“El ejército (de Honduras) tiene una lista de 18 luchadores por los derechos humanos para ser asesinados, mi nombre estaba hasta arriba”, denunció Berta Cáceres 2013. Poderosos terratenientes, empresas y políticos han recurrido a la violencia contra activistas. Honduras fue declarado el país más peligroso del mundo para los activistas ambientales.
Danielle Marie Mackey | The Intercept
Regeneración, 12 de marzo de 2016. La madrugada del 3 de marzo, en La Esperanza, Honduras, hombres no identificados irrumpieron en la casa de la activista ambiental Berta Cáceres y la asesinaron. Cáceres fue cofundadora del Consejo Cívico de Movimientos Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y ganadora del Premio Ambiental Goldman en 2015. Su asesinato ha provocado una protesta internacional, así como investigaciones con apoyo de las Naciones Unidas y el FBI. El ecologista mexicano Gustavo Castro, que se alojaba en la casa de Cáceres con la esperanza de impedir la violencia contra ella, fue testigo del asesinato y posteriormente fue detenido por las autoridades hondureñas. Amnistía Internacional ha advertido de que Castro, quien recibió dos disparos en el ataque, se encuentra en “grave peligro”.
El activismo de Cáceres abarcó varios temas, incluyendo los derechos indígenas, el feminismo, los derechos LGBT y el ambientalismo, pero recientemente, “más que nada”, su hermana Agustina Flores me dijo, “es Agua Zarca”, un proyecto de presa hidroeléctrica que se pretende construir en el territorio de los indígenas lencas. Flores, una maestra jubilada, Cáceres dice que había recibido repetidas amenazas de muerte relacionadas con su trabajo.
Mataron a Berta Cáceres por la presa Agua Zarca
Las amenazas fueron tan graves en los últimos meses que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió reiteradamente al gobierno de Honduras que le facilitara protección. Su hermana confirmó que la protección no fue proporcionada. “Durante mucho tiempo hemos temido por su vida”, dijo Flores en entrevista telefónica. Agregó que en noviembre, Cáceres le dijo que estaba siendo “seriamente acosada” por tres políticos locales que se pensaba estaban actuando bajo las órdenes de la empresa Desarrollos Energéticos , SA (DESA), la empresa privada de energía detrás de la presa Agua Zarca.
DESA está parcialmente controlada por la familia hondureña controvertido Atala, cuyos miembros están involucrados en una variedad de proyectos empresariales y muchos sospechan que apoyaron el golpe de 2009. El más conocido de ellos es el multimillonario Camilo Atala, presidente de Banco Ficohsa, un banco regional que en 2014 adquirió la mayor parte de los activos de Citibank en la región, por lo que es el banco más grande de Honduras.
The Intercept solicitó comentarios a DESA, Agua Zarca, y la familia Atala.
DESA hizo la siguiente declaración:
“El consejo de administración de la empresa que está llevando a cabo el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, no ha hecho ninguna declaración ni tienen previsto hacerlo hasta que las autoridades encargadas de la investigación determinen las causas y los responsables de este lamentable incidente que acabó con la vida de la líder indígena Berta Cáceres. Esto, como es lógico, es con el fin de no provocar ninguna especulación más que lo que ya existe y que se está propagando entre la opinión pública en torno a lo sucedido”.
“Poderosos terratenientes, empresas y políticos han recurrido a la violencia contra los activistas en el pasado. Estos actores cuentan con empresas ilícitas y ocultan sus transacciones, junto con un capital sin restricciones y un ejército de reserva de sicarios”, dijo Wrathall. “Así que es anti-ambientalismo (literalmente) sobre las drogas.”
Agua Zarca recibió financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica. El contratista original para construir la presa, apoyada por el Banco Mundial, fue el Grupo Sinohydro, una de las mayores empresas de ingeniería hidroeléctrica en el mundo.
Desde hace más de un año, en 2012 y 2013, miembros de la comunidad formaron una barricada humana para bloquear la construcción de la presa. Mientras Copinh encabezó una campaña nacional e internacional de difusión para destacar la destrucción ambiental y cultural que la presa causaría. Guardias de seguridad privada de la empresa DESA y militares hondureños respondieron con una campaña de violencia e intimidación.
“El ejército tiene una lista de 18 luchadores por los derechos humanos para ser asesinados, con mi nombre estaba hasta arriba”, declaró Berta Cáceres a Al Jazeera en diciembre de 2013. “Tomo mis precauciones, pero al final en este país es total la impunidad, soy vulnerable”, continuó. “Cuando quieran matarme lo pueden hacer”.
Con el tiempo, tanto Sinohydro como el Banco Mundial se retiraron del proyecto de la presa. Actualmente está en espera.
La familia de Cáceres cree firmemente que alguien involucrado con Agua Zarca ordenó su ejecución. Sus hijos han distribuido un comunicado de prensa en el que se nombran a DESA, los diversos proveedores de fondos para Agua Zarca y al gobierno de Honduras por su incapacidad de proteger a su madre.
El 3 de marzo de Agua Zarca se vio obligado a emitir un comunicado negando que estaba involucrado en el asesinato. “Agua Zarca afirma rotundamente que no hay conexión directa ni indirecta entre el proyecto y el lamentable suceso que acabó con la vida del líder indígena”.
.Honduras es el país más peligroso para ambientalistas
El año pasado, el grupo Global Witness nombró Honduras como el país más peligroso del mundo para los activistas ambientales. “Hay una línea recta entre el activismo ecologista y el asesinato en Honduras”, dijo el Dr. David Wrathall, geógrafo de la Universidad de las Naciones Unidas que estudia Honduras. Durante la última década, América Central ha sido inundada de dinero del narcotráfico, dice Wrathall, que con frecuencia termina involucrado en la agricultura y en proyectos a gran escala, tales como presas.
