* Mantas con leyendas en su contra "son velos que pretenden ocultar el verdadero transfondo del asunto, que es la inviabilidad de la Supervía Poniente".
* El camino del Diálogo es la respuesta del Gobierno del Distrito Federal a la recomendación 1/2011, de la comisión de derechos humanos del DF.
* "Estamos en un compás de espera, la Consejería Jurídica ha dicho que van a esperar el término de la ley para emitir la respuesta de la recomendación. Esperamos que sea la aceptación plena y entonces participaremos en la consulta pública, siempre y cuando se cumpla la suspensión de las obras mientras dure el proceso y el gobierno entregue la información solicitada"
Cristina Barros es investigadora, dedicada a la alimentación y la comida tradicional mexicana. Forma parte de el comité de intelectuales del movimiento que encabezan las actividades para la construcción colectiva de el Proyecto Alternativo de Nación.
Así mismo, forma parte de la movilización civil, pacífica, creativa y cultural de el Frente Amplio contra la Supervía Poniente en la Ciudad de México y por esa causa el pasado fin de semana fueron colocadas mantas en cuatro puntos aledaños a la colonia Malinche que piden que Cristina Barrios no se meta con ellos, que se lleve su plantón a su casa, pues ella no es vecina de la zona.
En asamblea, el Frente Amplio contra la Supervía Poniente aseguró que el amago no es a una persona ;sino a todo el movimiento ciudadano que ha mostrado la cara oculta de un gobierno que se dice de izquierda pero quiere realizar una obra vial con apoyo del gran capital, en perjuicio del ambiente y los derechos humanos de los habitantes de la ciudad. También en las redes sociales hubo manifestaciones demandando que el gobierno de la Ciudad investigue quiénes colocaron las mantas.
Por su parte, Cristina ha declarado a los medios de comunicación que presentará una nueva queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por las mantas alusivas a su persona, las cuales "agravan el incumplimiento del Gobierno del Distrito Federal de la recomendación que dicha comisión emitió para que cesaran los hostigamientos y las amenazas en contra del movimiento contra la Supervía Poniente"; así mismo pidió que estos hechos "no sean el velo que tape el trasfondo del asunto que es la inviabilidad del proyecto de la Supervía".
Ser ciudadano activo en un país en el que prevalece el autoritarismo es una tarea difícil. Veamos el caso de la Supervía Poniente o Vía de Comunicación Urbana de Peaje, que pretende solucionar el congestionamiento que, por planeación deficiente, se forma en el poniente de la ciudad, donde se privilegió a quienes lucran con la tierra y han dictado las modalidades de crecimiento de la ciudad.
Para convencer a la ciudadanía acerca del proyecto, se ha dicho que beneficia a las mayorías porque agilizaría el flujo de los 4 millones de vehículos que transitan por la ciudad, como si todos esos vehículos pasaran por la zona sur-poniente; revisando datos de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) vemos que sólo se transportaría por la supervía 0.4 por ciento de los pasajeros que viajan diariamente.
Se dice también que la obra es de utilidad pública
. ¿Cómo puede ser de utilidad pública una obra que beneficiaría a un porcentaje mínimo de los ciudadanos y que, además, sería de paga? Sobre el tema de la paga el secretario de Obras dice que es un castigo para desalentar el uso del automóvil; el secretario de Finanzas, por su parte, declara que se cobrará poco para que se use esta vía y los nuevos segundos pisos que forman parte del proyecto. Y es que, agrega, si hay ganancias
éstas serían de mil millones de pesos (¿bajo qué condiciones?, ¿cuánto ganaría la iniciativa privada?).{jcomments on}
Esto de las posibles ganancias derivaría de una concesión a 30 años en favor de la empresa de reciente creación, Controladora de Peaje Los Poetas, que une a Copri, una inmobiliaria con negocios en Santa Fe, con OHL, una constructora española. ¿Conoce el lector los términos de esta concesión? Seguramente no. Y es grave, porque las autoridades que hoy gobiernan se van en tres años. ¿Recuerdan los rescates carreteros? En México suelen privatizarse las ganancias; luego, con el dinero público se socializan los costos y pagamos los ciudadanos. Cobrar por transitar en la ciudad es discriminatorio e impide el libre tránsito, como en tiempos de la Colonia.
Sigamos con los costos. En un panel que tuvo lugar el 19 de mayo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, los ponentes se refirieron casi al unísono a los costos ambientales de estas obras; las tres en paquete elevan exponencialmente el impacto sobre los suelos de conservación y la consiguiente recarga de agua. Rodolfo Lacy, del Centro Mario Molina, explicó que, de acuerdo con parámetros internacionales, una obra así tiene un costo ambiental de varios miles de millones de pesos.
A quienes consideran que son modernos
túneles, puentes y segundos pisos en las ciudades, les responden los urbanistas de México, de Europa, de Oriente y de Estados Unidos que son obsoletos. ¿Por qué empeñarse en obras así? Un gobierno progresista debiera pensar en soluciones de largo y mediano plazos, no en parche sobre parche con elevados costos. Una nueva vía alienta el uso del automóvil y tiende a saturarse pronto (¿no ocurre así en el segundo piso?); genera urbanización casi inmediata (ver la carretera Picacho Ajusco), la urbanización disminuye el área de recarga de los acuíferos ¿o no hay ya crisis de agua en el Distrito Federal?
Esto se minimiza diciendo que se oponen quienes no son directamente afectados
(¿se objeta la solidaridad?); los afectados somos todos, usted, yo, nuestros hijos y nietos, pues, de seguir así, esta ciudad será inviable por falta de agua, por contaminación, por falta de tejido social, por inseguridad y porque será un colosal estacionamiento.
Esta información, incluido un mapa del proyecto que aparece en prociudad-procontreras.blogspot.com, se ha logrado a costa de innumerables esfuerzos ciudadanos que abarcan más de 200 solicitudes de información a diversas dependencias, varios amparos y consultas a expertos. Pero poco a poco se cierran los espacios, se entorpece el camino de la ley, se descalifica a los legisladores que cumpliendo con su obligación escuchan a la ciudadanía, aumenta la prepotencia de los funcionarios, se hace obvia la insensibilidad con que nos tratan y se disfrazan mentiras de verdades como sólo puede hacerlo el poder. ¿Es ésta la ciudad que queremos, es ésta la relación ciudadano-funcionario que nos interesa mantener? Respóndalo cada uno y actúe en consecuencia.