El Tribunal Colegiado le  odenó al juez decretar la suspensión de la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula en territorio otomí, en Pahuatlán, Puebla.

Leticia Ánimas

Regeneración, 28 de noviembre de 2017. Pahuatlán, Puebla.- El Juez Tercero de Distrito en el estado ordenó suspender cualquier obra de construcción y la consulta del gasoducto Tuxpan-Tula en territorio de la comunidad otomí de San Pablito en Pahuatlán, dio a conocer el abogado Raymundo Espinoza durante una asamblea realizada al pie del cerro sagrado que sería atravesado por esa infraestructura.

Espinoza indicó a los pobladores reunidos en la cancha techada al pie del Cerro del Brujo que en principio, el Juez federal negó la suspensión de los actos reclamados como violatorios de diversos derechos colectivos de la comunidad, pero tras un Recurso de Queja interpuesto contra esa resolución, el Tribunal Colegiado le ordenó al juez decretar la suspensión provisional.

Así que ni la empresa TransCanada, ni la constructora Bonatti, pueden hacer cualquier tipo de trabajo relacionado con la instalación de la tubería que traerá gas natural desde el sur de Texas, en Estados Unidos, a una planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad ubicada en la ciudad de Tula, Hidalgo.

Además de que ni la Secretaría de Energía (SENER) ni cualquier otra instancia gubernamental podrá realizar o continuar con la consulta de este megaproyecto a los habitantes de San Pablito, hasta que se dicte sentencia interlocutoria en el Incidente de Suspensión y si es favorable para la población, la interrupción continuará hasta que se resuelva el Juicio.

Aunque desde agosto pasado, ante representantes de la SENER los habitantes de San Pablito en Pahuatlan dijeron no a la consulta y no al gasoducto Tuxpan-Tula con que la empresa TransCanada quiere atravesar el cerro N´vite, que es sagrado para la comunidad.

El gasoducto viola el derecho al territorio de la comunidad

El abogado explicó que el Juez Tercero de Distrito admitió la demanda, pero se había negado a ordenar poner freno tanto a las actividades de la empresa, como a la consulta pública del gasoducto, con el argumento de que no se estaban violando derechos colectivos sino de propiedad.

“Le hicimos ver que las violaciones son contra derechos al territorio de esta comunidad indígena y que no se trataba sólo de frenar la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula, sino en principio para que no se continuara con la consulta”, añadió.

En este caso, como la construcción de la obra debe iniciarse cuando haya terminado la consulta, ni TransCanada, a través de su filial Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TGNH), ni Bonatti pueden realizar ningún tipo de trabajo relacionado con el gasoducto en territorio de la comunidad de San Pablito, de acuerdo con la resolución dictada la semana pasada.

Espinoza aclaró que el procedimiento de Amparo continúa y que será a mediados de diciembre o en enero de 2018 cuando se resuelva la suspensión definitiva de los actos reclamados, y en el mes de marzo o más allá cuando podría realizarse la audiencia constitucional del juicio.

Esta es la segunda orden judicial para suspender la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula en la sierra norte del estado de Puebla, pues hace unas semanas el Juez Segundo de Distrito del estado ordenó la suspensión del procedimiento de consulta pública en la comunidad totonaca de Cuautepec, en Tlacuilotepec y “mientras no haya consulta pública no pueden construir la tubería”.

A la fecha pobladores de la Sierra Norte de Puebla y de la Otomí-Tepehua en Hidalgo han interpuesto cinco juicios de Amparo, en uno de ellos se demandó la cancelación del gasoducto; mientras los otros tienen que ver con violaciones al derecho a la consulta pública, ya sea porque no se realizó, no se les incluyó, o bien porque el procedimiento con el que se hizo está viciado, explicó Espinosa.

Mientras en Tamaulipas el Juzgado Décimo Tercero, con sede en Ciudad Madero, ordenó a las empresas Ienova y TransCanada suspender la construcción del tramo submarino de esta misma tubería que viene del Sur de Texas hasta Tuxpan, por considerarlo un atentado al medio ambiente, informó Julián Córdova Hernández, de la Cooperativa Almirante del Mar Océano, quien promovió el amparo 921/2017-II-B en nombre de los pescadores por daños al ecosistema y a la pesca de camarón.