“Las grandes obras de infraestructura pública son el sector más corrupto de la economía mundial, incluso más que el petróleo o el comercio de armas”, dijo Peter Bosshard, un experto en presas y la corrupción en los ríos internacionales.
Aunque Honduras tiene leyes que obligan a hacer un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) antes de llevar adelante un proyecto de la presa; en la práctica, estos informes nunca recomiendan en contra de un proyecto. “Usted nunca verá un EIA que dice que, así, los impactos de este proyecto son tan graves que no recomendamos ir hacia adelante”, dijo Bosshard. “A pesar de que ese justo es el papel de la EIA.”
Marco Tulio Carrillo, portavoz del Ministerio hondureño de Medio Ambiente, que otorga permisos a las presas, dijo que no tenía “ningún conocimiento en relación con el tema” y que “debe ser investigado”.
“Poderosos terratenientes, empresas y políticos han recurrido a la violencia contra los activistas en el pasado. Ahora cuentan con empresas ilícitas y ocultan sus transacciones, tienen un capital sin restricciones y un ejército de reserva de los sicarios “, dijo Wrathall. “Así que el anti-ambientalismo (literalmente) se trata de drogas.”
“Honduras is open for Business”
La cocaína se ha movido a través de Honduras desde hace muchos años, pero las cantidades de la droga que entra en el país se elevó a partir de 2007, cuando EU tuvo éxito y cerró la antigua ruta de América del Sur a través del Caribe y México. Ahora, según un reciente informe del Departamento de Estado, 90 por ciento de la cocaína destinada a los EU pasa a través de América Central, México y el Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) lugares donde existen las tasas más altas de homicidios en el mundo .
Las condiciones empeoraron después del golpe de 2009 que destituyó al presidente Manuel Zelaya.
Como dijo Berta Cáceres elocuentemente en una entrevista en vídeo, a partir del golpe de Estado, que fue apoyado por los Estados Unidos, se creó una atmósfera de violencia y terror. Antes del golpe, la administración de Zelaya había bloqueado con éxito muchos proyectos hidroeléctricos, pero el nuevo gobierno comenzó inmediatamente a la aprobación de los proyectos en masa.
En junio de 2010, 40 contratos fueron aprobados para construir una serie de presas. Cuando el presidente Juan Orlando Hernández entró en la oficina, su grito de guerra era “Honduras is Open for Business”.
Berta Cáceres y COPINH tenían una idea diferente de desarrollo. El progreso, para ellos, significa la capacidad de mantener a sus familias en sus tierras ancestrales sagradas y una sociedad en la que se distribuye el poder de manera más equitativa. Cuando fueron amenazados esos sueños, COPINH protestó.
“A Berta le gustaba decir, ‘nos temen porque no tenemos miedo'”, escribió Beverly Bell, un activista de EU que Cáceres conocía desde hace décadas, en un elogio que envió por correo electrónico a The Intercept. “La ausencia de miedo dio sus frutos en los últimos años. Copinh ha recuperado con éxito tierras ancestrales, ganando de manera inaudita títulos de tierras comunales. Han frenado o detenido represas, operaciones de tala, minería y exploración –por no hablar de los acuerdos de libre comercio. Ellos han evitado que muchos lugares preciosos y sagrados hayan sido saqueados y destruidos”.
La familia de Cáceres exige una investigación no sólo sobre quién cometió el asesinato, sino también sobre aquellos que lo ordenaron.
La oficina del fiscal general de Honduras se ha negado a hacer comentarios, declarando su secreto investigación. “No creemos en los investigadores hondureños”, dijo la hermana de Cáceres, Agustina Flores. Dijo que el FBI había estado en su casa de la familia de entrevistar a su hermano. “Ellos dijeron que habían recibido órdenes de su gobierno de hacer todo lo posible para resolver el crimen”.
Algunos funcionarios estadounidenses han hecho eco de las demandas de la familia. Dos días después del asesinato, en una carta leída en voz alta en el funeral de Cáceres, el senador Patrick Leahy de Vermont, exigió una investigación “independiente e integral”, añadiendo que “el Río Blanco y el territorio que Berta dedicó su vida a defender deben ser protegidos. El proyecto de la presa Agua Zarca debe ser cancelado”.
De acuerdo con Annie Bird, un activista alojada con la familia de Berta en La Esperanza, el curso de la investigación del gobierno de Honduras hasta el momento es preocupante: Gustavo Castro está “siendo intensamente interrogado”, sin abogados y la línea de preguntas sugiere que el gobierno planea argumentar que COPINH está detrás del asesinato. “No hay indicación de que han estado investigando a DESA o a sus guardias”.
Antes de ser detenido por las autoridades de Honduras, Gustavo Castro, el activista mexicano que fue testigo del asesinato, denunció la investigación en una carta abierta, diciendo que la escena del crimen había sido alterada por las autoridades. Castro se le dio inicialmente el permiso para salir del país, pero cuando llegó al aeropuerto de Tegucigalpa, los funcionarios lo llevaron de vuelta a la custodia, diciendo que necesitaban para llevarlo de vuelta a la escena del crimen para más interrogatorios. El 7 de marzo, Castro se le dijo que su detención podría durar al menos 30 días.
Según Amnistía Internacional, “Se teme que las autoridades están tratando de mantenerlo en Honduras por lo que el intento de asesinato contra él puede tener éxito la segunda vez.”
La familia y los amigos de Cáceres están decididos a rendir testimonio del extraordinario ejemplo de su vida y su trabajo en la comunidad a la que pertenecía. “Vi a Berta morir en mis brazos”, escribió Castro en su carta abierta, “pero también vi su corazón plantado en cada lucha que Copinh ha llevado a cabo”.