La Arquidiócesis de México investiga a un sacerdote detenido en Cuauhtémoc por presunto abuso sexual contra un menor de edad
Regeneración, 15 de julio de 2026.– Las organizaciones civiles de la capital visibilizaron un grave caso de violencia sexual cometido presuntamente por un clérigo católico.
La agrupación ciudadana Spes Viva denunció formalmente la captura de un ministro de culto en el centro del país.
Los elementos policiales arrestaron al sacerdote Enrique «N» en las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc el pasado jueves.
El detenido acumulaba una trayectoria de veinticinco años de actividad pastoral dentro de la estructura de la Iglesia católica.
Por consiguiente, los activistas sociales exigieron un proceso penal transparente y alejado de los viejos pactos de impunidad institucional.
La organización defensora de la infancia alertó sobre los riesgos históricos de encubrimiento dentro de las cúpulas del clero mexicano.
Los defensores del pueblo demandaron explícitamente evitar el tradicional e ilegal «fuero eclesiástico» que ha protegido a los pederastas.
Postura oficial de la Iglesia y apertura de indagatoria canónica
A pesar de estas denuncias, la jerarquía eclesiástica local emitió un pronunciamiento público tras conocer la situación jurídica del acusado.
La institución religiosa afirmó que tuvo conocimiento de la captura directamente por el testimonio vertido por el propio imputado.
El Arzobispo Primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes, ordenó abrir un expediente de manera interna de inmediato.
La autoridad religiosa ordenó una investigación previa correspondiente, de conformidad con el derecho canónico aplicable a estos casos.
Aunado a esta medida, la corporación eclesiástica aseguró tener la intención de cooperar abiertamente con los tribunales del fuero común.
Los voceros católicos manifestaron su disposición para aportar los elementos necesarios que ayuden a esclarecer la presunta agresión sexual.
La institución eclesiástica refrendó textualmente su «plena disposición para colaborar en lo que sea requerido» ante las instancias judiciales.
Mientras dure el proceso de los jueces, se aplicarán suspensiones provisionales al implicado sin obstruir las investigaciones del Estado.
Reclamos de la sociedad organizada y defensa de los derechos infantiles
En este sentido, las agrupaciones protectoras de los derechos humanos criticaron la tardanza institucional para abordar las agresiones clericales.
El colectivo Spes Viva reprochó fuertemente el silencio inicial mantenido por las autoridades eclesiales tras el arresto ciudadano.
Los activistas señalaron que «es usual que esa institución aproveche el sigilo para proteger y encubrir este tipo de casos».
Esta opacidad sistemática deja históricamente a las infancias de las comunidades vulnerables en un estado de total desamparo.
La comunidad exige que la protección de niñas, niños y adolescentes sea el eje rector de todas las actuaciones ministeriales.
El Episcopado afirmó mantener cercanía con la familia afectada y prometió brindar un acompañamiento respetuoso a los agraviados.
