El gobierno federal y el Congreso deben plantear una estrategia integral de ataque a la pobreza con medidas económicas, ya que ante el nivel de desigualdad histórico en el país, mejorar las condiciones de la población más vulnerable debe ser la decisión.
Regeneración, 31 de julio de 2017.- El Estado mexicano ha asumido por medio de sus leyes el compromiso de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales, y de esta forma asegurar el
acceso de toda la población al desarrollo social. En este contexto, el reflejo más crudo e inaceptable de los rezagos sociales que persisten en nuestro país es la pobreza, la cual impone graves limitaciones para el desarrollo físico y social, niega la igualdad de oportunidades y evidencia el fracaso de nuestra sociedad para abatir las enormes desigualdades sociales que en ella persisten.
Aun cuando en las últimas décadas se han registrado progresos en diversas dimensiones del desarrollo social, los desafíos prevalecientes en materia de superación de la pobreza obligan a reforzar y complementar las políticas y programas sociales a fin de consolidar los logros alcanzados. En un contexto económico, social y político complejo, es indispensable emplear los recursos disponibles de
la mejor manera posible para garantizar que los programas sociales lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan.
De acuerdo con el Coneval, la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación tiene un alto componente político. Del Ejecutivo al Congreso, los actores buscan asignar recursos a actividades que maximicen su presencia política (o que minimicen sus costos políticos). Sin embargo, hay otras maneras de elaborar el presupuesto que dejan de lado el componente político, centrándose en objetivos y metas concretas. Detalla que una es el presupuesto basado en resultados, cuyo propósito es mejorar la eficiencia y calidad del gasto público.
Las políticas públicas no se deben centrar en reducir los porcentajes de población de los indicadores, explica en el documento Consideraciones para el proceso presupuestario 2018, cuyo fin es apoyar las decisiones del Ejecutivo y del Congreso ante el entorno económico mundial, los recortes al gasto público y la incertidumbre de los posibles cambios en las políticas del gobierno de Estados Unidos.
En 2017 hay 149 programas
En este reporte ubicó que a 2017 hay 149 programas y acciones de desarrollo social; 88 son prioritarios y de ellos 48 tienen este carácter por su contribución a reducir carencias sociales. En materia de ingreso, uno de los indicadores que utiliza el Coneval para medir la pobreza indicó que en el periodo 2015-2016 el poder adquisitivo de los hogares se elevó por una inflación baja y estable; sin embargo, consideró importante supervisar el repunte de 3.44 por ciento del primer trimestre del presente año a comparación del mismo periodo de 2016.
También apunta que tanto el aumento en los precios de las gasolinas como la volatilidad del tipo de cambio peso-dólar podrían afectar el poder adquisitivo de los hogares. “Es recomendable mantener controlada la inflación, considerando los efectos perjudiciales que puede tener en la pobreza”.
Empleo
Consideró que ya que el empleo es uno de los medios para que las personas no sólo tengan un ingreso estable, sino también para ejercer sus derecho a la salud y a la seguridad social, se deben incluir componentes para reducir los efectos coyunturales sobre el bienestar económico y los recursos monetarios.
Hay varios programas que entregan éstos, de los cuales 17 son ligeramente prioritarios, debido a que no hay mediciones del impacto ni evidencias de que cumplen con su objetivo; ocho son de la Secretaría de Agricultura, como los de apoyo a la comercialización a pequeños agricultores y fomento a la agricultura; tres de Sedesol, el Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías, así como el de Fomento a la Economía Social y el de estancias infantiles; asimismo, cuatro de la Semarnat, como el de recuperación y repoblación de especies y el de protección forestal.
Con información de: La Jornada