Comunidad gay pide a Peña Nieto frenar campaña de la iglesia en su contra

“¿Dónde está la iglesia preocupada por la economía, por los desaparecidos, los asesinados? No la vemos ahí”, afirman, mientras piden que cese la guerra emprendida en contra de los matrimonios igualitarios.

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Regeneración, 19 de agosto 2016.- El Gobierno mexicano permite la campaña homofóbica que los ministros de culto de la Iglesia católica promueven en todo el país en contra de la comunidad LGBT, al permitir que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) llame a los católicos del país a marchar para revertir la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto de legalizar el matrimonio igualitario en todo el país, acusó Jaime López Vela, fundador de la organización civil Agenda LGTB.

Ayer se difundió un mensaje firmado por el Cardenal José Francisco Robles Ortega, presidente de la CEM, dirigida a los obispos en donde se les invita a apoyar al “Frente Nacional por la Familia” y asistir a dos movilizaciones–el 10 y el 24 de septiembre en todos los estados–  “para expresar que el futuro de la humanidad se fragua en el matrimonio y la familia natural”.

El llamado a marchar en contra de que las parejas del mismo sexo contraigan matrimonio indignó a la comunidad homosexual del país, debido a que afirman, no se trata de libertad de expresión, sino de una agresión a un grupo ya vulnerable en México.

“El Gobierno tiene en sus manos la responsabilidad de frenar estos llamados a la violencia, de ponerles un alto a los ministros de culto a través de la Conapred [Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación] y la Subsecretaría de Asuntos Religiosos. Si no la hace estará perpetuando los crímenes de odio, la discriminación y la expansión  de la pandemia del VIH [Virus de Inmunodeficiencia Adquirida], porque estas situaciones impiden que un joven pueda salir del clóset en los estados, orillándolo a vivir su sexualidad en la clandestinidad “, dijo López Vela.

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El activista afirmó que si bien el Presidente Enrique Peña Nieto propuso una iniciativa que abona a los derechos de la comunidad LGBT, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha sido omisa a las denuncias que se han hecho desde julio de este año en contra de 28 ministros de culto de la iglesia católica que han fomentado la homofobia en todo el país.

“Estamos consternados y preocupados por esta iniciativa de la Iglesia católica, porque lo que están provocando ellos es regresar a la era cristera. Benito Juárez realizó la separación del Gobierno e iglesia, por eso somos un Estado laico y la Secretaría de Gobernación no atiende nuestras quejas porque dice que los católicos tienen derecho a su libertad de expresión, pero eso es mentira: la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó que los ataques homofóbicos no pueden llamarse libertad de expresión”, indicó.

López Vela afirmó que cualquier persona que llame a la desobediencia de una Ley incurre en apología del un delito y acusó a la Iglesia católica de estar “llegando a un extremo riesgoso y peligroso que puede incrementar las agresiones por homofobia”.

“En alguno de los estados ya tenemos detectado a un asesino serial de personas transgénero. Lo que se está provocando es que el día de mañana cualquier persona tome la batuta y pase algo como lo que sucedió en Orlando. Los ministros de culto de la Iglesia católica están haciendo un llamado irrespetuoso al Gobierno, a las instituciones, al Estado laico de los mexicanos, a la separación decretada de la iglesia y el Estado. Hacen un llamado para atacar a un sector de la sociedad que ya está vulnerado”, agregó.

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Edgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), agregó que aunque la iglesia católica es libre de protestar y llamar a los católicos a marchar, los ministros de culto tienen limites.

“Ellos, los ministros de culto, tienen un régimen que le ponen límites. Hay que cuidar que no quieran imponer su posición como la única válida. Eso no se puede, somos un país laico en donde los católicos son una expresión más, que puede ser válida en términos de debate. El punto aquí es que la jerarquía católica quiere imponerse como la verdad absoluta y con una fuerte carga de intolerancia, lo que puede generar una situación de riesgo, violencia y agresiones alentadas por ese discurso”, dijo.

La iniciativa de Peña Nieto, agregó, es afín a los derechos humanos del conjunto de los mexicanos, sin embargo está inscrita en un Gobierno que tiene una baja en su legitimidad y reconocimiento por todos los sectores de la población que sienten que “no los atiende a todos”.

“Como ciudadanos la única vía que queda es la protesta, pero el derecho a la libertad de expresión no se puede usar para querer quitarles sus derechos a otros sectores, ni para vulnerarlos”, agregó.

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Cortez Morales descartó que la protesta de la Iglesia católica esté relacionada a la figura presidencial o a la situación que prevalece en general en el país. Más bien, indicó, se trata de una postura arraigada en la jerarquía católica que se opone a la interrupción legal del embarazo, al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la adopción para parejas homosexuales.

“Cuando logramos una realidad donde se reconocen y practican los derechos de todos, salimos ganando. Esa iniciativa no afectará en nada las prácticas y creencias de los católicos. Si se implementa en todo el país el casarse con personas del mismo sexo, si hay un católico que piensa que eso está mal, no lo va hacer. Yo creo que al contrario de lo que piensan los católicos, si logramos ese reconocimiento todos vamos a ganar. Ganarán las parejas del mismo sexo y los católicos a ejercer su derecho de lo quieran hacer. Su conciencia puede quedar a salvo, porque ellos pueden seguir casándose como lo han estado haciendo”, explicó.

El activista de la Agenda LGBT cuestionó a la Iglesia católica por no llamar a marchar a los católicos por los asesinatos y desapariciones forzadas durante la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa y del actual Presidente Peña Nieto.

“¿Dónde está la iglesia preocupada por la economía, por los desaparecidos, los asesinados? No la vemos ahí, pero sí la vemos entrometiéndose en la vida privada de las personas. Es una agravio, un atentado contra la dignidad y los derechos humanos”, dijo.

Información de Sin Embargo.

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