Foto: R. Michelle Pérez
Las comunidades nahuas de la Sierra de Manantlán llevan años padeciendo el saqueo por parte de empresas mineras y madereras, lo que las llevó a crear sus propios cuerpos de autodefensa. Las autoridades no sólo se muestran omisas ante las denuncias documentadas por los comuneros, sino que aun los persiguen cuando quieren organizarse, como sucedió el mes pasado con Gaudencio Mancilla, del ejido de Ayotitlán, la misma localidad donde desapareció otro defensor indígena: Celedonio Monroy en octubre de 2012.
GUADALAJARA (Proceso Jalisco).- Gaudencio Mancilla pensó que era el último día de su vida.
En julio pasado el dirigente nahua logró huir cuando un comando armado irrumpió en su casa, en el rancho La Guayaba, ejido de Ayotitlán, Cuautitlán de García de Barragán, pero la madrugada del 22 de agosto no pudo esquivar a los “enmascarados” que irrumpieron en su casa y a patadas, cachazos y cachetadas lo sacaron para treparlo a un vehículo.
Actuaban como los sujetos que el 23 de octubre de 2012 desaparecieron a su compañero Celedonio Monroy, también defensor del territorio del que se quieren apropiar mineras y talamontes. Después, cuando se enteró de que estaba detenido por el delito de portación de un arma nueve milímetros, supo que se trataba de elementos de la Fiscalía General del Estado.
Durante el trayecto sus captores lo cambiaron a una camioneta Van en cuyo interior había sogas, pinzas, correas y otros objetos de tortura: “Pensé que con las pinzas me iban a colgar de las orejas”, cuenta a Proceso Jalisco, luego de pagar 5 mil pesos de fianza para recuperar su libertad.
A Mancilla, de 62 años, quisieron arrancarle bajo tortura la declaración de que estaba creando una policía comunitaria. Sus captores insistían en que admitiera que las armas se las iban a dar –según relata– el diputado de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda; el tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, y César Díaz y Jaime Díaz, de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) de la UdeG.
Los policías estatales que allanaron la casa del dirigente se llevaron documentos de la comunidad, incluidos los relacionados con el juicio de la complementaria del ejido de Ayotitlán, así como una foto de 2005 en la que aparece Mancilla con el subcomandante Marcos.
También extrajeron volantes “subversivos”, entre ellos unos trípticos que los comuneros entregaron a principios de año a las autoridades de los tres niveles de gobierno donde se discutió sobre la creación de un cuerpo de vigilancia comunitaria para garantizar la seguridad a sus familias.
Su detención no es un caso aislado, como dicen las autoridades; “es un asunto relacionado con las minas”, insiste Mancilla.
Tras su liberación las autoridades de la UdeG le pidieron permanecer en Guadalajara, pero él prefirió regresar a su comunidad con su familia. El pasado 31 de agosto el gobernador Aristóteles Sandoval visitó el ejido de Ayotitlán y se reunión con los dirigentes del Cuerpo Consultivo Agrario, incluido Mancilla.
El mandatario se comprometió a investigar y castigar a los responsables de la tortura a la que fue sometido Mancilla y pidió “disculpas” a las personas que fueron golpeadas durante los cateos del 22 de agosto. Además, se instaló una mesa de trabajó jurídico agrario para revisar el juicio de ejecución complementaria del ejido y la realización de una auditoría a la Mesa Directiva actual.
Ese mismo día, la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Jalisco clausuró las minas Piedra Imán y Caña Verde, pero el Consejo Consultivo Agrario afirma que al día siguiente se reanudó la extracción de hierro.
Tibios deslindes
Gaudencio Mancilla viste una camisa de cuadros nueva pues la ropa que llevaba en el momento de la detención estaba manchada de sangre, evidencia de los sistemáticos métodos de investigación de la fiscalía. Su sombrero le cubre una herida en la cabeza. “Este asunto es por las minas”, dice con la voz apagada.
“Dijeron que qué me importaba que se trabajaran las minas –cuenta–. ‘Señores –les respondí–, me importa porque es mi comunidad, porque soy ejidatario y porque hay una reserva (la de la Biosfera de Manantlán)’. Y ellos insistían: ‘A ti qué chingados te importa’…
“El asunto es ese: por haber parado lo de las minas (el 3 de junio pasado, más de 200 nahuas detuvieron dos sitios de explotación de hierro). Ése es su problema. Pero les aclaro que no es Gaudencio, es toda la comunidad que las ha querido parar”.
Y aun cuando el encargado de la política interna del gobierno estatal, Arturo Zamora, trató de deslindarse, arguyendo que no se trata de un asunto de minas, según datos oficiales de la Secretaría de Economía (solicitud de información 0001000063313) las compañías mineras abarcaban ya 33% del territorio jalisciense. La cifra contrasta con la de 2005, cuando el gobierno de Jalisco tenía concesionado sólo 6% de su espacio a compañías dedicadas a ese rubro.
