La iniciativa de Peña Nieto “avanza en algunos enfoques, sin embargo, aún mantiene elementos y disposiciones que responden a una lógica asistencialista”, afirmó Crowley
Por Jenaro Villamil | Homozapping
10 de septiembre de 2014.–Iniciativa “asistencialista”, sin un órgano rector “con dientes”, que ignora los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y hace caso omiso de 117 recomendaciones a México sobre la discriminación a infantes fueron algunas de las críticas que representantes internacionales expresaron ante la iniciativa preferente del Ejecutivo federal en materia de protección y derechos a la infancia.
En una sesión de consulta de las comisiones unidas del Senado que dictaminarán la iniciativa de Enrique Peña Nieto, la representante en México de la UNICEF, Isabel Crowley, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Esteban Hernández, el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Alfonso Sandoval, y María de la Paz López Barajas, especialista técnica de ONU-Mujeres expresaron su beneplácito por la nueva ley, pero destacaron las deficiencias, ambigüedades y falta del presupuesto en este nuevo ordenamiento.
La iniciativa de Peña Nieto “avanza en algunos enfoques, sin embargo, aún mantiene elementos y disposiciones que responden a una lógica asistencialista”, afirmó Crowley.
Es necesario “romper la visión de los niños como objeto de protección, de asistencia, para considerarlos como titulares de derechos. Los niños son titulares de derechos”, abundó.
La representante de UNICEF afirmó que la iniciativa no logra responder plenamente al problema de la “internación” de los menores, tal como se ve en el capítulo de los centros de asistencia social y el capítulo sobre asistencia de niños. Subrayó que el régimen de privación de libertad para menores va en contra de la Convención sobre los Derechos de la Niñez.
Crowley también consideró que “llama la atención” la falta de un presupuesto específico para atender a 40 millones de niños, niñas y adolescentes. El sistema DIF tiene menos del 1 por ciento del PIB. “Se debe contemplar un presupuesto adecuado”, agregó.
Por su parte, Javier Esteban Hernández Valencia, del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, indicó que les gustaría que la ley tuviera no sólo referencias más amplias sino más específicas sobre los instrumentos internacionales que México ha firmado.
Informó que existen 117 recomendaciones del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, del Comité para la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familias y de otros organismos internacionales que no se han cumplido.
Por su parte, Alfonso Sandoval Arroyo, del Fondo de Población de la ONU, cuestionó lo limitado del artículo 8 y del artículo 63 de la iniciativa presidencial, relativo a la planificación familiar, por la ausencia de menciones específicas a la salud sexual y reproductiva.
“Hay que reconocer que la necesidad prioritaria en el caso de los adolescentes, más que planificación familiar, es sobre salud sexual y reproductiva”, indicó Sandoval.
María de la Paz López Barajas, especialista de ONU-Mujeres urgió a “reconocer que la discriminación de género está orientada hoy más hacia las mujeres, las niñas y las adolescentes” y pidió hacer una “revisión exhaustiva” en la ley sobre esta materia.
En relación con el tema de los embarazos tempranos, abordados en el artículo 63, López Bajaras, criticó que la iniciativa de Peña Nieto no vincula a éstos con la violencia sexual y de género hacia las niñas y adolescentes.
Ante la ronda de preguntas de distintos senadores que compartieron sus críticas, Isabel Crowley insistió que para una coordinación eficaz se requiere “de un órgano rector que tenga dientes, que tenga presupuesto, que pueda realmente representar a los 40 millones de niños que tenemos en nuestro país, el 37.5 por ciento de la población”.