#Especial: Organización de EU y ultraderecha coloca a México como país corrupto

Por Ricardo Sevilla

RegeneraciónMx.– Hace un par de semanas, el World Justice Project publicó su Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, donde nuestro país aparece entre los cinco países más corruptos del mundo, detrás de Uganda, Camerún, Camboya y Congo. El informe coloca a México en el lugar 113 de los 139 países evaluados; en América Latina y el Caribe, México aparece en el último lugar.

Se trata de la tercera entrega de este Índice de Estado de Derecho en México. En la primera edición, aparecida en 2018, el WJP evaluó a 133 países y colocó a México en el lugar 92. Un año después, en 2019, la organización evaluó a 126 países y colocó a México en el lugar 99.

El Índice de Estado de Derecho en México es patrocinado por el World Justice Project, organización estadounidense que, de acuerdo con ella misma, “trabaja para avanzar el Estado de Derecho en el mundo”.

El WJP fue fundado en 2006 por el abogado y empresario William Horlick Neukom, exsocio y gerente general del equipo de béisbol Gigantes de San Francisco. Cabe mencionar que, en 2011, el Comité Ejecutivo de Socios, compuesto por diez miembros del equipo, decidió expulsar de los Gigantes a Neukom, quien, en ese momento, anunció que retomaría las bridas del Proyecto de Justicia Mundial.

Además de haber sido presidente de la American Bar Association, el fundador del WJP fue, durante casi 25 años, el principal asesor legal de la compañía Microsoft, donde estuvo inmerso en diferentes polémicas mundiales.

La WJP tiene oficinas en Washington, Seattle, Singapur y México. La sede de esta organización en nuestro país se encuentra ubicada en la exclusiva zona de Polanco, en la CDMX.

El WPJ, que se presenta como una organización sin fines de lucro, cuenta con el apoyo de 21 aliados estratégicos, como la Cámara de Comercio de EU, el Consejo Mundial de Líderes Religiosos y la poderosa e influyente Unión de Colegios de Abogados de Turquía.

En México, la WJP apoya a diferentes organizaciones como Causa Común, la Red Quinto Poder, México Evalúa e incluso a instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La WPJ asegura que el objetivo del Índice de Estado de Derecho en México “es amplificar la voz de personas en los 32 estados del país y conocer sus experiencias y percepciones sobre distintos aspectos del Estado de Derecho”.

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Este índice basa su evaluación en ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Llama la atención que los especialistas, en su mayoría, provienen de universidades, organizaciones y sociedades civiles que han demostrado animosidad contra el gobierno que encabeza el presidente López Obrador: Universidad Anáhuac, la Escuela Libre de Derecho, Baker Tilly México, S.C., Heineken México, Cinépolis, Observatorio de la Abogacía de la Cátedra José Ramón Cossío Díaz de la UIA, Grupo Turquesa, Cadena Radiofónica Peninsular y Proyecto México Posible, entre muchos otros.

Por otro lado, es relevante mencionar que los especialistas que el WJP convocó para realizar su evaluación, lejos de ser neutrales u objetivos, han demostrado una especial virulencia contra el actual Gobierno Federal y, en especial, contra la figura del presidente López Obrador.

Entre los “especialistas” que ayudaron para la “conceptualización y elaboración del Índice del Estado de Derecho en México” pueden observarse a personajes como Max Kaiser (del IMCO), Edna Jaime (de México Evalúa), Juan Pardinas (del IMCO y director editorial del periódico Reforma) y las hermanas Ana Laura y Beatriz Magaloni.

Llama la atención que el estudio que coloca a México como uno de los cinco países más corruptos esté financiado por una organización estadounidense y los especialistas que dieron “sugerencias específicas” para “fortalecer el contenido de este Índice” sean personajes que trabajan en la Coparmex, el CIDE, el ITAM, Artículo 19 y sean, esencialmente, antilopezobradoristas.

La oficina de WJP en México es dirigida por Tim Kessler, quien ha sido consultor del Banco Mundial y jefe del Programa de Competitividad de México de la USAID, una organización que ha recibido severas ⎼y constantes⎼ críticas debido a su estrecha colaboración con la CIA que, de acuerdo con periodistas de distintos países, está basada en un programa intervencionista cuyo propósito es ayudar a desestabilizar gobiernos que no se alinean a las políticas de Estados Unidos.

Cabe mencionar que todos los informes de la WJP son acompañados por reportes, artículos, videos, animaciones e infografías que son difundidos a través de diferentes medios de comunicación.

De acuerdo con testimonios de personal que trabaja en la WJP, en esta organización, lejos de realizarse estudios económicos y sociales imparciales, se llevan a cabo “productos informativos, montajes y producciones para hacer ensombrecer al gobierno que encabeza López Obrador”. En entrevista especial para la realización de este reportaje, “el WJP ha celebrado convenios de difusión con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien incluso ha presentado, como si fuera su propio estudio, el Índice del Estado de Derecho; también han pactado acuerdos con gobernadores opositores a AMLO, como Diego Sinhue Rodríguez Vallejo”.

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Mediante una compleja red de colaboraciones con diferentes personajes de la vida pública, el WJP ha logrado abrir espacios para encabezar foros, conversatorios y mesas de análisis “para difundir la idea de que México es un Estado fallido”. De esa manera, la organización estadounidense es invitada recurrente en las plenarias convocadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como en la FIL de Guadalajara, donde, invitados directamente por el gobierno estatal de Enrique Alfaro, realizan encuentros y seminarios sobre “federalismo” y “combate a la corrupción”.

LA CORRUPCIÓN COMO PRODUCTO CINEMATOGRÁFICO

Al observar el directorio de WJP en México se puede constatar que sus principales investigadores no son reporteros, periodistas ni académicos destacados, sino productores y directores de cine.

El abogado itamita Roberto Hernández, director del documental Presunto culpable, es el investigador sénior de la WJP y, representando a la organización estadounidense, suele ofrecer conferencias al lado del empresario Gustavo de Hoyos (expresidente de la Coparmex) para difundir el trabajo de esta asociación.

Issa Guerra, directora de producción de la WJP, carece de experiencia en temas de corrupción, rendición de cuentas, pero, por otra parte, ha sido una destacada productora en películas y series taquilleras como Cantinflas, Club de Cuervos y No manches Frida.

Como puede observarse, detrás del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 están las organizaciones que López Obrador ha exhibido como artífices de la corrupción y la impunidad. Y eso hace pensar que el informe de la WJP, que se presenta como “una red global para conectar a expertos y a líderes locales que buscan soluciones prácticas a los problemas de gobernabilidad”, quizá no lo sea tanto.

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