Los elementos aseguraron que la acción ejercida por el gobernador Héctor Astudillo es una arbitrariedad pues viola el derecho de audiencia y se está cometiendo un despido injustificado.
Acusaron que siguen siendo utilizados como guardias personales de políticos y que son enviados a “cuidar edificios de particulares”.
Regeneración, 1 de junio de 2017.- Luego de que más de 600 agentes de la Policía Preventiva Estatal de Guerrero iniciaran un paro de labores para exigir un bono de riesgo ante la violencia que se vive en el Estado, el gobernador priista Héctor Astudillo Flores ordenó el despido de 176 policías paristas.
Los elementos aseguraron que la acción ejercida por Astudillo es una arbitrariedad pues viola el derecho de audiencia y se está cometiendo un despido injustificado.
Los uniformados marcharon sobre la Autopista del Sol y presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para resarcir la acción de Astudillo.
Cabe mencionar que, desde el pasado martes, el gobernador dijo que los policías participantes en el paro serían sancionados pues dejaron en total indefensión a los guerrerenses.
“Esos 176 elementos, además de dejar desprotegida a la población, se han colocado al margen de la ley, al apartarse del más estricto cumplimiento del deber que tiene toda institución policiaca: salvaguardar la integridad y los derechos de personas, prevenir la comisión del delito y preservar las libertades, el orden y la paz pública”, subrayó en un comunicado.
Los policías recalcaron que el gobierno estatal se niega a atender sus demandas, entre las cuales se encuentran la asignación de un bono de riesgo y la reducción de la jornada laboral de seis a tres días de trabajo.
El martes por la tarde, los uniformados decidieron terminar el paro, pero alegaron que los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que dirige el general en activo, Pedro Almazán Cervantes, no les dieron órdenes de trabajo, por ello permanecieron concentrado en el cuartel de la Policía Preventiva Estatal (PPE), hasta donde llegaron funcionarios de la SSP para notificarles la medida de despido masivo argumentado que los inconformes incurrieron en “violaciones graves” a la normatividad.
Los elementos lamentaron el autoritarismo del gobernador Héctor Astudillo y acusaron que siguen siendo utilizados como guardias personales de políticos y familiares, así como que son enviados a “cuidar edificios de particulares”, propiedad de la esposa de Astudillo, Mercedes Calvo Elizundia, la actual presidenta del DIF en Guerrero.
Además, denunciaron que las autoridades estatales continúan desviando fondos federales destinados a seguridad y advirtieron que emprenderán medidas legales para exigir su reinstalación y respeto a sus derechos laborales.
Con información de Proceso
