En una editorial del diario neoyorkino, indicó que casos como los de Carmen Aristegui y Sergio Aguayo son esfuerzos para intimidar y afectar la capacidad de investigación y crítica.
Regeneración, 12 de septiembre de 2016.- The New York Times escribió hoy un texto editoral en el que señaló que las demandas legales contra periodistas en México son una manera de intimidación y sugirió a Peña Nieto apoyar una ley que complique las demandas de difamación de funcionarios y otras figuras.
“De todos los desafíos que históricamente han bloqueado a la prensa mexicana, incluyendo a la violencia y al hábito de autocensura para apaciguar a los anunciantes, la exposición legal injustificada a la que se somete a los periodistas es relativamente fácil de resolver”, indicó la publicación en una editorial.
Pero ahora, con la controvertida decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre indemnizaciones (sin tope) por difamación, están teniendo un efecto en el periodismo de investigación y crítico, señaló el diario.
El diario, pone de ejemplo los casos de Carmen Aristegui y Sergio Aguayo, quienes han sido objeto de demandas.
“Tanto Aristegui como su equipo de periodistas documentaron de manera meticulosa el acuerdo bajo el que una compañía de construcción —que había obtenido contratos del gobierno muy lucrativos— hizo una mansión para la esposa del presidente, Angélica Rivera”, escribió el periódico.
Luego de la publicación del reportaje, Aristegui fue demandada por Joaquín Vargas, dueño de MVS, por “daño moral”, en respuesta a dichos que aparecen en el libro de La Casa Blanca de Peña Nieto.
Otro caso mencionado es el de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, quien “en julio presentó querellas en contra de dos periodistas por artículos que hacían referencia a acusaciones por corrupción” que lo han perseguido desde hace tiempo.
“Uno de los periodistas afectados, Sergio Aguayo, ha mencionado que sospecha que la demanda en su contra fue presentada para detener su investigación sobre una matanza en Coahuila que sucedió en 2011. El exgobernador lo está demandando por 10 millones de pesos (unos 535,000 dólares)”, agregó el diario.
Para el diario, Peña Nieto podría tomar cartas en el asunto y promover una ley que complique más a los funcionarios y otras figuras políticas demandar por difamación.
“El presidente Enrique Peña Nieto, que ha sido objetivo de acusaciones por sobornos de los que su familia se benefició para obtener propiedades inmobiliarias, sería atinado al apoyar una ley como esa. Sería una buena manera de recuperar la confianza de un electorado al que le ha dado razones suficientes para cuestionar su integridad y su juicio”, indicó la editorial.
Vía Animal Político y Proceso.