El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C (Cepad) se ha dedicado a documentar la prevalencia de la tortura en Jalisco. Señalan modus operandi de 2004.
Regeneración, 6 de junio de 2020. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad), se ha dedicado a documentar la prevalencia de la tortura en Jalisco, esta organización nació en el contexto de la represión a las y los jóvenes altermundistas en el año 2004.
Impunidad interminable
En el año 2017 Cepad publicó el informe “La impunidad interminable: la tortura en Jalisco 2010-2016” en el que -a partir del análisis de la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (ENPOL) realizada en 2016-, encontró que en el estado el 80 por ciento de las personas detenidas en centros penitenciarios sufrieron algún tipo de tortura física, psíquica y sexual, un 4 por ciento más que a nivel nacional.
“Jalisco tiene prácticas de tortura por encima de la media nacional, prácticas vividas por personas desde la detención hasta la puesta a disposición de un juez. Jalisco destaca por la falta de defensa, por el tipo de agresiones, por tener una Comisión Estatal de Derechos Humanos que archiva o concilia las quejas, sin intervención de las víctimas”, dice César Pérez Verónica, quien era director de Cepad.
Acompañamiento a víctimas de tortura y desaparición forzada
Cabe mencionar que, Cepad como organización de derechos humanos se ha dedicado a acompañar a víctimas de tortura y desaparición forzada, hace incidencia política y también se ocupa por visibilizar estas problemáticas a nivel social.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) cedió la investigación de la represión a la marcha a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), misma que publicó el “Informe relativo a los hechos de violencia suscitados en Guadalajara el 28 de mayo de 2004”.
En dicho informe reconoció que 73 personas mexicanas y extranjeras fueron víctimas de detención y retención arbitraria, de ellas 55 víctimas de tratos crueles y degradantes y 19 víctimas de tortura.
Las personas extranjeras fueron trasladadas al Instituto Nacional de Migración (INM) para su deportación. Las mujeres, además, fueron insultadas, amenazadas y obligadas a desnudarse.
Violaciones a los derechos humanos
Aunque la CNDH acredita que funcionarios municipales y estatales de Guadalajara y Jalisco, de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General del Estado, cometieron violaciones a los derechos humanos, no emitió recomendación contra las autoridades responsables. Menos se iniciaron procesos judiciales contra los torturadores.
El entonces procurador del estado, Gerardo Octavio Solís, -ahora titular de Fiscalía del Estado de Jalisco- emitió un discurso criminalizante a las víctimas.
“La negación y minimización de hechos de tortura por parte de las autoridades estatales, particularmente a partir de los hechos del 28 de mayo de 2004, llevó a que más organizaciones de la sociedad civil alzaran la voz en contra de declaraciones de autoridades estatales. El Procurador, calificó los señalamientos como ‘infundados’ y se refirió a las víctimas como ‘delincuentes’”, señala la tesis “Análisis de la situación de la tortura en el estado de Jalisco 2001-2015”, de Faride Assad-Gómez.
Evolución de la tortura en Jalisco
Es difícil saber cómo ha evolucionado la tortura en los últimos tres lustros en el estado de Jalisco, afirma César Pérez Verónica. Existe la Encuesta ENPOL que ayuda a tener un aproximado de cuántas personas la sufrieron en el momento de su detención, pero no para conocer la evolución de esta práctica en el tiempo.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco CEDHJ, explica César, tenía un registro promedio anual de 150 quejas presentadas por tortura, en los primeros años de este siglo, cuando Gerardo Octavio Solís era procurador de la entidad.
“Había una constante anual de quejas ante la CEDHJ que nos dejaba ver que la tortura persistía. Luego llega Felipe de Jesús Álvarez Cibrián a la CEDH (en el 2007) y el registro de tortura disminuyó 90 por ciento”, refiere César Pérez.
Entre el año 2002 y 2006 se registraron en promedio 150 quejas anuales, en el año 2007, que coincide con la llegada de Álvarez Cibrián, el registro disminuye la mitad y continúa descendiendo.
Investigación a institución que defendió tortura
En este sentido, dijo César, además de investigarse a quienes han torturado personas, debe investigarse a la institución que debió defenderlos, por lo menos durante ese periodo.
“La práctica continúa, es un juego muy perverso, un círculo vicioso donde las víctimas que se atreven a denunciar aspiran a que se haga justicia. No tenemos ningún caso donde haya una sentencia condenatoria contra un servidor público por tortura”, agregó.
