El ombudsman Luis Raúl González Pérez presentó el Estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas, y señaló que las autoridades de Querétaro, Tabasco y Michoacán no proporcionaron información.
Regeneración, 07 de abril de 2018.- Las autoridades del Trabajo les falta de compromiso para detectar a víctimas de trata de personas en campos agrícolas del país, quienes están sometidos a servicios forzosos, denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La comisión hizo un llamado al gobierno mexicano para ratificar el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que entró en vigor el 9 de noviembre de 2016.
Al presentar el Estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas, Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH sostuvo que se plantea una política pública, porque las normas nacionales e internacionales ya están, pero no bastan; ahora falta voluntad política para materializarlas.
Destacó la importancia de que las autoridades federales y locales del Trabajo comprendan que los jornaleros agrícolas del país se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad que los hace susceptibles a ser víctimas de trata de personas en la modalidad de trabajos o servicios forzosos.
González Pérez indicó que dichas autoridades actúan bajo la inercia de costumbres de las regiones que por muchos años han generado la intervención de los llamados “enganchadores”, quienes tras hacer una oferta de trabajo a grupos de jornaleros agrícolas se encargan de sus traslados, de sus alimentos, insuficientes y de mala calidad; de las zonas de pernocta, indignas e insalubres; de su nula seguridad y su retorno a lugares de origen, en condiciones de hacinamiento, sin que autoridad alguna supervise la actuación de tales “contratistas” o patrones.
“Inspeccionar un campo agrícola y ver a un hombre o mujer trabajando en condiciones indignas, peligrosas, bajo amenazas de retención de sueldos, tendría que tener el mismo nivel de acción y respuesta por parte de las autoridades que el encontrar a una mujer víctima de trata de personas en los operativos implementados en algún bar u hotel”, aseguró.
El estudio indica que la pobreza que lleva al trabajo forzoso tiene cara de mujer, pues 70% de casos de trabajo forzoso corresponden a mujeres.
Además se ha duplicado el número de jornaleros, que ya supera los 5 millones de trabajadores del campo que reciben un salario mísero.
El Estudio puede consultase en la página www.cndh.org.mx