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Decenas de organismos civiles solicitaron al INE que presidenciables respondan 8 preguntas sobre la impunidad y cómo resolverla; derogar ley de seguridad

 

 

Regeneración, 19 de abril del 2018. Un amplio sector de organismos no gubernamentales, entre ellos la Red “Todos los derechos para todos”, pidieron formalmente al INE, se incluya en el debate presidencial una serie de preguntas relacionadas a la cooperación de la ONU contra corrupción, la seguridad pública en manos de civiles, política ante crimen organizado, eliminación de corrupción en contrataciones oficiales.

Los organismos enviaron una extensa carta al Instituto Nacional Electoral (INE) con copia a cada uno de los candidatos a la Presidencia de la República.

“Impunidad en México, propuestas para resolverla y preguntas para el 1er debate presidencial”; llamaron al documento.

Las lista de preguntas a candidatos presidenciales

1-¿Está a favor de una reforma al artículo 102 constitucional para crear una Fiscalía Que Sirva, autónoma, eficaz e independiente del poder político con base en la propuesta ciudadana?

2-¿Estaría dispuesto a solicitar cooperación de la ONU para combatir la impunidad y la corrupción como ha ocurrido en otros países?

3-¿Cuál es su propuesta en materia de desarrollo policial federal y a nivel nacional?

4-¿Qué haría para garantizar que la seguridad pública sea una tarea bajo la responsabilidad de los civiles?

5-¿Usted impulsaría y/o respaldaría la abrogación de la Ley de Seguridad Interior?

6-¿Cuál será su política frente al crimen organizado?

7-¿Qué haría para garantizar a las víctimas del delito y el abuso del poder el derecho a la verdad y medidas de reparación?

8-¿Cómo terminaría con la corrupción en las contrataciones con las empresas del Estado?

Al titular del INE le señalaron tres cosas:

-Como es de su conocimiento, México enfrenta una crisis de falta de justicia y seguridad por el incremento en la violencia y delitos, los escándalos de corrupción y las violaciones graves a derechos humanos.

-En todos estos temas es central la impunidad, esa falta de consecuencias y la ausencia de castigo para los responsables. En nuestro país, prácticamente todos los delitos que se cometen quedan impunes.

-Como resultado hemos perdido libertades, empleos y la confianza en el gobierno está por los suelos.

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En el país se vive con miedo, la numeralia del horror

Para justificar sus preguntas a los candidatos presidenciales las decenas de organismos civiles y defensores de derechos humanos señalaron una serie de elementos que muestran los horrores que vive la sociedad mexicana:

-2 de cada 3 personas piensan que la violencia es el principal problema en México, seguido por la corrupción.

“No es un asunto de percepciones, las cifras hablan por sí mismas”, aclararon y puntualizaron lo siguiente:

– para 6 de cada 10 personas es frecuente que en su comunidad se desaparezca a personas y en 2016 poco más de 24 millones de personas fueron víctimas de algún delito.

-En 2017 se cometieron 70 asesinatos con arma de fuego todos los días.

-También, diariamente 7 mujeres son asesinadas;

-La mayoría de mujeres muere en el espacio público por arma de fuego -este número ha sobrepasado los asesinatos que ocurren en casa, los cuales tradicionalmente han afectado más a las mujeres.

-En la última década han desaparecido por lo menos 35 mil personas de las cuales, en su mayoría, no se sabe qué pasó.

-Desde 2000 han asesinado a 115 periodistas.

-La tortura es una práctica generalizada; tan solo desde el 2006 existen más de 10,000 investigaciones penales por dicho delito pero las sentencias condenatorias no llegan a 10.

-Más de 4,000 personas han sido ejecutadas extrajudicialmente por las Fuerzas Armadas

-Existen más de 300,000 personas que se han visto forzadas a huir de sus hogares a causa de la violencia o enfrentamientos armados en sus comunidades.

-Además, el 84% de la población no piensa que el Ejército haya contribuido a disminuir la violencia en su comunidad.

La violencia es tal que se considera que en el país hay un conflicto armado interno.

-Las instituciones de procuración de justicia están rebasadas y no existe un sistema de procuración de justicia en el que la gente pueda confiar.

-El Poder Judicial es el más opaco de todos los poderes y carece de mecanismos de rendición de cuentas.

