La iniciativa “3 de 3” se presenta como una propuesta surgida de la sociedad civil para buscar una ley anti corrupción. Sin embargo, detrás de esta iniciativa se encuentran los grupos empresariales más poderosos del país, los think tanks más influyentes y el dinero de instituciones económicas internacionales
Regeneración, 9 de febrero de 2016. La “iniciativa 3 de 3” surgió en 2015 con la creación de una plataforma en donde los candidatos a ocupar puestos de gobierno podían hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses. El experimento, propuesto por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana fue en gran medida ignorado por los candidatos y los funcionarios públicos.
Apenas 365 funcionarios hicieron públicas sus declaraciones. Entre ellos, solo 16 senadores, 75 diputados federales y 16 presidentes municipales. Ningún miembro del gabinete de Peña Nieto atendió el llamado.
Pese a la poca atención que recibió esta propuesta, este año decidieron renovarla con un objetivo diferente, incidir en la creación de una Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ley 3 de 3 ¿es una iniciativa ciudadana?
Esta vez “3 de 3” esta vez ya se encuentra bajo el control del poderoso Consejo Coordinador Empresarial (CCE) quienes redactaron la propuesta de la mano del IMCO y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
La propuesta “3 de 3” necesita 120 mil firmas para ser presentada ante el Congreso de la Unión bajo la figura de Iniciativa Ciudadana. En su sitio web, los organizadores invitan a “los ciudadanos preocupados por los niveles de corrupción en el país a firmar cuanto antes y volverse promotores de esta iniciativa”. Sin embargo, no ofrecen información sobre cuantas firmas han recabado hasta ahora.
Es importante notar que, aunque “3 de 3” declara que su esfuerzo pretende “canalizar la indignación social en un esfuerzo constructivo”, los organizadores son todos grupos empresariales, instituciones educativas privadas y asociaciones civiles ligadas a la derecha, como Mexicanos Primero.
No existen pronunciamientos de ciudadanos independientes que respalden esta iniciativa por lo que no se le puede considerar verdaderamente ciudadana, está más ligada a grupos de poder económico que no destacan por su transparencia y que se encuentran vinculados a importantes casos de corrupción.
El poder económico detrás de la iniciativa
El principal promotor de la Ley 3 de 3 es el Consejo Coordinador Empresarial, el organismo cúpula del sector privado, que aglutina a las principales empresas del país y cámaras de comercio.
El Consejo ganó notoriedad cuando, durante las campañas presidenciales del 2006, patrocinaron comerciales televisivos de la guerra sucia y donde advertían que “apostarle a algo distinto es retroceder” en referencia al Proyecto de Nación que presentó Andrés Manuel López Obrador y que contrastaba con la continuidad de las políticas públicas que proponía Felipe Calderón. Esta campaña del miedo, la del “peligro para México”, costó cerca de 200 millones de pesos, afectó el resultado en una elección tan competida como la de ese año. El mismo Instituto Federal Electoral (IFE, hoy Instituto Nacional Electoral), reconoció que “la conducta desplegada por el Consejo Coordinador Empresarial constituye un posicionamiento político, a través del cual se perjudicó a la otrora coalición Por el Bien de Todos”. Pese a esto, el IFE no sancionó al Consejo pues se declararon “carentes de facultades para sancionar a particulares”.
El año pasado, el CCE defendió también a la dirección de la empresa minera Grupo México, responsables de el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el río Bacanuchi, afluente del Sonora, y que representó uno de los desastres naturales más importantes en México. Durante las investigaciones, aún inconclusas, se encontraron indicios de sobornos a las autoridades ambientales y tráfico de influencias.
Gerardo Gutiérrez Candiani, en aquel tiempo director del CCE, declaró que no se debían tomar medidas precipitadas respecto a las sanciones al grupo minero: “que se componga lo que se tenga que componer” pero que “Grupo México es una empresa muy seria, que invierte mucho en México, es muy comprometida y se necesita porque genera miles y miles de empleos”.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), que también promueven la “Ley 3 de 3”, en aquella ocasión consideró que quitarle la concesión a Grupo México de su principal mina por una “medida política, evidentemente mandaría un mal mensaje a los inversionistas”.
De hecho el grupo de empresarios siempre ha considerado que el interés de los inversionistas está por encima de cualquier otra consideración, política, de justicia o ambiental.
A finales de enero de este año, Luis Cámara, del CCE del Caribe, declaró que la iniciativa privada que ellos representan está a favor de continuar el proyecto turístico que extinguió el manglar de Tajamar, en Quintana Roo aunque existen indicios de que los permisos de construcción fueron obtenidos de forma fraudulenta.
El argumento fue que detenerlo “enviaría malas señales al mundo de que las inversiones en el estado no son seguras”.
Por otra parte, el IMCO, vinculada a intereses estadunidenses y trasnacionales, es una institución que colabora principalmente con organismos internacionales como el Banco Mundial, el Consejo de Competitividad de América del Norte (NACC) y la OCDE.
Su financiamiento proviene principalmente de instituciones internacionales como la USAID (United States Agency for International Development, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional) que destina recursos económicos en todo el mundo a organizaciones y proyectos que benefician a los intereses estadounidenses; el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que aglutina a las empresas e individuos más ricos del planeta; la Embajada Británica en México y otras empresas privadas, además de organizaciones económicas internacionales.
Otra de las instituciones que redactaron la Ley 3 por 3, y que constituye el soporte intelectual de la iniciativa, es el CIDE. Este organismo, que se encarga de investigar y diseñar políticas económicas nacionales, recientemente fue reconocido por la Universidad de Pensilvania como uno de los think tanks más importantes de México.
La iniciativa de Ley 3 de 3, además de buscar que los funcionarios públicos de todos los órdenes de gobierno estén obligados a presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, propone otras acciones destinadas a “establecer reglas claras de conducta para la interacción entre servidores públicos y actores privados”. Entre estas se encuentran algunas directrices para la conducta ética de los servidores públicos, una clasificación de los 10 actos de corrupción más grave, crear herramientas para la investigación de actos de corrupción y promover mayor coordinación entre las autoridades responsables de las investigaciones.
Lo que más resalta es que la ley también propone sanciones para servidores públicos y la creación de una lista negra. Sin embargo, no contempla las mismas sanciones para las empresas que promuevan la corrupción y se limita a numerar una serie de “medidas preventivas para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción”.
Esto es notable pues en su clasificación de actos de corrupción aparece el soborno, tráfico de influencias y uso de información confidencial para beneficiar a intereses privados.
Así, la Ley 3 de 3 no busca promover la transparencia en las relaciones del sector privado con la administración pública, por lo tanto, podría ser utilizada como una herramienta más de presión y control de los grupos de poder económico sobre el gobierno: el control de la oligarquía sobre un Estado ya muy debilitado.
Los promotores de la Ley 3 de 3 utilizan una imagen que pretende ser esclarecedora: “pedirle a los políticos que resuelvan el problema, es como pedirle a un futbolista que sea el árbitro de su propio partido”. Sin embargo, parecen querer minimizar el hecho de que el sector privado es también uno de los jugadores más destacados en este “juego”.