Además, desde 2008 en la región de la Costa Sur se agudizó el robo de hierro para exportarlo a China por el puerto de Manzanillo; incluso los lugareños comenzaron a ver gente armada realizando trabajos de explotación y talando árboles de especies como el tampicirán y la rosamorada.
En 2011, el entonces titular de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán, Salvador Montes Quintero, quien falleció recientemente, detectó maquinaria en las poblaciones Las Pesadas y en Chanquiahuil, en la zona de influencia del área natural protegida. La Profepa alcanzó a detenerlos.
En una entrevista realizada en 2012 explicó: “Luego regresó la presión. Entraron a la misma hora máquinas Caterpillar y traxcavos a cuatro lugares… Me acerqué con ellos y vimos que no contaban con ninguna autorización. Un año después regresan y comienzan a extraer mineral en todos los sitios clausurados. Se ve que es gente que sabe dónde está parada”.
Por esas fechas, narró, la maquinaria era escoltada por hombres armados; nadie se les acercaba. Después de la crisis financiera global de ese año, agregó, China comenzó a comprar hierro en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, Michoacán.
“Así andamos –dijo Montes–, tapando por aquí y por allá. Ha sido algo muy delicado para nosotros. Pues ahí no quisiera tocar el tema, lo único que sí te puedo decir es que vigilamos con mucha cautela.”
A los ejidatarios de El Potrero llegaron a advertirles incluso que tenían tres días para desalojar sus tierras; en otros casos engañaban a la gente y sacaban el hierro para exportarlo a China, mientras los afectados quedaban enmarañados en los trámites ante la Profepa, que nunca atendió sus denuncias.
Desde entonces el saqueo no ha parado en la costa de Jalisco –que de Ayotitlán hacia el sur es un corredor montañoso habitado por nahuas– y de Michoacán.
La cercanía con los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas ha convertido la región en zona estratégica para países asiáticos que introducen precursores químicos. La Procuraduría General de la República (PGR) ha detectado más narcolaboratorios en los últimos años en Michoacán, Jalisco y Sinaloa.
“La maña”
Los asiáticos se llevan hierro y maderas preciosas como el tampicirán y el granadillo, ambas protegidas por las leyes mexicanas, pues están en peligro de extinción.
En Jalisco los lugareños aseguran que “la maña” está metida en estas actividades económicas, pero nadie alude a los cárteles de la droga ni a sus capos, aun cuando en octubre de 2010 la PGG capturó en Michoacán a cuatro integrantes del cártel de La Familia Michoacana acusados de exportar a China un millón 100 mil toneladas de hierro ilegal por un valor de 42 millones de dólares.
Según la dependencia, los detenidos tenían vínculos con tres importantes empresas internacionales establecidas en México, dedicadas a la exportación del mineral hacia China.
Los pequeños mineros van por hierro a Michoacán porque es donde se encuentra el mineral con mayor pureza. Según cuentan, tienen que acordar con “la maña” el pago de extorsión de dos o tres dólares por tonelada de hierro, darle trabajo a la gente del pueblo cercano y rentarle la maquinaria al cártel.
En la Sierra Vallejo, en Nayarit, el problema es por la tala de especies como el tampicirán (enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010) o el tepemezquite. Tan sólo en 2012 la Profepa hizo cinco decomisos de tampicirán –10 y 25 de julio, 26 de septiembre, 30 de octubre y 15 de noviembre–. A mediados de ese año un comando armado llegó a “rescatar” madera confiscada y a advertir a los inspectores que los rollos y el negocio era de ellos, cuentan los trabajadores que participaron en aquellos operativos.
Los habitantes de la región se niegan a hablar de los “mafiosos” que controlan el mercado porque, dicen, “viven aquí, entre nosotros”; algunos sólo señalan los presuntos vínculos con autoridades municipales y estatales pero piden omitir sus nombres.
El territorio de Ayotitlán se encuentra a una hora de puerto de Manzanillo, la puerta hacia Asia, donde China se ha convertido en el principal importador de hierro. El 10 de enero último, por ejemplo, el The International Business Time publicó un artículo bajo el título “Importaciones récord de hierro en China refuerzan esperanzas de recuperación” en el cual documenta ese aspecto.
A su vez, la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) publicó el informe “Creciente papel de China en el comercio mundial de la madera”, donde pone al país asiático como el principal importador en ese rubro.
Hoy, Jalisco es el segundo estado con mayor deforestación, después de Chiapas. Y, de acuerdo con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Territorio, Magda Ruiz Mejía, es la región Costa Sur donde se presentan mayores problemas por el cambio en el uso de suelo.
Acosos y complicidades
Sin embargo, el gobierno de Cuautitlán de García Barragán, encabezado por el priista Pedro Sánchez Orozco, sostiene que en Manantlán el problema es el hambre, no la inseguridad ni el robo de minerales.
Con ese mensaje, el 17 de marzo último los priistas lograron que los ejidatarios de Ayotitlán votaran contra la propuesta del Consejo de Mayores de la Sierra de Manantlán que pedía la creación de un cuerpo de vigilancia comunitario para frenar la extracción de hierro y de madera en la región.
