Peña Nieto quiere privatizar la salud, denuncia diputado de Morena

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El desmantelamiento del seguro social y del sector salud viola los derechos humanos de la población y sería un golpe terrible para los más pobres: diputado de Morena, Manuel Huerta. Exige al gobierno de Peña Nieto aclarar sus intenciones de privatizar servicios de salud. La propuesta del gobierno promueve la prestación privada de servicios que serán pagados con fondos públicos y la ampliación del mercado de seguros médicos complementarios; así como la modificación de la prestación de servicios médicos a derechohabientes del IMSS

Regeneración 28 de julio de 2015. Ante las versiones surgidas en redes sociales y entre la población sobre la privatización en el sistema de salud y la amenaza que representa para la población, el Vicecoordinador parlamentario de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que esta iniciativa “pretende trastocar el derecho humano a la salud y la obligación del Estado de proporcionar servicios gratuitos y de calidad a quienes lo demanden”.

Con el pretexto de crear el Sistema Universal de Salud como lo anunció la titular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan se quiere privatizar la salud, como está previsto en la iniciativa presentada por el senador del PAN, Daniel Ávila Ruiz,  el 1° de noviembre de 2014. La aprobación de esta iniciativa representaría el inicio del desmantelamiento total y fulminante del seguro social, como derecho social de los mexicanos, construido a lo largo de muchas décadas”, señaló Manuel Huerta.

La propuesta del PAN coincide puntualmente con la concepción del PRI, con las reformas que ya se han hecho en materia energética y educativa. Según el diputado Huerta, “en este caso se pretende adoptar la propuesta de Funsalud-Banco Mundial-Soberón-Frenk-Juan; su origen se remonta a 1995 cuando se reformó la Ley del Seguro Social para privatizar los fondos de pensiones y tiene la misma orientación que el Seguro Popular de naturaleza excluyente”.

El legislador de Morena argumenta que ambas reformas, la de 1995 y la que ahora prepara la Secretaría de Salud, intentan separar la regulación de la administración de fondos de salud/compra de servicios y de la prestación de servicios, a fin de “generar competencia de mercado”, con el supuesto de que se mejorará la calidad. “Sin poder mostrar hasta ahora evidencia alguna de que la competencia mercantil impacta la calidad, ni que genere mayor eficiencia”.

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La propuesta del gobierno de Peña Nieto, asegura el diputado, está envuelta en un supuesto atractivo “sistema universal de salud” que, según argumenta la iniciativa impugnada, acabará con la segmentación del sistema público y permitirá establecer igualdad de derechos para todos los mexicanos. Sin embargo, no está explícito el contenido y funcionamiento del nuevo sistema, se esconde el significado real de la propuesta. Huerta refiere que esta propuesta en realidad tiene dos objetivos: por un lado promueve la prestación privada de servicios que serán pagados con fondos públicos y la ampliación del mercado de seguros médicos complementarios. Por el otro, expone a las instituciones públicas, particularmente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a reglas que trastocan la prestación de servicios médicos ofrecidos a sus derechohabientes.

Para Manuel Huerta el problema de fondo del sistema público de salud en México es su crónico subfinanciamiento y su carencia de infraestructura y personal de salud. Según datos de la Organización Mundial de Salud, México es el país cuyo gasto público en salud es el más bajo como porcentaje del PIB –3 por ciento– entre los países latinoamericanos con un nivel semejante de desarrollo.

La carencia de infraestructura y falta de personal de salud, afecta negativamente la oportunidad y calidad del servicio. Ninguna institución pública ha construido y equipado la infraestructura física requerida para atender la demanda de servicios, frente al cambio demográfico y epidemiológico que sufre la población del país; todas mantienen un déficit grave de personal regular y muchas operan con contratos irregulares. La absoluta prioridad nacional es corregir estos problemas si, como se dice, se quiere hacer exigible e igualitario el derecho a la salud de todos los ciudadanos, con independencia de sus características personales o inserción laboral.

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La propuesta, que ahora pretende adoptar la Secretaría de Salud, es restrictiva porque sólo determina un Paquete de Garantías Explícitas de Salud (PGES), probablemente como las del Seguro Popular, con estándares de calidad y tiempos máximos de espera cuestionables; con la obligación de la Secretaría de Salud, el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de prestarlo, en situación precaria.

En las actuales condiciones de carencias de las instituciones públicas, la medida tendrá necesariamente dos consecuencias. Por un lado, las instituciones se verán obligadas a posponer la atención de todos los padecimientos excluidos del PGES, lo que en la práctica significa una pérdida de derechos a la atención médica oportuna de los derechohabientes del seguro social. Por otro lado, como las instituciones públicas no tienen la capacidad suficiente de atención, se tendrá que comprar la atención del PGES a los prestadores privados, pagándoles con recursos del fondo público que se pretende establecer. Es decir, habría una transferencia de recursos públicos a los privados; recursos que serán descontados a las instituciones públicas.

Antes estos hechos, dijo que como integrante del Congreso de la Unión, presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, en donde de nueva cuenta, pedirá a la titular de la Secretaría de Salud, informe de manera inmediata, si hay intenciones de privatizar los servicios de salud que se brindan a los mexicanos y demandará que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se destinen mayores recursos a las instituciones públicas de salud y seguridad social.