-En México, las personas ven más riesgoso denunciar un delito donde está involucrado algún servidor público o gente del crimen organizado que salir de su casa durante la noche.

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¿Cómo llegamos a esta situación?

-En gran medida porque la clase política dejó que las instituciones colapsaran.

-Ante la crisis han reaccionado con desinterés o con cambios cosméticos y superficiales que no sirven para enfrentar los problemas en su gravedad.

-En otros casos, aun cuando las leyes son adecuadas y útiles, simplemente no se aplican, las instituciones en lugar de perseguir a los culpables, les cubren las espaldas y recurrentemente son usadas facciosamente con fines político electorales.

A esto se le conoce como el pacto de impunidad.

-México debe erradicar ese pacto si quiere mantener la poca estabilidad económica y los frágiles avances de la democracia.

-Es fundamental crear un sistema de justicia en el que la gente puede confiar, donde se investiguen los delitos y las violaciones a derechos humanos y se castiguen a los responsables.

-Sin eso y sin un proceso de reparación para las víctimas y de construcción de memoria y de verdad, el país seguirá hundido en la crisis que todos los días nos hace sentir inseguras.

-La situación es crítica y se requiere un esfuerzo extraordinario, ya no más ocurrencias, ni medidas fragmentadas.

Las aquí firmantes sostenemos que es indispensable implementar medidas contundentes y de largo plazo para terminar con la violencia, que incluyan:

Una Fiscalía General de la República autónoma, independiente y eficaz.

La PGR debe transformarse en una institución que investigue los crímenes y castigue responsables; en una Fiscalía en donde su titular sea la persona más capaz y no el amigo del poder político, con personal debidamente formado y mecanismos de control ciudadanos que evalúen su trabajo.

Esto se debe realizar a partir de una reforma al artículo 102 constitucional y con una nueva ley orgánica.

Un proceso de recuperación de la Policía que parta de un plan urgente para fortalecer policías en todos los niveles.

Abrogación de la Ley de Seguridad Interior que perpetúa la violencia en la que llevamos sumidos 12 años.

Una importante cantidad de sentencias, diagnósticos y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos han indicado que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es contrario a los estándares internacionales en esta materia y detona violaciones a derechos humanos.

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Un mecanismo internacional complementario para hacer frente a la impunidad, con presencia de especialistas internacionales en investigación penal, que trabaje de la mano con las instituciones del Estado para sumar capacidad técnica y dar visibilidad a redes de corrupción fuertemente arraigadas en el sector público.

Una comisión que permita a las víctimas de delitos de alto impacto y violaciones a derechos humanos saber la verdad de lo que pasó y reparación del daño causado.

Para combatir verdadera y eficazmente a la corrupción necesitamos, además de una Fiscalía de la República autónoma, lo siguiente:

Establecer como condición indispensable la independencia de los Titulares de los Órganos Internos de Control y Fiscales de los Gobiernos Estatales, Secretarías de Estado, Organismos Desconcentrados y Descentralizados de la Administración Pública Federal, con el fin de garantizar la prevención, investigación, sanción de faltas administrativas, delitos y hechos de corrupción.

Garantizar la transparencia total y rendición de cuentas en todas las contrataciones públicas realizadas por el Gobierno Federal, Gobiernos de los Estados y Municipios.

Proponer al Congreso la Unión una iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con objeto de derogar la contratación entre entes públicos y la subcontratación de servicios por parte de las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal.

La ley debe ser elaborada siguiendo las mejores prácticas internacionales, utilizando la tecnología más moderna y con la participación de la sociedad civil.

Privilegiar la modalidad de Compras Consolidadas y mediante la implementación de Contratos Marco en el requerimiento de bienes y servicios de consumo y uso generalizado del Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados y Municipios, que garanticen las mejores condiciones para el Estado.

Implementar una verdadera política de fiscalización y control de recursos públicos, para identificar y erradicar a las empresas fantasmas de todas las contrataciones financiadas con recursos públicos en el ámbito Federal, Estatal y Municipal.

Dar seguimiento confiable -con contralores independientes- a todos los procesos de obras públicas, y rendir cuentas al finalizar los procesos.

 

Si quieres informarte más, visita: Regeneración

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