Los operadores del PRI organizaron una asamblea de ejidatarios paralela a la del consejo y comenzaron a regalar birria a los asistentes, algunos de los cuales murmuraban que esos días habían visto a “los enmascarados” por la sierra y que cuatro nuevas minas ilegales habían comenzado a reventar la tierra en los predios Rancho Viejo, El Pedregal, Piedra Imán, Cañada Verde y Cortapico.
Asimismo, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, declaró ese día en Guadalajara que no permitiría la creación de ninguna policía comunitaria en Jalisco. Semanas después, la UdeG colocó a un nuevo titular de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, Gabriel Pacheco, quien ha dejado de lado el acompañamiento al pueblo de Ayotitlán en la defensa del territorio y contra las mineras, como se había hecho desde 1994, cuando se creó esa oficina.
Ese 17 de marzo Mancilla increpó al alcalde Sánchez Orozco: “Que me diga el señor presidente si (las mineras) se están llevando el material o si se llevaron a Celedonio. Hay muertes y desapariciones no aclaradas. Que me diga dónde están los mineros detenidos, los que se llevaron el bosque. Es lo que queremos que nos digan (las autoridades)”.
Don Lino Roblada, de 80 años, y los integrantes del Consejo de Mayores recuerdan aún los tiempos en que había orden en la comunidad, cuando se dedicaban a trabajar el cuamil. Pero llegó el general Marcelino García Barragán a imponer su ley, movió incluso la cabecera del municipio, que antes era Ayotitlán.
Y a quienes no se alineaban al PRI e insistían en defender el territorio, simplemente los mataba, “así nomás, porque sí”. Hoy, dicen, el ayuntamiento insiste en que la zona es tranquila y se niega a instalar retenes; tampoco ha detenido a las mineras que realizan trabajos ilegales, ni a los talamontes, menos aún protege a los líderes amenazados, como Gaudencio Mancilla y Vicente Hermenegildo, del Cuerpo Consultivo Agrario.
El 3 de junio último ambos dirigentes, acompañados de 200 ejidatarios, decidieron suspender “por la vía de los hechos” las actividades de dos minas ilegales en Piedra Imán y Cañada Verde. Dos semanas después, hombres armados irrumpieron en la casa del representante legal del Consejo de Mayores y le dejaron un recado con su familia de que no anduviera metiéndose en el asunto de minas.
Cuando don Lino dice que ya no hay gente seria, incluye al actual comisariado de bienes comunales, Abraham Isaac Chávez, a quien el consejo acusa de entregar esos dos predios a la minería de manera ilegal. De ahí, comenta, sacaron por lo menos mil 200 viajes, es decir, 36 mil toneladas del mineral (hoy se cotiza hasta en 100 dólares la tonelada de hierro).
A la explotación ilegal, se suma la connivencia de la Semarnat Jalisco que no ha dejado de otorgar permisos a las mineras: en 2011 autorizó 68 estudios técnicos justificativos para exploración y seis manifestaciones de impacto ambiental (MIA); en 2012 emitió 33 estudios técnicos justificativos procedentes y 18 manifestaciones MIA (el triple que el año anterior). Prácticamente todas las solicitudes son para la extracción de hierro y unas cuantas para barita.
En lo que va de este año suman 50 las autorizaciones ambientales para extraer hierro (hay otras seis para minas de oro, plata, pirofilita, cuarzo, yeso y ópalo). La mayoría de los trámites se realizaron en los municipios de Pihuamo, La Huerta y Tecalitlán, seguidos por Cuautitlán de García Barragán, Autlán de Navarro, Villa Purificación, Tolimán, Ayutla, San Sebastián del Oeste y Cihuatlán.
Días antes de su detención, Gaudencio Mancilla estuvo en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, donde participó en la Cátedra Tata Juan Chávez. Los participantes emitieron un pronunciamiento en cuyo punto dos asentaron:
“Los malos gobiernos y las empresas trasnacionales se han valido de grupos paramilitares para imponer megaproyectos extractivos mediante la explotación ilegal de maderas preciosas, particularmente en la costa nahua y la meseta purépecha de Michoacán, y la comunidad nahua de Ayotitlán, en la Sierra de Manantlán, Jalisco”.
En Aquila y en Ayotitlán –ambas comunidades nahuas– opera la trasnacional Ternium, donde, según los lugareños grupos paramilitares intentan despojarlos de sus tierras. Sus representantes comunitarios, dicen, han sido agredidos en las últimas semanas, mientras que las autoridades intentan criminalizar a las policías comunitarias o de plano impiden la creación de esos cuerpos de autodefensa.
En Aquila, por ejemplo, la guardia comunitaria denunció desde el principio la colusión de las bandas delincuenciales con la empresa minera de hierro Los Encinos, propiedad de Ternium, a la que le exigían el pago de regalías.
Proceso: http://www.proceso.com.mx/?p=352497