Integrantes de AMEDI, Fundar, RED3D, CEJIL y otras asociaciones acudieron a la CIDH en Washington para solicitar la visita a México del relator para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, para que pueda analizar en directo situaciones que afectan a México en materia de libertad de expresión y de ejercicio de periodismo crítico e independiente.
Edith Peredo
Regeneración, 11 de abril de 2016.- Durante el 157 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en Washington se realizó la audiencia solicitada por numerosas organizaciones mexicanas, en la cual la CIDH habló sobre la Libertad de Expresión en México y escuchó a los representantes de las mismas sobre las violaciones al derecho a la información en el país.
Dichas organizaciones son la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Fundar, Centro de Análisis e Investigación A. C., Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, Red por la Defensa de los Derechos Digitales (RED3D), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Colectivo por la Transparencia, Transparencia Mexicana y la periodista Carmen Aristegui.
Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, fue la primera en tomar la palabra y comentó la lista de temas que abordarían los representantes para después dar paso a Justine Dupuy de Fundar, quien dijo que “el acceso a la información y la transparencia abonan a la lucha contra la corrupción, deben ser piedras angulares del sistema nacional anticorrupción que México está construyendo y sin embargo no es el caso”.
Agregó que por desgracia en México la publicación de las declaraciones patrimoniales de intereses de las y los servidores públicos no es una obligación a diferencia de muchos otros países del continente. Por ello “pedimos que el Estado Mexicano mediante el congreso incluya la obligatoriedad de publicar versiones públicas de estas declaraciones en el contenido de la nueva ley general de responsabilidades administrativas”.
Asimismo, Dupuy habló sobre la publicidad gubernamental que se incluye en medios y dijo que “la publicidad oficial puede servir como una herramienta de censura indirecta que favorece o castiga a los medios según sus líneas editoriales”.
Luis Fernando García de RED3D dijo que la Ley Telecom “establece amplias y vagas facultades para vigilar las comunicaciones y obtener otros datos de usuarios… condición que es contraria al derecho a la privacidad”.
Además, dijo que “el ofrecer este tipo de facultades sin el otorgamiento de controles democráticos no solo afecta la privacidad sino que compromete la vida y la seguridad de la población incluyendo la de defensores de derechos humanos y periodistas”.
De igual forma, Paulina Gutiérrez de Artículo 19, mencionó que existen leyes que inhiben el uso del espacio público tanto con medidas administrativas que establecen requisitos y restringen los espacios o en la habilitación discreta del uso de la fuerza pública y armas letales.
Indicó que es de su interés poner énfasis en el debate que se llevó a cabo hace algunos días en el Senado por la Ley de Protección de datos en posesión de autoridades ya que el proyecto contiene u omite disposiciones que afectarán directa o indirectamente el derecho de acceso a la información, por tanto solicitó que no aprobaran la ley en los términos en que se encuentra y que se incluyan las observaciones técnicas que ellos mismos realizaron en conjunto.
Aleida Calleja de AMEDI añadió que la nueva Ley Telecom es sumamente restrictiva y “emite criterios discriminatorios en contra de medios comunitarios e indígenas a los cuales les pone muchas trabas para su financiamiento, acceso a las frecuencias. Tan es clara la dilación administrativa para que estos medios puedan operar que a dos años de aprobada la ley, el Instituto Federal de Telecomunicaciones solo ha dado una concesión para uso comunitario”.
Seguidamente, Carmen Aristegui dijo “Había una vez, una casa blanca en un barrio lujoso de la ciudad de México en posesión de un presidente de la república y unos periodistas que contaron su historia, la historia terminó en censura”.
Aristegui dijo que su historia concluía solo con tres cosas “Casa Blanca, periodistas, censura”.
A nombre de los representantes mexicanos, Carmen Aristegui mencionó que “Los periodistas sabemos cómo operan los mecanismos de censura, de censura previa y de control editorial desde los siglos del silencio, desde las estructuras oficiales y desde los espacios del poder empresarial y de los concesionarios. Dejo dos solicitudes expresadas a nombre mío y de las organizaciones; solicitamos una visita oficial del relator para la libertad de expresión, Edison Lanza para que pueda analizar en directo situaciones que afectan a México en materia de libertad de expresión y de ejercicio de periodismo crítico e independiente, e investigar in situ situaciones y casos que ilustren los mecanismos y prácticas que producen censura directa e indirecta y de manera extendida el fenómeno de la autocensura… No hay peor censura que el asesinato de un periodista y la impunidad el mayor agravio desde el Estado”.