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La comunidad defiende sus tierras de la empresa Eólica del Sur, que insiste en construir su proyecto en contra de los habitantes de la zona

 

Regeneración, 22 de julio de 2018. Este domingo, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, así como la Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón denunciaron el asesinato de uno de sus integrantes, Rolando Crispín López.

Crispín López se desempeñaba desde hace cinco años como policía comunitario de dicha población que pertenece al municipio de Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca.

Las y los firmantes del comunicado narran que el domingo 22 de julio a las 8 de la mañana, una vez concluido su turno laboral como guardia comunitario en agencia municipal, Crispín López se dirigió a una tienda ubicada en la calle Benito Juárez para realizar unas compras.

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“Casi de inmediato, en un moto taxi rojo llegó un sujeto encapuchado quien, de manera artera y cobarde, disparó en repetidas ocasiones sobre nuestro compañero, asesinándolo e hiriendo a una niña de 8 años, quien caminaba por la calle.”

De acuerdo a lo señalado por testigos, el delincuente corrió nuevamente hacia el moto taxi rojo, “quedando el cuerpo de nuestro compañero en la acera de la calle”.

De acuerdo con las organizaciones denunciantes, varios vecinos pudieron identificar al sujeto, que presuntamente responde al nombre de Alejandro Matus Chávez, alias “Escarda”, conocido por ser policía municipal activo adscrito al Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza.

Antecedentes

Las organizaciones denuncian que, desde 2012, la comunidad de Álvaro Obregón se encuentra en lucha defendiendo su territorio en contra de la empresa eólica Mareña Renovables, hoy llamada Eólica del Sur, de capita español.

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En 2013 se constituyó la Policía Comunitaria de Álvaro Obregón, con el objetivo de cuidar su territorio y defenderse de las agresiones que, de acuerdo con las organizaciones denunciantes, proceden de autoridades y de la misma empresa.

A partir de entonces, la Policía Comunitaria ha sido blanco de diversos ataques. Lo que se encuentra en disputa es la ocupación de la Barra Santa Teresa para desarrollar el proyecto eólico por parte de la empresa, despojando así de su territorio a quienes lo defienden.

Los denunciantes responsabilizan a los tres órdenes de gobierno por la violencia que “están promoviendo en las comunidades para despojar a los pueblos indígenas de su territorio”.

Consideran que tanto el gobierno estatal como el federal son incapaces de dar seguridad a las personas defensoras de derechos humanos.

El caso en tribunales

En enero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de un amparo que las comunidades de la zona interpusieron contra la instalación del parque eólico.

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En aquella ocasión, el máximo tribunal consideró que no había existido una consulta con las comunidades dueñas de los terrenos, según lo marcan sus usos y costumbres y las convenciones internacionales.

El proyecto pretende instalar el parque eólico más grande de América Latina en El Espinal y en Juchitán de Zaragoza. Consta de 132 torres de 125 metros de altura cada una, aunque habitantes de la región que conforma distintas comunidades, han acudido a distintas instancias legales con la ayuda de organizaciones de la sociedad civil.

La situación permanece en conflicto, puesto que la empresa insiste en colocar la infraestructura en contra de la opinión de las comunidades de la zona.

Si quieres informarte más, visita: Regeneración

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