La Fiscalía de Veracruz inicia investigaciones por la quema de camiones tras bloqueos del FNLS. Autoridades y manifestantes ofrecen versiones encontradas
Regeneración, 5 de mayo de 2026.– La Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una indagatoria por la incineración de unidades comerciales en el norte.
Los hechos ocurrieron el pasado lunes 4 de mayo durante una jornada de bloqueos carreteros en la zona de Chalma.
Personal ministerial ya realiza los dictámenes periciales necesarios para identificar a los autores materiales de estos graves daños patrimoniales.
La institución busca esclarecer el suceso para evitar que la impunidad prevalezca en estos actos de violencia directa.
En este sentido, la titular de la dependencia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, detalló el avance de las primeras diligencias.
“Se recaban los dictámenes periciales respectivos, las declaraciones; estamos en la integración de la carpeta para ver quiénes resultan responsables”, informó.
La funcionaria subrayó que el proceso se encuentra actualmente en una fase intensiva de recolección de pruebas y evidencias.
El objetivo primordial es garantizar la justicia ante las afectaciones sufridas por la empresa refresquera en la región norteña.
Postura del Ejecutivo y demandas sociales
Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle García condenó enérgicamente los disturbios ocurridos durante las manifestaciones del Frente Nacional.
La mandataria veracruzana aseguró con firmeza que las autoridades estatales darán con el paradero de los responsables de la quema.
“Estas acciones no son una forma legal de protesta”, sentenció la ejecutiva estatal durante su intervención ante los medios.
Nahle reafirmó que su administración no permitirá que el desorden social vulnere la paz y la seguridad de Veracruz.
Aunado a lo anterior, el conflicto tiene su origen en la detención del activista Higinio Bustos Navarro hace tiempo.
Integrantes del FNLS consideran que su compañero es un preso político víctima de consignas gubernamentales injustas y sin pruebas.
Los manifestantes exigen su liberación inmediata tras denunciar presuntas irregularidades graves en el proceso judicial por acusaciones de homicidio.
La organización asegura que su lucha es legítima frente a lo que consideran un sistema de justicia sordo y represor.
Versiones encontradas sobre el conflicto
No obstante, el vocero del movimiento, Matías Flores, reconoció la participación de simpatizantes en la destrucción de los vehículos pesados.
El representante justificó estas acciones extremas debido al hartazgo social acumulado por la falta de atención de las autoridades.
“Las comunidades deciden actuar, porque llevamos cinco años en actividad y jamás se nos ha tomado en cuenta”, declaró.
Flores sostiene que la inacción institucional obligó a los pobladores a tomar medidas radicales para ser finalmente escuchados.
Finalmente, el líder social acusó a la empresa afectada de romper un acuerdo previo que mantenían con los choferes.
Según su versión, la compañía inmovilizó las unidades de forma deliberada, lo cual provocó una tensión innecesaria en el sitio.
“Nuestro compañero sigue preso injustamente y sin lugar a dudas es un rehén del Estado”, agregó con insistencia Flores.
Mientras tanto, la tensión persiste en la zona mientras la Fiscalía continúa integrando las carpetas de investigación correspondientes por ley.
