Joaquín López Dóriga y su esposa, Teresa Pérez Romo, serán citados a declarar por el presunto intento de extorsión.
Regeneración, 9 de septiembre de 2017.- Este jueves, el grupo inmobiliario Abilia, de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, ganó el amparo definitivo ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, lo cual significa que tendrá que llamar a declarar a los 39 testigos y vecinos, incluido el periodista Joaquín López Dóriga y su esposa, Teresa Pérez Romo, por el presunto caso de intento de extorsión.
Los magistrados del Octavo Tribunal Colegiado Penal cancelaron el no ejercicio de la acción penal ordenado por la Procuraduría capitalina desde agosto de 2016, por ello los testigos serán citados a declarar ante la demanda de Abilia por el intento de extorsión.
Los magistrados José Pablo Pérez y la ponente Taissia Cruz votaron a favor de reabrir el caso e interrogar a los testigos, mientras que el magistrado Carlos Enrique Rueda Dávila votó en contra.
El abogado Javier Coello Zuarth, quien encabeza el caso, dijo: “Ganamos el amparo en definitiva y esto significa que deberá la Procuraduría llamar a declarar a los testigos. Logramos el piso parejo para todos y vamos a poder llevar a proceso a la señora Pérez Romo”, esposa de Joaquín López Dóriga.
Desde 2015, se conoció la denuncia de Aramburuzabala contra la esposa de Joaquín López Dóriga por intento de extorsión, cuando el abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba fue videograbado pidiéndole a los representantes de Abilia 5 millones de dólares.
El dinero fue pedido a nombre de los vecinos del edificio de Rubén Darío 223, a cambio de frenar la presión en el gobierno de la Ciudad de México para que se construyera un complejo de departamentos en el predio Rubén Darío 225.
Luego, el 18 de agosto del 2016, por presiones del gobierno capitalino y ante la notable influencia del exconductor de Televisa, la Procuraduría capitalina archivó la averiguación previa argumentando que no era necesario citar a declarar a los vecinos para determinar la existencia de un delito.
“La Procuraduría actuó como abogado defensor de los acusados y no como Ministerio Público en busca de la justicia”, reclamó el abogado Coello en esa ocasión, por lo que Abilia promovió el amparo 72/2017 contra esa decisión.
Con información de Proceso