Episodios de la Historia de México.
La apelación del pueblo
Luz Nieto
Es frecuente que en los procesos electorales candidatos y partidos convoquen al pueblo a emitir un voto a su favor, asegurándole que lo representarán en las decisiones públicas cuando ocupen los cargos o cuando su partido en el municipio, el estado o las legislaturas permita que su voto determine el sentido de una norma o la puesta en práctica de un programa. Nada más alejado de la soberanía popular, tal como la concibieron nuestros constituyentes.
Ignacio Ramírez analizaba este asunto con detenimiento, en un artículo, La apelación al pueblo. La soberanía popular, afirmaba, no se ejerce a través del Congreso, porque todo mandato o delegación es imperfecto y se aleja fácilmente de la voluntad de quien eligió a un representante. El poder judicial se corrompe fácilmente y se somete a los intereses del poder. La justicia sólo podría ser soberana si se constituyeran verdaderos jurados populares. Y en el municipio, como en los estados, el pueblo no ejerce soberanía alguna. Las decisiones dependen de los grupos políticos que subordinan a los mandatarios.
La apelación al pueblo, tal como se ha ensayado hasta el día, no es más que un engaño; puede satisfacer las miras de un partido, pero jamás se verá comprendida entre las instituciones de la democracia. Apelar al pueblo no es pedirle un voto desnudo, sino una opinión suficientemente razonada sobre los negocios que se le someten. Pedirle un voto expresado por las simples palabras de sí o no, es hacerle violencia y sorprenderlo.
El único ejercicio verdadero de la soberanía, concluye Ignacio Ramírez, es la convocatoria a participar, en cada comunidad, en cada pueblo, a la discusión y resolución colectiva de los problemas fundamentales que se planteen a la comunidad, el municipio, el estado, el país. Sólo así puede realmente hablarse de apelación al pueblo. Sólo el pueblo organizado puede ejercer su soberanía.
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