Para Cepad es urgente poner atención en el hecho de que Gerardo Octavio Solís Gómez, quien fue procurador del estado cuando la represión a la marcha altermundista, sea actualmente el fiscal del estado y que haya cero sentencias por tortura en Jalisco.
En el “Análisis de la situación de la tortura en el Estado de Jalisco, 2001- 2015”, Faride Assad señala que entre el 2001 y 2006, las quejas por tortura sumaron 816 en el estado.
Las PGJE, unidad comandada por Gerardo Solís Gómez, fue la autoridad más señalada en quejas, con un 79 por ciento del total de quejas presentadas, “a pesar de que el procurador negara que se trataba de una práctica sistemática al interior de la corporación”, agrega el análisis.
Impunidad interminable
A raíz de las anomalías detectadas -la repentina disminución de quejas y recomendaciones, así como la recurrente impunidad en los crímenes de tortura- Cepad publicó en el 2017 el informe “La impunidad interminable: la tortura en Jalisco 2010-2016”.
En ese periodo en el se presentaron 401 quejas por tortura ante la CEDHJ, pero sólo 35 lograron recomendación, según ese informe.
“Nuestra sorpresa es que la mayoría de las recomendaciones no salen por actos de tortura, sino por otras violaciones a los derechos humanos menores”, apunta Denisse Montiel Flores, encargada del área de acompañamiento a la tortura de Cepad y actualmente co-directora interina de la organización.
La Comisión las clasificó bajo otras categorías como lesiones o abuso de autoridad porque, según el informe, “no es un organismo autónomo y responde a otros actores” o “porque el personal no tiene la capacidad ni el conocimiento en Derechos Humanos y Derecho Penal. O, lamentablemente, quizá se trata de ambas”.
El análisis de quejas y recomendaciones realizado por Cepad señala que el 51 por ciento de las autoridades responsables son policías municipales; el 21.2 por ciento, policías investigadores; el 15.3 por ciento, policías estatales.
Sin embargo, también intervienen médicos, agentes del Ministerio Público y custodios con menos del 3 por ciento cada uno.
PATRONES DEL USO DE LA TORTURA
También se detecta un patrón que explica patrones del uso de la tortura: comienza con una detención arbitraria, luego se tortura a la persona, se procesa penalmente y se ingresa a un centro penitenciario y el caso se mantiene en impunidad.
En el análisis, Cepad encontró que en 21 casos las víctimas de tortura murieron, 15 por posibles actos de tortura y seis por suicidio en los separos municipales y Ceresos, y uno por agresiones de otro interno.
En una mirada más global se registra que desde 1997 a 2019 víctimas de tortura presentaron mil 530 quejas ante la CEDH, pero sólo el 4.7 por ciento logró recomendación; de esas 72 recomendaciones menos del 10 por ciento se cumplen, según información obtenida por Cepad de la Comisión estatal.
Es decir, sólo 0.5 por ciento de las mil 530 quejas presentadas fueron “cumplidas”, según la CEDHJ; para Cepad ese dato debería ser “cero” porque no ha habido sanciones a los responsables, afirma Denisse Montiel.
Pese a Ley se sigue cometiendo tortura
Desde 1993 en Jalisco -cuando se publicó la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura- existe un marco legal que prohíbe y sanciona la tortura, sin embargo, el crimen no ha dejado de cometerse y no existen sanciones a funcionarios involucrados que permitan acabar o disminuir con el delito.
Esas sanciones ejemplares para las y los servidores públicos que cometen y son cómplices de la tortura, dice César, “deberían involucrar al sistema de procuración de justicia, al sistema de derechos humanos, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses… hay un círculo vicioso muy tremendo que es imposible lograr que se llegue a las últimas consecuencias en términos de verdad y justicia”.
En junio del 2017 se publicó en México la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En noviembre del 2019 Jalisco instaló el Mecanismo estatal contra la tortura y comenzó a operar la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Sin embargo, para Cepad esta oficina no cumple con los requisitos establecidos en la Ley General, específicamente en la obligación de que dicha institución encargada de la investigación de la tortura, sea autónoma. Por lo que su implementación sigue siendo una deuda por parte del gobierno estatal.
“Quien tiene la obligación de velar para que la integridad, la seguridad, la vida esté protegida es el Estado, pero si el Estado provoca violaciones a derechos humanos que han derivado en la tortura, en la muerte de personas, lo que vemos es que la tortura es parte del control que hace que mantenga el estado de impunidad”, explicó César.
Con información de Daniela Rea, Pie de Página