Ley impulsada por el PAN basado en coerción, aislamiento y restricción física, que se instituye en tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, denuncian
Regeneración, 9 de abril del 2018. La Ley de Salud Mental es violatoria de los derechos de las personas con discapacidad, no ha sido consultada democráticamente con especialistas y con los propios afectados y sus familiares. Confunde discapacidad con “enfermedad mental”, se basa en un sistema obsoleto; señalan.
Diversos organismos defensores del Derechos Humanos, entre ellos Human Rights Watch, el Centro de Comunicación Social (CENCOS), entre otros denuncian que la Ley de Salud Mental es violatoria de Derechos, a los que tuvo acceso Regeneracion.mx
La Ley de Salud Mental fue presentada el 4 de abril del 2017, en la Cámara de Diputados por Leticia Amparano Gámez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Para Human Rights Watch, este proyecto de Ley:
“Proporcionaría competencias muy amplias a las autoridades médicas y judiciales para decidir que las personas etiquetadas como pacientes con “trastornos mentales” no tendrán la capacidad de tomar decisiones por sí mismas”.
Indica así mismo que “en tales circunstancias, el proyecto de ley autoriza la hospitalización y el tratamiento involuntario sin el consentimiento de la persona”.
Sin embargo “según las normas de derechos humanos, las personas con discapacidad no pueden ser detenidas en función de su discapacidad, y sólo pueden ser detenidas, en igualdad de condiciones con otras personas, si su conducta es un motivo de detención para todos según la ley”, precisa el organismo defensor de derechos.
Entre otros elementos preocupantes, el proyecto de ley permite el aislamiento y el uso de medidas de restricción física en personas con “trastornos mentales”, que los especialistas concuerdan pueden constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
En un video – que pude ser visto más abajo- Diana Sheinbaum, quien forma parte de Documenta, en el programa de discapacidad y justicia, explica por qué la oposición a dicha ley que en redes sociales se puede localizar en #NoALaLeyDeSaludMental
Diana señala que diversas organizaciones, así como personas con discapacidad, activistas académicos hicieron un frente para intentar frenar dicha ley.
Violenta los derechos de las personas con discapacidad
“Consideramos que la atención a la salud mental debe de existir para todos”, señalan en primer lugar.
No es necesaria la creación de un régimen especial o un sistema especial dirigido a las personas con discapacidad psicosocial, o como son llamadas en esta iniciativa, “personas con trastornos mentales”, o con “enfermedades mentales”.
En este orden de ideas manifestaron su preocupación porque esta iniciativa esté basada en un modelo o mecanismos coercitivos y no en un enfoque de derechos humanos.
Esta iniciativa autoriza el internamiento forzoso y los tratamientos forzosos.
“Cualquier legislación o cualquier política pública en el tema de salud mental debe partir del reconocimiento de los derechos humanos de toda persona a decidir” señalaron.
Además deben contar con “apoyos para decidir sobre su salud mental, sobre su tratamiento, el derechos a la capacidad jurídica, el derechos a la libertad, el derecho a la integridad física y mental”.
Y, además la atención debe tener como base el estándar más alto de atención a la salud física y mental, indicaron.
Subrayaron otra preocupación, “ que esta iniciativa implica y da por hecha la implementación del modelo nacional Miguel Hidalgo”.
Este modelo fue planteado desde los años 80s y no se sabe mucho si este modelo ha beneficiado a las personas que sean usuarias, señalaron.
“Es decir, que no existe un diagnóstico sobre cómo este modelo ha cambiado la atención a la salud mental en este país.”
Específicamente, señala, que el modelo Hidalgo, implica la multiplicación y la extensión de las llamadas Villas de Transición, mismas que podrían implicar segregación y exclusión para las personas con discapacidad.
El modelo de la atención a la salud mental es un modelo de servicios comunitarios, un modelo de apoyo, un modelo basado en los derechos humanos, un modelo integral y preventivo.
