Foto tomada del Sol de México
- La Conferencia de las Partes de la Convención de Palermo aprobó por unanimidad la resolución de México y Honduras
- El documento pide a los países castigar la corrupción que facilita el tráfico de armas y compartir datos de rastreo
- Gobierno de Sheinbaum ha decomisado 36 mil 300 armas entre octubre de 2024 y septiembre de 2026; 75 por ciento de las armas provienen de EE.UU.
En la decimotercera Conferencia de las Partes de la Convención de Palermo de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada del 19 al 23 de octubre en Viena, se adoptó por unanimidad una resolución presentada por México y Honduras para fortalecer la cooperación internacional contra el tráfico ilícito de armas de fuego, mediante acciones contra la corrupción y el lavado de dinero, el uso de nuevas tecnologías y la recolección de información, así lo informó este 27 de octubre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El gobierno de México informó a través de la SRE con el comunicado No. 213/2026, que impulsó la resolución CTOC/COP/2026/L.5/Rev.1 del 21 de octubre de 2026 en la Convención de Palermo debido a la prioridad que el país le concede al tema.
La Conferencia de las Partes de la Convención de Palermo se da en el marco de la Conmemoración del 25 aniversario de la adopción del Protocolo contra la fabricación y tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones que complementa la Organización de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada internacional.
La resolución impulsada por México reconoce el papel que desempeña la corrupción de los estados a la hora de permitir la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego por organizaciones delictivas. Asimismo, el documento exhorta a las naciones a reforzar medidas contra las organizaciones criminales transnacionales involucradas en la fabricación y tráfico ilícito de armas, sus piezas y componentes. La resolución busca alentar a los países a castigar penalmente la corrupción que hace posible dichos delitos.
Con el documento de Palermo, México también solicitó a la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito que siga prestando apoyo a los esfuerzos contra la corrupción de los gobiernos detrás del tráfico de armas de fuego. Igualmente solicita el refuerzo de la cooperación internacional con organizaciones como la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
La resolución exhorta a los Estados parte a registrar y analizar datos cuando proceda, incluidos los datos de localización relativos a las armas de fuego recuperadas de un ilícito, armas incautadas, decomisadas, recogidas y encontradas. México pide que utilicen los resultados de la localización para determinar patrones de tráfico, redes delictivas y vínculos con otras formas de delincuencia organizada.
Con la iniciativa presentada el gobierno mexicano busca impulsar la participación de los Estados parte para que contribuyan con información para la próxima publicación del Estudio Mundial sobre el tráfico de armas de fuego 2027.
En México el combate al tráfico ilícito de armas ha sido un punto clave de la estrategia de combate de la delincuencia organizada del Gabinete de Seguridad bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Según el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2026, se han decomisado 36 mil 300 armas de fuego que transitan ilícitamente por el país.
Al respecto del tráfico de armas ilícitas que circulan en el país la presidenta de México, Claudia Sheinbaum declaró en un evento llevado a cabo a las afueras de la Basílica de Guadalupe del pasado 9 de julio de 2026, denominado “Sí al desarme, sí a la paz”, que el 75% de armas provienen de Estados Unidos.
En contraste, el gobierno estadounidense ha cuestionado la estrategia de seguridad de México, acusándola de ser insuficiente mediante un memorándum de La Casa Blanca publicado por The New York Times en octubre de 2026.
México ha impulsado el combate de armas ilícitas en el país desde tiempo atrás
En agosto de 2021 el gobierno de México presentó una demanda de 10 mil millones de dólares contra Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock, fabricantes de armas. Sin embargo, el máximo tribunal estadounidense determinó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) de EE.UU. otorga inmunidad a los fabricantes frente a demandas del uso indebido que los compradores hagan de sus productos.
Ante el dictamen del máximo tribunal estadounidense el gobierno de México, a través de la SRE rechazó la decisión judicial y anunció que continuarían con otras acciones legales contra la cadena de comercio y distribución de armas.
En diciembre de 2021, México presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que obtuvo en ese entonces 12 votos a favor.
Para octubre de 2022, el gobierno de México presentó una segunda demanda a la Corte Federal de Distrito de Tucson contra cinco tiendas de armas de Arizona.
