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Privatización del agua, parte de reforma energética para dar agua a fracking y minería. Decretos de EPN “acto verde pero representan una Caja de Pandora”

Por Leticia Ánimas

Regeneración, 21 de junio, Huauchinango, Pue.– La reserva decretada sobre casi 300 cuencas hidrológicas del país, es la medida que faltaba al presidente Enrique Peña Nieto para culminar la Reforma Energética, es un acto disfrazado de “verde, pero representa una Caja de  Pandora” debido a que los volúmenes de agua reservados podrán entregarse a la industria extractiva de minerales o hidrocarburos.

Quien asegura lo anterior es Elena Burns, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en temas del agua, quien aseguró que esta actuación “unilateral” del presidente fue la que prendió las alertas sobre el tema ya que es un fenómeno similar al que se dio al final del sexenio de Felipe Calderón, en 2012, cuando entregó miles de concesiones mineras y también permitió, a través de la firma de un tratado, que Estados Unidos se quedará con más reservas de agua.

En cambio, la polémica causada por el decreto, obligó a que la Comisión Nacional del Agua saliera a desmentir los señalamientos de “privatización” y a minimizar el hecho refiriendo que el tema se estaba politizando debido al proceso electoral.

La también activista de la organización Agua para Todos precisó que el decreto firmado por el jefe del Ejecutivo federal violó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Observación 15 del Pacto Interamericano de Derechos Humanos, Sociales y Políticos, que exigeque cualquier acto de autoridad que afecte a la población en su derecho al agua tiene que consultarse con los afectados.

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En cambio el decreto se emitió sin haber consultado a los pueblos originarios y a las comunidades afectadas y con él, Peña Nieto, evadió la discusión y aprobación de una nueva ley General de Aguas, pendiente por decisión constitucional, desde el 2013.

“Nos tiene en alerta máxima el hecho de que el Ejecutivo evada una discusión en el Congreso de la Unión de una ley que debió aprobarse hace cinco años y que actúe de manera unilateral, porque es un fenómeno que se da al final del sexenio, como cuando Calderón entregó miles de concesiones mineras y también cedió a Estados Unidos en un tratado de aguas que le permitió a ese país quedarse con mayores volúmenes de aguas continentales”, explicó.

Burns añadió que el decreto emitido el pasado 6 de Junio –en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente- le permitirá a Peña Nieto culminar la reforma energética para la minería y la explotación de hidrocarburos con fractura hidráulica. Porque “necesita garantizar el agua para las presas, que es la tercera reserva que se hizo para la supuesta generación de energía eléctrica. Por ejemplo en el río San Pedro Mezquital se reservarán 2 mil millones de metros cúbicos de agua al año. Las reservas están pintadas de verde, pero son Cajas de Pandora tenemos que estar alerta y las podemos revertir con la iniciativa ciudadana de Ley General de Agua”.

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Los diez decretos de Peña Nieto eliminan las vedas de casi 300 cuencas hidrológicas en el país, que equivalen al 55 por ciento de los lagos y los ríos, estableciéndose reservas de aguas para los usos “doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas”, lo que significa que puede aprovecharse esa agua.

Corresponden a diez ríos Grijalva-Usumacinta -Chiapas, Tabasco y Campeche-; Papaloapan -Oaxaca, Puebla y Veracruz-; Pánuco -Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León-; Costa Chica de Guerrero y Costa Grande -Guerrero y Oaxaca-San Fernando Soto la Marina -Tamaulipas y Nuevo León-; Santiago -Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas-; Actopan-Antigua -Veracruz y Puebla-; Costa de Jalisco -Colima y Jalisco-; y Ameca -Nayarit y Jalisco-.

Los decretos de Peña Nieto levantaron las prohibiciones sobre el uso del agua de los ríos y con un nuevo arreglo abrirán algunos volúmenes extinguiendo los derechos de los núcleos agrarios que tenían concesiones y que no los han renovado. Aunque se les dijo que tenían como plazo hasta el 31 de diciembre de 2018 para hacerlo. “Con esto los ejidos ya no podrán renovar sus concesiones, de las que hay 50 mil en el país”.

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Además la CONAGUA está hablando de las reservas como si “fueran puras reservas ecológicas” pero hay algunas catalogadas para “uso público urbano y ahí cabe lo que sea. Porque está probado que quienes tienen acceso a más volúmenes de agua son quienes tienen mayor poder económico y político, por ejemplo en la Ciudad de México, la Pepsi-Cola a la que nunca les falta el agua, mientras vastos sectores de la población no tienen”, precisó la investigadora.

En el caso de Puebla, Veracruz y Coahuila, por ejemplo, quedará en manos de los gobernadores que han sido “los principales promotores de la privatización del agua”.

“Estamos ante una situación en la que la Constitución exigió que se expida una nueva Ley General de Aguas que permite la participación ciudadana al lado de los gobierno para lograr el acceso equitativo y sustentable a este bien y que tenía que haberse aprobado en febrero de 2013 porque la que está vigente es una ley que le fue impuesta en México en 1992 como requisito para que entráramos al Tratado de Libre Comercio y es una ley privatizante. Sin embargo este decreto conserva el poder del gobierno federal sobre el agua, cede poder a los gobiernos estatales, a la CFE y abre nuevos volúmenes del líquido para las empresas privadas de Fracking o para la minería que estaban urgidas de que se levantara la veda”, acotó Burns.

Si quieres informarte más, visita: Regeneración

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