Defensores del territorio resisten entre la criminalización y el despojo en AL

Comunidades indígenas de Perú, México y Colombia se han enfrentado por años contra el gobierno y empresas en la disputa por sus territorios. Hasta febrero del año pasado, 14 defensores y defensoras habían sido asesinados por su labor.

Regeneración, 17 de junio de 2017.- Hasta febrero pasado, 14 defensoras y defensores de los derechos humanos, de la tierra y los recursos naturales, han sido asesinado en América Latina, situación que ha convertido a esta región en una de las más peligrosas para los luchadores sociales.

Comunidades indígenas de Perú, México y Colombia se han enfrentado por años contra gobierno y empresas en la disputa por sus territorios.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribalesreconoce el derecho a consultar a los pueblos interesados, esto a través de procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas que puedan afectarles directamente. Hasta 2016, este convenio había sido ratificado por 22 estados.

Defensores del territorio compartieron sus experiencias de lucha en el foro “Experiencias latinoamericanas en defensa de la tierra y el territorio”, organizado por Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), y además coincidieron en la constante violación al Convenio 169, la criminalización a su labor y la presencia de fuerzas armadas en su territorio.

En el caso de Perú, en la región de Cajamarca, la lucha ha sido por el derecho al agua y el daño que ocasionan las empresas mineras que ahí operan.

En Colombia, el colectivo Matamba lucha por la solidaridad de género, étnica, de exclusión y la conciencia.

Y en México, el caso de las Zonas Económicas Especiales es una de las principales amenazas al territorio pues desde que se publicó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales en 2016, se estableció que “dichas zonas serán consideradas áreas prioritarias del desarrollo nacional y el Estado promoverá las condiciones e incentivos para que, con la participación del sector privado y social, se contribuya al desarrollo económico y social de las regiones en las que se ubiquen, a través de una política industrial sustentable con vertientes sectoriales y regionales”.

Sin embargo, la Ley ha sido polémica desde entonces pues de inicio, no se consultó, solo fue a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto. Las primeras tres zonas se ubicarán en cinco estados: la de Lázaro Cárdenas en Michoacán y Guerrero; la del Istmo de Tehuantepec, en el corredor entre Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca; y la tercera en Puerto Chiapas.

Organizaciones civiles han alertado sobre la vulnerabilidad en que se encuentran los pueblos indígenas ante la creación de dichas zonas pues, por ejemplo, la organización Tequio, dedicada desde hace 19 años a la defensa y asesoría jurídica de las comunidades chontales, expuso que este grupo étnico no fue consultado para otorgar una concesión minera de 5 mil 413 hectáreas que afecta actualmente a cinco comunidades.

Asimismo, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) denunció que en la región hay 24 parque eólicos que ingresaron violentando el Convenio 169 de la OIT.

“Las empresas eólicas se apoderaron de nuestro territorio donde buscan imponerse”.

Otro caso es el de los defensores de el Ejido La Sierrita, en Durango, una zona con importantes yacimientos de plata, plomo y zinc, explotados a lo largo de los últimos 12 años en la mina La Platosa, perteneciente a la empresa Excellon de México.

En este caso, los ejidatarios y la empresa pactaron una serie de cláusulas económicas y medioambientales que nunca fueron cumplidas por Excellon.

“Cuando nos acercamos al gobierno, nos dijeron ya firmaron, ya se chingaron”, señaló Juan Daniel Pacheco Álvarez, representante del ejido.

“El despojo se agudizado, vienen por el agua, por el viento y por los minerales, pero también por la vida de las personas que habitan estos territorios”, agregó Doris Carmona, representante de la organización de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA Oaxaca).

Con información de Huffington Post