Aunque los delitos que se le imputan no son de carácter político, es una manipulación del aparato de justicia, dice el columnista.
Regeneración 17 de junio de 2016.- El encarcelamiento de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, líderes de la Sección 22 del sindicato de profesores, es un acto de Gobierno en el marco de un conflicto.
En su columna de hoy, Pablo Gómez indicó que aunque las causas por las que se encarceló a los dirigentes son penales y no políticas como en el pasado, son una manipulación del aparato de justicia y prueba de ello son las contradicciones del propio gobierno al explicar las detenciones.
“El cargo no ha sido como se había dicho el robo de libros de texto gratuitos, los cuales carecen de valor comercial. Esa acusación era demasiado débil por no decir ridícula. Se habla ahora de decenas de millones de pesos supuestamente ‘lavados’. Pero para que haya operaciones con recursos de procedencia ilícita lo primero es acreditar la existencia de un delito anterior, el cual nunca ha sido denunciado y mucho menos perseguido. Lo que estamos viendo es lo de siempre: investigaciones falsas motivadas por instrucciones de gobierno, jueces de consigna, justicia corrompida por el poder político”, escribió.
En el artículo, Gómez pone ejemplos como el de Demetrio Vallejo, luchador social oaxaqueño quien presidió el sindicato ferrocarrilero encarcelado por Adolfo López Mateos, acusado de “disolución social”, un delito directamente político.
También habla de Elba Esther Gordillo, también acusada, pero con la enorme diferencia de tener un pasado delictivo, forma de operar el sindicalismo “charro”, es decir, de Estado.
“Lo mismo ocurrió en 1989 con Joaquín Hernández Galicia La Quina, a quien le plantaron en su casa cajas de armas e incluso un cadáver. Pero tanto la profesora como el líder petrolero eran parte de una estructura de Estado dentro de la cual se estaban produciendo traiciones o deslealtades, al final reprimidas con la misma ilegalidad con la cual se habían sostenido esos liderazgos”, dice el artículo.
Pero el caso de la CNTE es diferente, apuntó Gómez, pues es una organización independiente y democrática en la cual existe militancia de base, participación efectiva de sus miembros. Además está en lucha.
“Encarcelar a dirigentes mediante inventos judiciales es un acto de represión política, como fue el caso de Vallejo y los ferrocarrileros, no es un ajuste personal de cuentas dentro del Estado corrupto como los casos de La Quina y Gordillo.
Para el columnista, la detención de los líderes es una lesión que se infringe a la sociedad reprimiendo la libertad política, la crítica, la movilización ciudadana.
No se podría esperar menos, pues la lucha magisterial está en su momento más complicado, justo cuando Aurelio Nuño, Secretario de Educación, condicionó el diálogo a la renuncia de la CNTE a sus demandas.
“Eso quiere decir que el oficialismo declara imposible toda interlocución con adversarios ya que ésa sólo tiene sentido cuando el tema es la divergencia de posiciones, no es una plática de amigos sino una confrontación de ideas y una búsqueda de acuerdos entre discrepantes. Con esto, el gobierno de Peña ha oficializado con absoluto cinismo la renuencia a discutir con opositores y el uso de la prisión como lenguaje político. Se repite el binomio Díaz Ordaz-Echeverría”, dijo.
El gobierno sigue hacia abajo sobre un plano inclinado por él mismo construido. ¡Libertad a los presos políticos!, concluyó.
Vía Proceso.