Apenas el viernes pasado se dio a conocer que a Francisco Javier Arellano Félix, uno de los narcotraficantes más sanguinarios de México, fue beneficiado por el gobierno de Estados Unidos por delatar a otros narcotraficantes
22 de junio del 2015.-En un documento firmado por el Juez federal Larry Alan Burns, se explica que desde 2008 la defensa de Arellano interpuso una petición para reducir su condena, y la logró disminuir a 282 meses en prisión. “El Señor Arellano proporcionó información veraz. La información que aportaba era como ‘un sueño hecho realidad”, se explica en el documento de la Corte Federal de San Diego.
La Corte detalló que Arellano dio información sustancial y significativa que ayudó al gobierno a identificar otros traficantes de drogas a gran escala y de funcionarios públicos corruptos en Estados Unidos y en México. Arellano ofreció información con respecto a la estructura y los métodos de cárteles de la droga que operan en México y en el sudoeste frontera de Estados Unidos. Y accedió a testificar contra numerosos traficantes de droga y funcionarios corruptos que fueron identificados y detenidos por la policía con base en la información.
“La información de Arellano fue en todo momento veraz, completa y confiable. La corte también encuentra que él cooperó constantemente desde el momento de su detención y durante al menos cinco años. Todas estas consideraciones han sido, ya sea explícita o implícitamente, reconocidas por los fiscales de gobierno cuando se recomienda una reducción del 40% de la pena original“.
La orden firmada por el Juez Larry Alan Burns no omite que Arellano había pertenecido desde 1991 al Cártel de la Familia Arellano Félix, dirigida por sus hermanos Benjamín y Ramón, que importó cientos de toneladas de cocaína y mariguana en los Estados Unidos. En el año 2002, Francisco Javier Arellano Félix se había convertido en el jefe del cártel y controlaba la jerarquía de tenientes y jefes bajo su supervisión, no sólo se dedicaron al narcotráfico: asesinatos, secuestro, tortura, asalto, extorsión, tráfico de armas de fuego, soborno y corrupción pública.
“Sus víctimas incluyeron a informantes, posibles testigos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. “Fueron delitos abominables, evidenciando una falta de conciencia, extrema crueldad humana y un corazón malo”, describe el juez Burns. A pesar de ello, el gobierno redujo su sentencia y Francisco Javier Arellano Félix podría quedar en libertad en dos décadas al igual que su hermano Benjamín Arellano Félix.
Juez devuelve finca a madre de los Arellano Félix
En el mismo contexto de recuperación, a los “Arellano” les fue devuelta, una propiedad incautada en 1993, ya que la PGR no pudo comprobar que había sido adquirida con recursos de procedencia ilícita.
Rafael Arellano Félix la habría vendido a su madre, Alicia Félix Zazueta y según el juez su nombre no figuró en la investigación. Por lo que un Tribunal determinó la devolución de la finca a la madre de los hermanos Arellano Félix. La propiedad tiene una superficie de 2 mil 156 metros cuadrados y se ubica en la quinta sección del Condominio Santa Anita Club de Golf, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Está valuada en 7 millones de pesos. Según consta en la escritura 4960 del Notario Público suplente asociado al titular 78 de Guadalajara, y fue asegurada el 9 de agosto de 1993, por la Procuraduría General de la República (PGR), luego del homicidio del entonces Arzobispo de Guadalajara, Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más en el aeropuerto de la ciudad, ocurrido en mayo de ese año. La incautación fue parte de las acciones realizadas por la PGR, dentro de la averiguación previa 13948/93.
El juez José Raymundo Cornejo Olvera resolvió, en el juicio 157/2014, que las autoridades de la PGR incurrieron en omisiones que vulneran los derechos fundamentales de la quejosa, y contravienen a los principios de legalidad y seguridad jurídica descritos en la Constitución.
El juzgador dejó sin efecto el aseguramiento y ordenó al Ministerio Publico de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, el levantamiento de la medida precautoria.
El juez Cornejo Olvera justificó la determinación en que, a más de 21 años de asegurada la finca, el Ministerio Público de la Federación no se pronunció, y aunque la incautación se debió a la investigación a los hijos de la quejosa, a ella nunca se le menciona en las actas.
La PGR se inconformó y el caso fue analizado por Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal en Guadalajara, quienes confirmaron el amparo otorgado a la señora Alicia Félix Zazueta, madre de los hermanos Arellano Félix, líderes del llamado Cártel de Tijuana.
Consideraron que tantos años fueron demasiado tiempo, como para que la PGR no pueda probar que la finca fue adquirida con dinero ilícito.
Con información de: El Universal 190615 y El Financiero 220615