En este mes se registraron 3 asesinatos y al menos dos ataques, sólo es comparable a los diez días de 2012 en Veracuz, donde asesinaron a cuatro comunicadores.
Regeneración, 1 de marzo de 2017.- El pasado 23 de marzo fue asesinada la corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach la periodista salía de su casa en su camioneta para llevar a su hijo a la escuela, cuando un sujeto armado se acercó a la ventanilla y arremetió contra ella.
No había pasado ni una semana del asesinato de Breach Velducea en Chihuahua cuando, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, la casa del reportero Julio Omar Gómez fue incendiada de manera intencional por agresores que también le dispararon a su guardaespaldas.
Tan sólo un día después, en Poza Rica, Veracruz, el jefe de redacción del periódico La Opinión fue atacado por pistoleros que lo dejaron entre la vida y la muerte.
También el 2 de marzo, en Guerrero, había sido asesinado Cecilio Pineda Brito, director de La voz de Tierra Caliente. Y, el 19 siguiente siguiente, Ricardo Monlui Cabrera, director de El Político, fue también víctima de homicidio frente a su familia.
Por estos actos de asesinato marzo se convirtió así en uno de los periodos de mayor violencia contra la prensa en la última década, considera Leopoldo Maldonado, encargado del programa de Protección de la organización Artículo 19, sólo comparable a los diez días de 2012 en los que, en Veracruz, asesinaron a cuatro comunicadores; entre ellos la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez.
De acuerdo con el conteo de Artículo 19, Breach Velducea, corresponsal en Chihuahua del periódico La Jornada, se convirtió en la periodista número 103 en ser asesinada en este país desde el inicio de este siglo. México lleva años en la lista de los países más peligrosos de América Latina para ejercer el periodismo.
Esta estadística muestra que la violencia se agudizó a partir de 2006, año en el que fueron asesinados 10 periodistas y en el que, en diciembre, tomó posesión el Presidente Felipe Calderón, que también entonces declaró su estrategia de “combate frontal” al narcotráfico.
A partir de entonces, indica el conteo de Artículo 19, en el país han sido asesinados 78 comunicadores; 48 en el sexenio de Felipe Calderón y otros 30, hasta el crimen de Miroslava Breach, registrado el 23 de marzo, en lo que va de la administración del priísta Enrique Peña Nieto.
Como Maldonado, Garza advierte que el contexto de ataques a la prensa de la última década motivó la creación de diferentes instancias para atenderla, como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en funciones desde 2010; el mecanismo de protección a periodistas y defensores, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y la federalización de los delitos cometidos contra representantes de medios de comunicación.
Según observan los entrevistados, las instituciones de no ser por su ineficacia, dejarían a México como uno de los países que mayor respuesta ha dado a la problemática de agresiones a la prensa.
“Creo que México es el país que más atención pone para garantizar la libertad de expresión, si lo mides por el numero de instituciones, instrumentos o leyes que se han creado”, dice Garza.
“Es evidentemente un impedimento mayúsculo en términos de encontrar respuestas, y es un incentivo para que se sigan produciendo, porque los responsables de estos crímenes, evidentemente, sienten que el peso de la ley nunca va a caer sobre ellos; entonces, es un mensaje de que pueden seguir haciéndolo sin ser castigados”, agrega Carlos Lauría director del Programa para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, sus siglas en inglés).
Además, agrega que “en muchas regiones, no sólo en la frontera norte, hay periodistas y medios con terror, amordazados, que trabajan en un clima de intimidación en el que es muy difícil informar sobre los temas que más importan a sus comunidades, y una sociedad menos informada es una sociedad menos democrática”.
“Y uno puede pensar que ya no hay excusas; sin embargo, la impunidad sigue presente. Y creo que aquí hay una cuestión clave de si es esto para el Gobierno de México un tema central, y esa es la cuestión: no lo ha sido; no es un tema prioritario para la agenda de México”, expresó.
Con información de: Proceso