En esta legislación no se escucha las voces de las personas usuarias de los servicios de atención a la salud mental.
Es una iniciativa violatoria de derechos humanos y que no avanza ni garantiza un mejor esquema de atención a la salud mental.
Por ello hacemos un llamado a frenar este instrumento y abrir un diálogo más amplio y constructivo sobre como debemos de afrontar el reto que representa hablar de salud mental y de crear los mecanismos, los modelos y las políticas públicas que garanticen una mejor atención.
El posicionamiento de Human Rigths Watch
La Comisión de Salud Mental y Drogas de la Cámara de Diputados de México está evaluando un proyecto de Ley Nacional de Salud Mental que propone mejorar los servicios de salud mental para todos en México, pero pondría seriamente en peligro los derechos de las personas con discapacidad, señaló Human Rights Watch.
En una carta enviada el 16 de octubre de 2017 a la Comisión de Salud y Drogas de la Cámara de Diputados, Human Rights Watch instó a la comisión a rechazar el proyecto de ley en su forma actual.
La comisión debería revisar el proyecto de ley para reflejar un marco orientado a los derechos humanos, basado en consultas con expertos y organizaciones que representan a las personas con discapacidad.
El proyecto de ley final debería garantizar el derecho a la salud mental para todos en México en pie de igualdad, sin recurrir al tratamiento coercitivo y debería ser consistente con los loables compromisos internacionales de México con los derechos de las personas con discapacidad.
“El proyecto de ley que se encuentra ante la comisión refleja, por desgracia, un enfoque desacreditado de la salud mental, centrado en el tratamiento médico coercitivo en lugar del consentimiento, la autonomía y los derechos de quienes precisan servicios de salud mental”, dijo Carlos Ríos Espinosa de HWR
“El proyecto de ley es incompatible con las obligaciones de derechos humanos de México, en particular el derecho a consentir o rechazar el tratamiento, que es un aspecto fundamental del derecho a la salud”, añadió.
México fue un pionero de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD): firmó el tratado cuando se abrió por primera vez y se convirtió en un pleno Estado parte de la CDPD en 2007.
El gobierno mexicano tiene la oportunidad con esta nueva ley de incorporar las normas de la CDPD en la legislación nacional y proteger los derechos de las personas con discapacidad.
Debería seguir el ejemplo de otros países y organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, que están desarrollando nuevas políticas de salud mental que respetan los derechos de las personas con discapacidad y enfatizan el derecho de las personas a elegir y gobernar sus propias vidas.
En particular, debería actuar de acuerdo con las recomendaciones del Comité de la CDPD para:
(a) Eliminar las medidas de seguridad que ordenan el tratamiento médico y psiquiátrico en régimen de internamiento y promover alternativas que cumplan con los artículos 14 y 19 de la Convención;
(b) Derogar la legislación que permite la detención por motivos de discapacidad y garantizar que todos los servicios de salud mental se presten sobre la base del consentimiento libre e informado de la persona en cuestión.
Como está formulada actualmente, el proyecto de ley aún permitiría que las personas fueran internadas en contra de su voluntad sobre la base de que tenían una discapacidad diagnosticada, dijo Human Rights Watch.
Pero los relatores especiales de la ONU en materia de salud y tortura, así como el órgano experto en derechos de las personas con discapacidad de la ONU han enfatizado que se debe poner fin al tratamiento forzado y otras medidas invasivas no consentidas, incluida la admisión involuntaria a hospitales psiquiátricos para recibir tratamiento médico.
“Es encomiable que la comisión dedique tiempo y esfuerzo a mejorar el derecho a la salud de todos los mexicanos, pero lo más importante es que lo hagan bien”, aseguró Ríos Espinosa. “La comisión debería crear un marco para los servicios de salud que respete el derecho al consentimiento informado, independientemente de si la persona tiene una discapacidad o no”.
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