Desde 2011 el Ministerio Público Federal y el Consejo de la Judicatura investigaron diversos casos en los que jueces federales estaban vinculados a redes de corrupción que beneficiaron a grupos criminales.
Regeneración, 3 de julio del 2020. El Ministerio Público Federal y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tienen conocimiento desde 2011, de las redes de corrupción que existen en los juzgados federales de Toluca, Estado de México.
Según la investigación, existían acuerdos que beneficiaron a grupos criminales y que afectaron la realización de operativos y detención de integrantes del crimen organizado.
Entre los beneficiarios de estos acuerdos están integrantes de los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva. Así mismo, se detalló que se formó un grupo de funcionarios judiciales que servían de mensajeros entre internos del Cefereso número 1, Altiplano.
Desde 2011 el mismo órgano que dejo libre a “El Mochomo” ha sido investigado.
Desde 2011, se han iniciado cuatro indagatorias, dos de ellas de carácter interno en el CJF y las otras desde el ámbito ministerial por parte de la FGR.
De igual forma se precisó que se investigaron las actividades realizadas por personal del Juzgado Segundo de Distrito en materia Penal en Toluca. El mismo órgano en el que se descubrió el acuerdo millonario para dejar en libertad a “El Mochomo”.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) detectó en 2011, que dos empleados de ese órgano filtraron información a los abogados defensores de unos criminales.
En diciembre de ese mismo año, la PGR investigó una red de corrupción que involucraba a servidores públicos. Pues éstos habían afectado varios operativos, en los cuales se buscaba detener a los líderes los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva.
En 2019 el CJF sancionó a la magistrada federal Olga María Josefina Ojeda Arellano por cambiar las funciones de personal a su cargo sin justificación alguna.
Así como por el uso indebido del vehículo oficial y por coaccionar a una servidora pública para certificar hecho falsos. Así como por el encubrimiento de los casos anteriores.
Y ese mismo año, el CJF sancionó a Jorge Arturo Camero Ocampo, por presentar inconsistencias financieras que superaban los 100 millones de pesos.