Televisa, Universal y Excélsior, los que más dinero reciben del gobierno

La televisora se encuentra en primer lugar, por promover al gobierno federal.

 

Regeneración, 14 de noviembre de 2017.- El beneficio que obtienen ciertas empresas de comunicación a través de sus contratos de publicidad en favor del gobierno, podría ser una manera de promover líneas editoriales o censurarla, considera la organización Artículo 19, que impulsó que se discuta el tema ante la Suprema Corte.

El juicio se basa en la investigación de Fundar, quienes revelaron que “de 2013 a 2016, los proveedores que más reciben publicidad oficial son Grupo Televisa (17.07 por ciento), TV Azteca (9.87 por ciento), Estudios Churubusco (3.34 por ciento), la agencia de publicidad Starcom Worldwide (3.15 por ciento), El Universal (2.69 por ciento), y Grupo Fórmula (2.69 por ciento), que en conjunto concentran el 38.81 por ciento (14 mil 73 millones de pesos) del total del gasto. En 2016, de 1 mil 163 proveedores en publicidad oficial, sólo 10 proveedores concentran el 49 por ciento del gasto”.

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Según explicó el abogado de la organización, en su oficina para México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado, al carecer de regulación en el gasto de publicidad, el ejercicio del gasto en publicidad podría considerarse una violación a los derechos humanos, específicamente al derecho a la información y las libertades de expresión y de prensa

Se trata de un juicio de amparo y el proyecto lo ha presentado el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y se discutirá en la Primera Sala el 15 de noviembre.

“La Corte va a discutir si la falta de regulación en la asignación de la publicidad oficial se configura como censura previa”, dijo el abogado.

También para la maestra Justine Dupuy, hay un problema con la manera discrecional en la que se asignan los presupuestos.

“Asfixiar a algunos medios, acallar las voces críticas y distorsionar el debate público, porque se trata de limitar a los medios que son demasiado críticos y de empujar líneas editoriales muy favorables a los gobiernos en turno”, indicó.

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El tema no ha sido discutido desde 2007, cuando por primera vez se planteó la posibilidad de regularlo.

“La obligación de los legisladores a regular el tema fue en 2007 con la reforma político electoral, cuando en un párrafo del artículo 134 Constitucional se menciona la prohibición de hacer uso promocional o de autopromoción a través de la publicidad oficial, y desde entonces tienen pendiente los legisladores regular el tema”, contó Dupuy.

En tanto, Maldonado confía en que el tema se pueda discutir en la Corte y que esta discusión derive en una exigencia al Congreso para que se regule a la brevedad.

“Nosotros (Artículo 19) esperamos que la Corte determine que el tema de la asignación publicitariaes una censura previa y que esto es una violación a los derechos humanos. Una resolución en ese sentido abonaría no sólo a la libertad de expresión sino también a la democracia”.

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La investigadora resalta que en México se suele hablar de la primera causa que “debilita la libertad de expresión y que es la violencia: los homicidios en contra de los periodistas; pero hay otro tema que, aunque es menos visible, también impacta mucho en la libertad de expresión y es justamente el manejo discrecional y opaco de la publicidad oficial en este país”.

Vía Contralínea

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