Los familiares de las víctimas no pudieron dialogar con el titular de la PGR, solo fueron atendido por la Subprocuraduría de Derechos Humanos, donde se limitaron a decirles “no podemos ayudar, somos intermediarios”.
Regeneración, 25 de agosto de 2017.- En su búsqueda de justicia, este jueves los familiares de las víctimas de la masacre de San Fernando acudieron a la Procuraduría General de la República (PGR) con la esperanza de reunirse con su titular, Raúl Cervantes, para exponerle la necesidad de abrir la investigación para conocer el alcance de la misma después de siete años de la tragedia.
Pero, no pudieron verlo. Únicamente fueron atendidos por personal de la Subprocuraduría de Derechos Humanos durante escasos 30 minutos.
“No podemos ayudar, somos intermediarios”, les dijeron, según narró Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).
Ana Lorena representa a nueve familias que perdieron a sus hijos y hermanos en el rancho El Huizachal, ubicado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, donde perdieron la vida 72 migrantes en el 2010 a manos de presuntos sicarios al servicio del crimen organizado.
En conferencia de prensa, las familias que provienen de Guatemala y El Salvador, expresaron que no está claro aún quienes fueron los responsables de la matanza y si alguna línea apunta a la participación u omisión de agentes estatales.
Además, dijeron que no tienen certeza de que los restos que les entregaron sean de sus familiares pues aún siguen sin identificarse 10 de los 72 cadáveres.
Indicaron que todas esas dudas querían planteárselas al titular de la PGR, pero en la Subprocuraduría de Derechos Humanos les dijeron que les entregaran por escrito sus cuestionamientos.
Berenice Valdez Rivera del colectivo Migración para las Américas, dijo que “esto es una falta de respeto, los familiares vienen desde lejos para poder hablar con el procurador y nos salen con esto. Es una grosería para los migrantes y para los mexicanos”.
“No estamos pidiendo imposibles, pedimos que se identifiquen los restos, copias de los expedientes, que los mecanismos funcionen y funcionen bien. Pedimos justicia y nada más”, enfatizó Ana Lorena Delgadillo.
Agregó que “la masacre de los 72 representa y es el inicio de una de las peores tragedias que ha vivido la población migrante. Queremos que se investigue, se sancione y se repare el daño”.
Con información de Proceso
