`Aborto legal y seguro en todo México’ fue la exigencia de activistas por los derechos de las mujeres al subir a la Diana Cazadora y ponerle el simbólico pañuelo verde; mexicanas son criminalizadas por ejercer derecho sobre su cuerpo
Regeneración, 23 de octubre de 2018.- Una de los monumentos más representativos de los mexicanos fue hoy cubierto por el símbolo que exige aborto libre y seguro para todas las mujeres del país.
Un grupo de activistas por los derechos de las mujeres y las niñas se dio cita esta mañana en la Fuente de la Diana Cazadora, monumento inaugurado en 1942 que se encuentra en avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, para imponer el ya característico pañuelo verde que simboliza la exigencia por un aborto libre y seguro para las mujeres.
Se trató de una manifestación pacífica y sorpresiva donde las mujeres colocaron en el brazo de la Diana Cazadora una bandera verde con la leyenda “Aborto legal y seguro en todo México”.
Las mujeres se hicieron visibles para exigir “al Estado garantizar el aborto para proteger la vida de las mujeres que decidimos abortar”. La prensa reportó que poco tiempo después de la movilización, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, arribaron al lugar y le retiraron la bandera al monumento.
Esta mañana, una mujer se subió a la Diana Cazadora para colocarle un pañuelo en favor del aborto libre y gratuito en todo el país 💚 pic.twitter.com/wwibBmClft
— BuzzFeed News México (@BuzzFeedNewsMex) 23 de octubre de 2018
Como todas las controversias en torno a la interrupción del embarazo, la imposición de una pañoleta verde a la Diana Cazadora no fue la excepción, por lo que se han generado diversas críticas a este acto simbólico.
Criminalización de mexicanas por ejercer derecho sobre su cuerpo
El debate sobre si las mujeres deben o no abortar se encuentra lejos del problema de fondo. Innumerables estadísticas refuerzan el argumento de que el aborto, independientemente del contexto y las razones por las que ocurre, es un asunto de salud pública que está matando a las mujeres en razón de su condición bajo argumentos morales y religiosos, más que legales. El telón de fondo es el control que se busca tener sobre el derecho (que sí es legal) de las mujeres y las niñas a decidir sobre sus cuerpos.
Un ejemplo de lo anterior es que en México existe un número considerable de mujeres encarceladas por el “delito” de aborto sin que se les haya respetado su derecho al debido proceso.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad 2016, 52.1 por ciento de las mujeres privadas de libertad encuestadas reportaron que el agente del ministerio público que las interrogó no se identificó como autoridad; 38.2 por ciento que no le dijeron de qué la acusaban y 52.9 por ciento, que policías o autoridades la presionaron para dar otra versión de los hechos.
Asimismo, de las mujeres privadas de la libertad encuestadas, 71.2 por ciento reportó que no le permitieron contactar con algún conocido o familiar tras ser consignada a un ministerio público y 39.8 por ciento, que no fue evaluada, aun cuando muchas de ellas son interrogadas en hospitales y puestas a disposición del ministerio público inmediatamente después de una emergencia obstétrica, priorizando el proceso penal sobre su salud.
Diana Cazadora. Su flecha a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. #AbortoLegalYa pic.twitter.com/v7jBFO6B3v
— Jenaro Villamil (@jenarovillamil) 23 de octubre de 2018
De acuerdo con el informe Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México elaborado por la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), “existe un gran desconocimiento por parte de las autoridades y, en particular, del personal de salud acerca de sus obligaciones; se imponen requisitos no solicitados por la legislación que obstaculizan y en ocasiones hacen imposible el acceso a servicios legales de aborto; se permite la desinformación por parte de grupos antiderechos mediante la promoción de legislaciones que buscan restringir los derechos humanos; se viola el secreto profesional y se criminaliza a mujeres con emergencias obstétricas”.
GIRE agrega que la criminalización por aborto en México sigue patrones comunes: niñas y mujeres llegan a un servicio de salud con un aborto incompleto o en evolución y, ahí, son cuestionadas y denunciadas por el mismo personal de salud, trabajadoras sociales o por sus familiares y conocidos.
El ministerio público responde generalmente de inmediato, acudiendo a interrogar a las mujeres en las mismas camillas de hospital. En muchas ocasiones, los casos se basan exclusivamente en confesiones autoincriminatorias realizadas bajo presión y en contextos de emergencias médicas.
Por si eso fuera poco, algunos de los procesos penales culminan en sentencias condenatorias, ya sea a privación de libertad, multa, trabajo en favor de la comunidad o “tratamiento médico integral”, una forma de sanción que, a pesar de no representar una pena de prisión, perpetúa la idea de que quienes abortan necesitan ser “curadas”.
El informe de GIRE añade que el hecho mismo de enfrentar un proceso penal por aborto, sin importar el sentido de la sentencia, “puede tener consecuencias permanentes en la vida de las personas denunciadas, su familia y la relación con su comunidad”.
Destacan también los casos en los que las mujeres son acusadas de otros delitos con penas más severas, como el infanticidio y el homicidio en razón de parentesco, ante situaciones de aborto o partos fortuitos.