en «centros productivos y autofinanciables».

Dicha iniciativa argumenta que el enorme peso financiero que significa el mantenimiento de los penales y el cumplimiento de las obligaciones del Estado hacia las personas privadas de su libertad conforme a la Ley.

El diputado por el 8o Distrito luego de detallar las carencias del sistema penitenciario, plantea las proyecciones financieras de las medidas de privatización, con una bolsa que asciende a mil 100 millones de pesos:

Por una parte indica que se obtendrían 200 millones de pesos, derivado de la venta de bienes y servicios, con la operación productiva de los centros penitenciarios.

Además, se buscaría inversión extranjera y esquemas de saneamiento financiero, por más de 200 millones de pesos.

Dichos recursos internacionales provendrían de fuentes como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y asociaciones civiles de beneficencia pública.

Otra fuente de obtención de recursos planteada en la iniciativa presentada por el diputado de Morena es por medio la monetización, bancarización, créditos de bajo interés y monetización de terrenos donados.

Con las estrategias financieras descritas se obtendrían otros 300 millones de pesos más.

Recursos federales

En las proyecciones de esta iniciativa de Ley también se contempla que en el nuevo esquema privatizador se obtengan recursos de la Federación, tanto ordinarios como extraordinarios.

El diputado Moctezuma incluye en sus proyecciones financieras, recursos federales provenientes por 100 millones de pesos provenientes de diversos fondos como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Púbica (FASP).

Otras fuentes ordinarias de recursos provendrían del Fondo para Enfrentar la Violencia en los Municipios (Fortaseg) así como Socorro de Ley.

Finalmente, una fuente más de financiamiento de este nuevo esquema autónomo provendría de recursos federales extraordinarios.

Dichos recursos federales extraordinarios por 300 millones de pesos, provendrían de convenios con instituciones de salud, educación, inversión pública entre otras.

Las reformas a la Constitución de Baja California y leyes secundarias.

Para lograr dicho financiamiento es que se requiere reformar la Ley y dotar de autonomía a sistema penitenciario.

LEER MÁS:  AMLO irá a la ONU en noviembre; será la segunda salida internacional

Esto significa adiciones al artículo 49 y reformas a los artículos 93, 94, 105, 1207 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

En enero AMLO denunció jugosos negocios con las cárceles durante el gobierno de Felipe Calderón: 

«...como un ejemplo de las atrocidades que hicieron durante el periodo neoliberal, los negocios del sector privado y del sector público, esa mezcolanza, esa vinculación estrecha entre los negocios privados y los negocios públicos».

Y es que, el 13 de enero de este año, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó en la Mañanera:

-En el 2020 se pagaron 15 mil millones de pesos en los reclusorios privados. El costo mensual por cada interno se estimaba en 114 mil 588 pesos.

-Es decir, promedio al día, un poco más de 3 mil pesos.

-Por ello, el erario nacional sufrió una afectación de 15 mil 562 millones de pesos, en ocho entidades donde están estás cárceles tan sólo en el año pasado.

-La población carcelaria total en estos centros penitenciarios es de 12 mil 284 personas, es decir, se pagó a empresas privadas en el 2020 por cada reo 1 millón 266 mil pesos.

Los estados y los recursos asignados donde opera el esquema promovido por Genaro García Luna fueron:

Sonora con un mil 819 millones de pesos. Seguido de Guanajuato con mil 808 millones. Luego, Oaxaca mil 771 millones de pesos.

Además de Durango con mil 875 millones , Chiapas con 2 mil millones y el penal femenil de Morelos con mil 867 millones de pesos.

Incluidos, Michoacán con 2 mil 230 millones de pesos y Coahuila con 2 mil 188 millones.

En aquella ocasión AMLO dijo que exponía estos datos «Para que se sepa por qué no podemos continuar con el antiguo régimen, y por qué quieren regresar quienes cometieron estos atracos, estos fraudes al pueblo,  a la Nación”.

Medidas desde la era de Ronald Reagan y sus fracasos

El modelo de iniciativa de Ley propuesto por el diputado Moctezuma ha sido implementado en Estados Unidos o Chile, esto desde el impulso privatizador de Ronald Reagan.

Decenas de experiencias y estudios han demostrado el fracaso de dichos modelos.

Hace más de 7 años la investigadora Isabel Arriagada, puntualizó en la revista especializada Política Criminal que:

LEER MÁS:  México y EU buscan desmantelar al CJNG con el “Código Negro”

El vínculo comercial que tiene lugar desvanece la identidad pública asociada a la prisión, desdibuja las responsabilidades políticas involucradas y dificulta la identificación del régimen jurídico aplicable.

La investigadora chilena precisa que se introduce a un agente cuyos intereses comerciales pueden ir en directo desmedro de la calidad del servicio proveído.

A ello se suma que los presos están impedidos de reclamar y ejercer sus derechos políticos.

«Considerando los incentivos envueltos en la privatización, la corrupción se convierte en una catástrofe predecible», sentencia Arriagada.

Esto en su publicación «Cárceles privadas: La superación del debate costo-beneficio».

La investigadora siguiendo a Pratt y Maahs sobre la situación de cárceles públicas y privadas en Estados Unidos, concluye que «no existen diferencias significativas respecto de los costos que se erogan en cárceles públicas y privadas».

«Por tanto, tampoco existe demostración del alivio de las cargas fiscales a que apela la política privatizadora», señala.

Y precisa que los elevados costos por preso que alcanza el sistema concesionadocomprueban nuevamente «el desacierto de la medida».

Este sentido la investigadora del Centro de Estudios de la Justicia de la Universidad de Chile, abunda sobre la experiencia privatizadora en Chile y los Estados Unidos.

«…el sector privado, más que aportar innovación y creatividad, ha implementado medidas de brutal y abusiva economía», indica.

Sumado a ello, y pese al renovado interés de la empresa privada por el trabajo en  cautiverio, la gestión del sector privado no da cuenta de cifras positivas en términos de superar las probabilidades de reinserción en contraste con el sector público.

Finalmente, contextualiza:

«….el modelo neoliberal, en tanto agente facilitador de la liberalización del capital, ha precarizado las protecciones sociales y se ha convertido en motor de la marginalidad avanzada».

El vínculo entre este modelo económico y el aparato penal es ineludible.

En este sentido, el mercado “halla su extensión ideológica y su complemento institucional en la «mano de hierro» del Estado penal, que crece y se despliega a fin de contener los desórdenes generados por la difusión de la inseguridad social” (Loïc Wacquant) .

A este despliegue de la penalidad neoliberal «debiese responderse con nuevas y distintas formas de resolver los conflictos sociales escondidos bajo el síntoma de la criminalidad».

Esto, «incluyendo la eliminación del almacenaje de cuerpos y vidas en que ha derivado la masificación del encarcelamiento«, sentencia la especialista.