El 20 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por Guadalupe Taddei, aclarar los señalamientos de presuntas irregularidades en contratos millonarios con diversas empresas. Ante estos cuestionamientos, la titular del organismo solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar las licitaciones vinculadas con empresas relacionadas con Jonathan Navarrete Torres y Jesús Octavio García, excolaboradores del instituto.
En la conferencia de prensa del martes 21 de octubre la presidenta del INE, Guadalupe Taddei negó la existencia de empresas favorecidas y defendió ante la versión de Reforma la legalidad de las adquisiciones bajo su periodo de gestión frente a los medios de comunicación.
Además, la presidenta del INE advirtió que los señalamientos responden a un intento de generar desconfianza en el árbitro electoral.
Durante la conferencia de prensa del INE, Taddei ratificó que los exempleados señalados en las investigaciones de Reforma manifestaron en sus declaraciones patrimoniales no tener participación en empresas o sociedades y mostró dichos documentos sin exponer los nombres de los exempleados a los que se refería, también subrayó que para que no existan omisiones serán investigados por la ASF.
Guadalupe Taddei también se defendió de los señalamientos pidiendo que no se le adjudicaran actos previos a su gestión ya que las empresas señaladas trabajaron con el INE mucho antes de su gestión desde 2019.
Los señalamientos de presuntos actos de corrupción en el INE fueron realizados desde el periódico Reforma, en particular dirigidos a dos exempleados, uno de nombre Jonathan Navarrete, a quien se le vincula como exchofer del instituto y el otro de nombre Jesús Octavio García. La acusación se da porque ambos excolaboradores ocuparon cargos en dos empresas que se registraron en el Padrón de Proveedores del INE dos meses después de que Taddei asumiera la presidencia del instituto.
A Jonathan Navarrete se le señala en la versión periodística de Reforma como apoderado legal de Corporativo ZEG en 2023 y con un poder general para pleitos y cobranzas del mismo corporativo. En conferencia de prensa del martes 21 de octubre Guadalupe Taddei confirmó que Jonathan Navarrete sí estuvo en la nómina, pero nunca fue su chofer. Asimismo, aclaró que actualmente ya no labora en la institución.
En contraste a las declaraciones de la presidenta del INE, el portal de La Silla Rota, publicó que la declaración patrimonial correspondiente al exchofer Jonathan Navarrete menciona que el excolaborador tenía la función de transportar de manera segura y eficiente a la presidenta con un sueldo de 45 mil 756 pesos mensuales.
El otro excolaborador del INE Jesús Octavio García González, estuvo contratado como encargado de la Dirección de Administración del INE y también se le relaciona con cargos en la empresa Corporativo ZEG, además de Cajas Graf.
También se indaga en la contratación de Claudia Espino en el INE como secretaria ejecutiva quien anteriormente en 2021 ejerció un cargo en el Instituto Electoral de Chihuahua donde contrató los servicios de Cajas Graf en ese entonces a cargo de Jesús Octavio García González.
Además, a la hija del empresario José Alfredo Hernández Casillas, al que se le atribuye una red de empresas proveedoras del INE vinculadas con presuntos actos de corrupción, se le descubrió un cargo en el entonces IFE entre 2004 y 2014.
Las pesquisas forman parte de la investigación de una red de empresas con posibles vínculos de corrupción con el INE.
Son siete empresas proveedoras del INE relacionadas con presuntos actos de corrupción
Desde 2023, año en que asumió la presidencia del instituto Guadalupe Taddei, una red de siete empresas proveedoras del INE es investigada por la UIF. Las empresas están vinculadas a José Alfredo Hernández Casillas y su hermano Raymundo Hernández Casillas, las cuales son investigadas por prácticas de presunta simulación de competencia de licitaciones, operaciones financieras simuladas, triangulación de recursos y posibles irregularidades fiscales.
Entre las siete empresas propiedad de Hernández Casillas, proveedoras del INE y de institutos electorales locales se encuentran: Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas, Materiales, Seriplast, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Litoformas y Grupo Selati.
En la investigación de origen presentada por Reforma, a Cajas Graf se le acusa de presuntamente haber transferido 130 millones de pesos entre 2012 y 2023 a la red de siete empresas que presuntamente son utilizadas para realizar operaciones financieras simuladas.
De acuerdo con las declaraciones de la periodista Nancy Flores de Contralínea durante la conferencia matutina del 20 de octubre de la presidenta Claudia Sheinbaum, las empresas de José Alfredo Hernández Casillas, Cajas Graff, Formas Finas, Materiales corporativos comercializadora JVIYN y Litoformas fueron contratadas para material y papelería electoral sensible, elaborados con papel seguridad, tintas invisibles y marcas de agua para evitar clonación de boletas.
Al empresario Hernández Casillas también se le vincula con un contrato de 46 millones de pesos con el Instituto Electoral de Sonora en 2021 cuando Taddei presidía dicho órgano de arbitraje electoral.
Las investigaciones de corrupción en el INE las realiza el Órgano Interno de Control, sin embargo, la periodista Nancy Flores alertó durante la conferencia matutina del martes pasado que dicho órgano no está sujeto a la revisión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por pertenecer a un órgano autónomo, por lo que solicitó a la presidenta se diera información sobre cómo se audita este órgano administrativo. Por lo anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum recomendó que el INE, además de aclarar los señalamientos, se sometiera a una auditoría de la ASF al encontrarse dentro de las facultades de dicha institución.
