Comunidades de Veracruz dicen no a las minas para salvar la vida

Con argumentos sólidos, las comunidades de la región de Chiconquiaco, Veracruz, consiguieron detener el proyecto minero Caballo Blanco-La Paila

Regeneración, 26 de noviembre de 2017.- En una consulta pública comunidades de la región de Chiconquiaco, Veracruz, usando argumentos sólidos y gracias a su organización, consiguieron detener el proyecto minero Caballo Blanco-La Paila.

Dicho proyecto de extracción de oro a cielo abierto se pretendió reabrir el pasado 26 de agosto, cuando se retiró el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero las comunidades consiguieron que se suspendiera a finales de octubre.

Así lo informó el periodista Heriberto Paredes en un artículo para RT, y agrega que es la segunda vez que un proyecto de extracción de oro a cielo abierto es cancelado en dicha zona.

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Antecedentes

En 2012, las comunidades pertenecientes a los municipios de Actopan y Alto Lucero se organizaron por primera vez y lograron la suspensión de este plan. Cinco años después, el proyecto fue vendido a otra empresa que decidió impulsarlo de nuevo: Gavilán, subsidiaria del grupo financiero canadiense Almaden Minerals.

Por qué el proyecto minero Caballo Blanco no debe permitirse

Estas luchas por parte de los pobladores no han sido fáciles y han requerido, además de organización, la participación de académicos, especialistas y hasta de la iglesia local.

En 2010, organizaciones ambientalistas, entre ellas la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), conformaron la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), la cual fue clave durante la lucha contra las empresas canadienses mineras que insisten en desarrollar proyectos extractivos de oro en la región de la sierra costeña.

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Entre 2011 y 2012, el grupo canadiense Goldgroup Mining retomó una prospección minera efectuada en 1995 para intentar desarrollar la fase extractiva de oro y las comunidades campesinas, ganaderas y pesqueras de los dos municipios afectados se organizaron, tomaron como referentes las luchas antimineras en Baja California y en San Luis Potosí y lograron frenar ese proyecto.

Minera Cardel, subsidiaria del grupo canadiense, retiró a fines de 2011 la MIA por inconsistencias en el estudio, que fueron denunciadas por las comunidades afectadas. A pesar de ello, la empresa volvió a presentar una MIA en 2012 para lograr sus objetivos.

El 5 de junio de 2012, en el Día Mundial del Medio Ambiente y ya con la MIA retirada, el nuevo gobernador y ahora preso por enriquecimiento ilícito, Javier Duarte, se declaró en contra del proyecto minero y, con esto, aparentemente la región quedó libre de minería extractiva, manteniéndose el uso de suelo forestal.

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