Nunca hicieron una revisión de las condiciones estructurales del edificio, que se construyó en 1959, este carecía de muros de carga y además le eliminaron columnas y soportes en varios pisos
Regeneración, 23 de noviembre de 2017.- El día de ayer fue ratificada la primera denuncia directa contra los administradores y socios de la Inmobiliaria Álvaro Obregón 286, Ernesto Sota Cisneros y Ernesto Sota López, por el delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual, por el esposo de una de las 49 personas que murieron al colapsar el edificio por el sismo del pasado 19 de septiembre.
Dicha denuncia la presentó Ernesto Franco, quien es esposo de Martha Patricia Parras, jefa de cocina de la empresa DMLink, una de las empresas que alquilaban, esta se suma a otras cuatro en contra de quien resulte responsable y se integra a la carpeta de investigación que ya abrió el Ministerio Público por el delito de responsabilidad de directores responsables de obra.
EL EDIFICIO NO TENÍA MUROS DE CARGA, ELIMINARON COLUMNAS
También se presentó ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) una narración de hechos por la negligencia en que incurrieron padre e hijo, quienes nunca hicieron una revisión de las condiciones estructurales del edificio, que se construyó en 1959, el cual carecía de muros de carga y le eliminaron columnas y soportes en varios pisos, indicó el abogado Cristopher Estupiñán, esto de acuerdo con información que publica La Jornada.
En la coordinación territorial CUH-7, el abogado explicó que en 1997, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda emitió un dictamen, donde recomendaba a los señores Sota, que eran los administradores, a no rentar el edificio, pues chocaba y colapsaba con el edificio de Álvaro Obregón 284.
Con esto la defensa destacó que se actuó con negligencia, pues tenían conocimiento de que se pudiera producir un efecto dañoso, con la pérdida de vidas ante un sismo, pero hasta el momento, ni la delegación Cuauhtémoc ni la Seduvi han entregado al MP los planos y memorias fotográficas y técnicas del edificio para deslindar responsabilidades.
Después de todo lo ocurrido, la administración pública está retrasando el esclarecimiento de los hechos, pues primero fue que estaba imposibilitada por el sismo y ahora que no están los expedientes, cuando por norma deben tenerlos, y en cambio “se ha apurado en la expropiación del inmueble, cuyo avalúo saldrá esta semana, por alrededor de 20 millones de pesos”, recalcó el abogado.
Además a esa cantidad se le sumarán 36 a 40 millones de pesos, que recibirán por la póliza de seguro, cuyas primas eran pagadas por quienes alquilaban, esto “nos crea dudas, porque los señores Sota tienen un récord de negocios inmobiliarios con el gobierno capitalino, que no tiene disposición para esclarecer los hechos y apoyar a las víctimas”.
Ante todo esto, el abogado también aclaró que no se trata sólo de las 49 personas que perdieron la vida, sino sus familiares, a quienes los dueños de la inmobiliaria no se han acercado, y los arrendatarios, por lo cual se explora con el MP la vía de congelar el pago de la indemnización del seguro y todo su dinero corriente.