Por Ricardo Sevilla

Enrique Peña Nieto removió en tres ocasiones a los titulares de la Secretaría de la Función Pública. El primero en ocupar el cargo ⎼1 de diciembre de 2012⎼ y ser removido tres años después ⎼el 3 de febrero de 2015⎼ fue el hidalguense Julián Olivas Ugalde, quien cerró su gestión haciendo caso omiso sobre los más de 165 mil millones de pesos que, de acuerdo a la ASF, fueron calificados en su momento como un “presunto daño al erario federal”.

El siguiente peñanietista en ocupar el cargo fue el polémico Virgilio Andrade Martínez, exconsejero electoral del Instituto Federal Electoral durante los gobiernos de Fox y Calderón (2003-2010).

Durante su efímero paso por la SFP (del 3 de febrero de 2015 al 18 de julio de 2016), Andrade Martínez tuvo a su cargo dos investigaciones que fue incapaz de sacar a flote: reportar y poner en claro si Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera, y Luis Videgaray (en ese momento Secretario de Hacienda), habían incurrido en conflicto de interés en la adquisición de casas de Grupo HIGA.

Arely Gómez González, hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa y conductor del programa Tercer Grado, fue la tercera encargada de la SFP del sexenio peñanietista. Gómez González, quien duró en el cargo un par de años (del 27 de octubre de 2016 al 30 de noviembre de 2018) se negó a investigar a Rosario Robles, a quien justificó, con una mano en la cintura, diciendo: “una secretaría no puede tener conocimiento de todo lo que acontece con miles de servidores públicos que trabajan para ellas… es mucha la carga. Por eso tenemos el oficial mayor, los subsecretarios. O sea: por eso hay delegación de facultades”.

Cabe destacar que, en 2019, Juan Manuel Portal, quien fuera titular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), afirmó que Peña Nieto sabía perfectamente sobre los desvíos de recursos que Robles y su equipo, a través del esquema conocido como la “Estafa Maestra”, se habían llevado a cabo. Portal, en una memorable entrevista en W Radio, reveló ante sus atolondrados entrevistadores (Gabriela Warkentin de la Mora y Javier Risco Reyes) que había notificado a los tres secretarios de la Función Pública: Julián Olivas Ugalde, Virgilio Andrade y Arely Gómez, de los actos de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social, pero los tres fueron omisos a las denuncias.

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Felipe Calderón, por su parte, también tuvo tres secretarios de la Función Pública. El primero fue Germán Martínez Cázares. Este férreo opositor de López Obrador ⎼que paradójicamente hoy es senador por Morena⎼ estuvo 18 meses en el cargo, tiempo suficiente como para que la ASF revelara, en su Análisis de la Cuenta Pública 2008, que el panista (ahora disfrazado de morenista) hizo caso omiso sobre las 7 mil 500 irregularidades en el ejercicio del gasto federal y que, ahí como no queriendo la cosa, incluyó un préstamo de 501 millones de dólares que el Banco Mundial entregó al Gobierno mexicano a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En ese momento se alegó que los recursos se destinarían al desarrollo de políticas sobre el cambio climático. Sin embargo, la ASF señaló que “se desconoce el destino de 6 mil 878 millones de pesos y los resultados esperados por su aplicación, debido a que el préstamo se pactó sobre acciones ya realizadas”.

Martínez Cázares fue relevado en el cargo por Salvador Vega Casillas, quien durante su gestión al frente de la SFP (de diciembre de 2006 al 28 de septiembre de 2007) se hizo de la vista gorda cuando el gobierno de Calderón, de acuerdo con el reporte 2011 de la ASF, realizó pagos indebidos por casi 400 millones de pesos en la construcción del monumento Estela de Luz.

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Finalmente, el último titular de la SFP calderonista, Rafael Morgan Ríos, se encogió de hombros ante los 3 mil 700 millones de pesos adjudicados a distintas empresas de manera directa para los festejos del bicentenario y cerró los ojos ante los 14 contratos del programa Enciclomedia donde hubo irregularidades (durante la gestión de Josefina Vázquez Mota como titular de la SEP) que alcanzaron 8 mil millones de pesos.

Ante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto que colocaron en la Secretaría de la Función Pública a personajes omisos, por utilizar un eufemismo, es natural que surjan especulaciones ante el relevo que ayer anunció en esa dependencia el presidente López Obrador.

Pero contra la especulación que tanto gusta a los a la opinología neoliberal, hay que oponer la información dura. Irma Eréndira Sandoval (que ayer entregó la batuta de la SFP a Roberto Salcedo) tuvo logros muy significativos durante su gestión: logró la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana y ahorros superiores a un millón 200 mil pesos. Gracias a esta medida, México subió 14 puntos en el indicador global del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Y, aunque personajes aviesos, como los especuladores a sueldo Denise Dresser y Carlos Loret de Mola, intenten tergiversar los hechos, Irma Eréndira se reintegrará, sin rencores ni aspavientos, a la dirección del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM, según ha dicho ella misma: “con un agradecimiento profundo”.

Ahora bien, lo más importante de todo esto es que el presidente López Obrador reiteró su compromiso de que continuará su política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad. Y a eso, me parece, habría que agregar que en una transformación como la que hoy está en marcha tampoco deberán tolerarse el fuego amigo ni las guerras intestinas.

Escritor, periodista y traductor. Es coordinador de Opinión e Investigaciones en RegeneraciónMx.