* Reconoce Estado mexicano responsabilidad en el caso de tortura sexual a 11 mujeres durante operativo policial contra el pueblo de San Salvador Atenco en mayo 2006
* Impunidad obliga a víctimas a rechazar ofrecimiento «amistoso» del Estado: «dejamos de tener nombre, Italia, Mariana, María… ahora somos las violadas de Atenco»
* «Investigación y clarificación de los hechos» solicitud de las afectadas. Delitos cometidos se debieron «a una concertación por parte del Estado»: Centro Prodh
Regeneración, 15 de marzo de 2013. En un episodio del litigio que desde 2008 existe en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) contra el Estado mexicano, porel caso de 11 mujeres víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco hace siete años, el gobierno mexicano expresó públicamente su reconocimiento por la violación a sus Derechos Humanos.Luego de recorrer las diferentes instancias mexicanas sin encontrar justicia, los denunciantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), solicitaron la intervención de la CIDH para que las 11 víctimas de violencia sexual y tortura cometida por policías en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006.
Este jueves en Washington, durante una audiencia en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), funcionarios del régimen expresaron:
«El Estado mexicano desea manifestar su profunda solidaridad con las víctimas a partir del reconocimiento de que se violaron sus derechos humanos y expresamos nuestra voluntad para que se logre la reparación integral y ofrecemos una disculpa pública por los excesos cometidos por las fuerzas del orden».
Además del reconocimiento los funcionarios —voceros de la impunidad en México— ofrecieron una «solución amistosa« que cayó como cubeta de agua fría sobre las víctimas:
“No vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos seis años no sólo una incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia, máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional sino también se sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco”, sentenció Italia Méndez, una de las víctimas.
Relato de la pesadilla
Italia narró que policías federales irrumpieron en la casa donde se encontraba en San Mateo Atenco, después de protestar por la muerte de un menor de edad durante una manifestación. «Los policías, dijo, la detuvieron y le cubrieron el rostro con su propia ropa para no identificar a los agentes. Luego, dijo, vinieron los golpes y posteriormente la subieron a un camión, donde se percató que había más personas detenidas.
Ahí mismo, dijo, fue abusada sexualmente», reportó Proceso. Los abusos continuaron luego en el penal de Santiaguito por parte de policías, médicos y ministerios públicos.
«La persona que era antes de 2006, ya no existe, ya no sirvo para hacer el trabajo que realizaba antes con personas vulnerables, ya no soporto escuchar hablar del dolor de otras personas, dejamos de tener nombre, Italia, Mariana, María… ahora somos las violadas de Atenco, el dolor sigue ahí».
Por esta razón, añadió: «No nos busquen para buscar una reparación de daño”, advirtió Méndez al señalar que los únicos interlocutores entre ellas y los representantes del Estado eran los abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que las representaban».
Centro Prodh
Andrés Díaz, coordinador área de defensa integral Centro Prodh aclaró en entrevista para Radiofórmula que la disculpa de los funcionarios «no es precisamente una disculpa por requisitos de ley».
Explicó que «cuando el caso tenga sentencia vinculatoria, ahí comienza una serie de reparaciones en donde hay una disculpa pública pero con algunas formalidades, como ha sido en otros casos».
Subrayó que podría haber una «solución amistosa» como lo marca el reglamento de la CIDH por existir el reconocimiento por parte del Estado. En este sentido, precisó que la investigación y clarificación de los hechos es una de las solicitudes que han realizado las personas afectadas ya que los delitos en su contra cometidos «no se debieron a una coincidencia sino a una concertación por parte del Estado».
* Fotos: Amnistia y Centro Prodh.
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