Arnaldo Córdova
De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución, el Estado se instituyó por voluntad del pueblo mexicano para que lo representara ante las naciones, para que gobernara a su sociedad buscando las condiciones en las que cada uno de sus integrantes tuviera plena libertad para dedicarse a la ocupación que le conviniera, garantizando sus derechos, organizando la convivencia social, administrando los bienes comunes de la nación para dar sustento a aquellas actividades individuales o colectivas y para que se ocupara de su defensa y protección ante amenazas venidas de dentro o de fuera a la seguridad de la nación mexicana.
Ese Estado es definido en el artículo 40 como una república representativa, democrática y federal. Es un Estado fundado para todos los mexicanos y no para algunos de ellos o para un grupo entre ellos. El 39 puntualiza que todo poder público se instituye para beneficio del pueblo, vale decir, para todos sus integrantes. Cuando un Estado no es eso sino un poder puesto al servicio de unos cuantos no sólo deja de ser Estado, sino que se convierte en una maquinaria de opresión y violencia en contra de la sociedad y su pueblo para mantener el dominio de los privilegios particulares sobre el bienestar y los intereses de todos los demás.
A eso se llama oligarquía y constituye un régimen político en el que el poder del Estado y la riqueza social se concentra en unos pocos, con exclusión del resto de la sociedad. Fue por eso que Andrés Manuel López Obrador propuso diez puntos que el gran movimiento cívico que él encabeza se fija como objetivos en su lucha por transformar al Estado y volverlo un Estado de todos y a través de él remover los privilegios y las injusticias que este Estado oligárquico ha impuesto y defiende a sangre y fuego. En el primer punto llama al rescate del Estado para ponerlo nuevamente al servicio de la nación mexicana.
No quiero decir que en algún momento hayamos tenido un Estado de verdad identificado con los intereses nacionales, de todos, pero antes de 1982 por lo menos se sostenían incólumes, a pesar del régimen autoritario priísta, algunos de los grandes principios que hacían del Estado un poder al servicio de la sociedad. Se m
antuvo la política agraria, aunque yendo siempre hacia callejones sin salida, por falta de convicción y por ineptitud; el Estado definía muy bien el patrimonio de la nación y, aunque lo daba de muchas maneras al saqueo de los privados, era defendido por los gobernantes, evitando abusos de privilegiados; se mantuvo la política social en los campos educativo, de salud y de asistencia. Todo eso se acabó.
A partir del inicio del gobierno de De la Madrid, el patrimonio de la nación administrado por el Estado fue rematado a los privados, muchos de ellos extranjeros, se concentró el poder económico del Estado para hacer florecer la riqueza de unos cuantos, no sólo mediante la adquisición a precio de ganga de los bienes públicos, sino exentándolos de sus obligaciones para con el erario (muchas de las grandes fortunas son fruto de la falta de pago de impuestos) y convirtiendo el latrocinio y el tráfico de influencias en los métodos normales de hacer negocios. El resultado está a la vista; un desarrollo económico ferozmente desigual y la pobreza y la miseria de todos los sectores populares, en especial de las clases medias, cada vez más extendidas y consolidadas.
Esa es la razón por la cual López Obrador llamó a rescatar al Estado, para devolverlo a la nación, a sus ciudadanos, a su pueblo y deje de ser esa maquinaria de dominación que todo lo avasalla para hacer más ricos y poderosos a unos cuatrocientos grupos empresariales y oligárquicos. La reforma del Estado a que está convocando nuestro movimiento busca hacer de nuevo del Estado mexicano un Estado que se debe a todos sus ciudadanos y no sólo a unos cuantos oligarcas.