Se niega atención a centroamericanas embarazadas
Regeneración, 30 de julio 2014.-Autoridades migratorias niegan a las embarazadas que llegan a México documentos oficiales –estipulados en la ley– que les garantizarían servicios en salud reproductiva.
“Cristina” y “Ramón” salieron hace casi un año del barrio de Santa Cecilia, una de las zonas más pobres y peligrosas no sólo de Tegucigalpa, capital de Honduras, sino de todo ese país centroamericano, ya que tan sólo en febrero de 2010 ahí ocurrieron 42 asesinatos de personas menores de 23 años de edad.
En agosto de 2013 la pareja fue asaltada. Luego empezaron a ser acosados con llamadas telefónicas y visitas de extorsión, por lo que decidieron emigrar a México.
“Cristina”, de 40 años, contó que tenía tres meses de embarazo cuando salió de Honduras y atravesó junto con “Ramón”, el río Suchiate para llegar a Tapachula, Chiapas, donde ahora viven.
Al llegar a México, “Ramón” acudió ante el Instituto Nacional de Migración (INM) para solicitar que se les reconociera como refugiados. Un mes después, fue informado de que la petición fue rechazada pese a que presentó la denuncia que hizo en Honduras de que él y su pareja sufrieron violencia.
Las peticiones de refugio que se aceptan son mínimas: de 2009 a 2013 la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) –dependiente de la Secretaría de Gobernación– recibió 4 mil 589 solicitudes, de las cuales aceptó sólo mil 102 (ni la cuarta parte), según datos de la instancia.
El día que fue rechazada su petición de refugio, “Cristina” tuvo una hemorragia en el baño, pero por falta de dinero y miedo a la deportación no acudió al médico. Al día siguiente ella fue a un centro de salud donde le hicieron un ultrasonido. El médico dijo que el producto estaba en “buenas condiciones”.
Meses después, “Cristina” decidió ir al Centro de Salud 5 de Febrero, en Tapachula, donde le negaron la atención porque no llevaba una orden médica que indicara su revisión.
Su esposo, quien no lograba conseguir empleo, reunió los 150 pesos para el ultrasonido y fueron de nuevo al hospital. La revisión la hizo una practicante. De nuevo le dijeron que no había complicaciones, pero que “Cristina” estaba reteniendo líquidos y debía tomar medicinas que no pudieron comprar. Ese día supo que esperaba una niña.
Sin dinero, la pareja dejó el hotel pero no quiso ir a un refugio. Rentaron un cuarto que prometieron empezar a pagar en cuanto “Ramón” tuviera empleo.
El pasado 31 de enero, con ocho meses de gestación, la mujer sintió que “algo explotó” en su vientre y luego empapó la cama. Se le había “reventado la fuente”.
La pareja fue al Hospital Regional de Tapachula. Allí les pidieron sus datos, su nacionalidad y de nuevo les negaron el servicio por falta de camas, pero una doctora constató que la situación era de urgencia al haber complicaciones en el embarazo y aceptó atender a “Cristina”.
Pero la migrante tuvo que esperar siete horas en un pasillo para que la atendieran, hasta que un médico la revisó y ocurrió el parto. La recién nacida presentó problemas respiratorios, por lo que ella y su madre debían permanecer en el hospital.
Cuando “Román” le dijo a una trabajadora social que no tenían dinero para pagar la hospitalización, echaron a la madre dos días después del parto. Y es que la empleada les recriminó: “Mejor se hubieran quedado en su país”.
CRUDA REALIDAD
De acuerdo con el texto “Migración y salud sexual y reproductiva en la frontera sur de México”, del Instituto Nacional de Salud Pública, en 2011 al menos 9 por ciento del flujo migratorio corresponde a mujeres embarazadas o varones que venían con sus parejas gestantes.
Según el documento, el 20 por ciento de las migrantes han sido discriminadas por ser extranjeras y por no tener dinero, y acusaron a policías locales y personal del INM.
Al ser las autoridades quienes vulneran los derechos de las y los migrantes, se explica el escaso uso que hacen de los servicios de salud y de justicia.
La hija de “Cristina” se quedó en el hospital. Dos días después, sus padres se enteraron de que a la bebé le había hecho una transfusión de sangre que derivó en una supuesta infección.
El pasado 8 de febrero, la mujer recibió la noticia de que su hija había muerto. Cuando vio el cadáver, la niña estaba desnuda y llena de moretones. El personal sanitario les cobró los costos del ataúd.
El acta de defunción decía que se trataba de una “muerte natural”, pero los médicos no entregaron el expediente clínico. Más tarde a ella se le abrió la herida y tuvo que regresar al mismo hospital.
Durante horas nadie la atendió y luego un médico decidió abrir la herida sin anestesia. Le dieron cuatro pastillas caducadas para desinflamar la herida. El trato fue deplorable, según relató “Cristina”.
Actualmente la pareja debe casi tres mil pesos al hospital y por los trámites de la defunción. La semana pasada, cinco meses después de los hechos, ambos acudieron ante la Fiscalía de Inmigrantes de la Procuraduría de Justicia de Chiapas, para presentar una denuncia contra el Hospital Regional de Tapachula y quienes resulten responsables.
Aunque la denuncia procedió, se encontraron con que el Código Penal del estado no reconoce el delito de violencia obstétrica o negligencia médica, así que tuvieron que denunciar “fallas técnicas profesionales” y discriminación.
VISA HUMANITARIA
Ana Isabel Nigenda, abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y quien acompaña el caso, explicó que si a la pareja se le hubiera otorgado el reconocimiento de refugiados otra habría sido la historia.
A decir de la defensora, ambos tendrían un documento para garantizarles el acceso a todos los servicios de salud que requirieran. Por ello acusó que cuando se les niega este reconocimiento a las personas migrantes que huyen de su país, además de la vulnerabilidad quedan ante una situación jurídica endeble y propensos a la deportación.
Ahora la pareja está a la espera de que se les otorgue una visa humanitaria, la cual se concedería sólo si se demuestra que fueron víctimas de un delito de gravedad.
Nigenda criticó que el INM y la Secretaría de Relaciones Exteriores no valoran la situación de vulnerabilidad de las y los migrantes, por lo que “Cristina” y “Ramón” tendrán que esperar –si fuera el caso– de tres a cuatro meses para obtener la visa.
Agencia CIMAC