De las víctimas, quienes resultaron embarazadas no pudieron interrumpir su embarazo pese a que la legislación lo contempla en casos de violación.
Regeneración, 07 de mayo 2016.- Desde el inicio de la gestión de Javier Duarte en 2010 y hasta el año pasado, en Veracruz se reportaron 10 mil 295 delitos sexuales contra mujeres y niñas.
De las víctimas que resultaron embarazadas, ninguna pudo interrumpirlo, pese a que la legislación contempla que, si lo contempla para los casos de violación, por eso diversas organizaciones encabezadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), solicitaron otra alerta de violencia de género.
En septiembre del año pasado, defensores de los derechos de las mujeres solicitaron por primera vez ese mecanismo debido al alto número de feminicidios. Cuando el gobierno federal inició la investigación para determinar si era pertinente emitir tal medida las propias autoridades locales revelaron esa cifra y admitieron que nadie pudo acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE).
El año pasado 487 niñas veracruzanas entre 10 y 14 años dieron a luz, la mayoría de esas pequeñas fue violada, aseveró en entrevista Rodolfo Domínguez, del OCNF. Funcionarios de salud y de procuración de justicia con prejuicios no les informan sobre su derecho a no continuar con la gestación o impiden que ellas lo puedan detener.
Son embarazos forzados, lo cual constituye una forma de tortura, sostuvo el activista. Por ello en esta ocasión la petición de alerta de violencia de género es bajo la figura de agravio comparado, pues además de que se les niega ese derecho, el próximo jueves el Congreso local discutirá una reforma legal antiaborto.
Bajo la premisa de proteger la vida desde la concepción, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa pretende obstaculizar totalmente el derecho a no continuar con el embarazo, explicó. Sin embargo, eso pone en riesgo la vida de las niñas, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud tener a un hijo en esa etapa es una de las principales causas de muerte materna.
La criminalización y discriminación de las mujeres que abortan es una constante en la entidad, agregó Araceli González Saavedra, de la organización Equifonía –otro grupo de los que pidieron la alerta–; es importante que se revise la legislación vigente en cuanto a los derechos sexuales y la salud reproductiva para evitar que se violen otras garantías de las mujeres, sostuvo también en entrevista.
Algunos funcionarios actúan con prejuicios y otros por ignorancia, señaló. En un monitoreo que realizó Equifonía al cumplimiento de la norma 046 nos dimos cuenta de que hay un gran desconocimiento del personal en las clínicas sobre cómo atender la salud de las mujeres que sufrieron violencia sexual; es decir, pruebas de VIH o alguna enfermedad de transmisión sexual, darles la pastilla de emergencia para evitar un embarazo o interrumpirlo en caso de que ya haya ocurrido, explicó.
El Estado no garantiza la seguridad de las mujeres, aseveró. Luego, después de sufrir una violación, les niegan el derecho a la justicia, pues no detienen o no sentencian al culpable, y les prohíben decidir si quieren seguir con un embarazo que nunca desearon, deploró.
Información de la Jornada.