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Juez ordena que Suástegui reciba atención médica por tortura. Autoridad penitenciaria se opuso a derecho a la salud, alimentación, comunicación y trato digno

Regeneración, 6 de abril del 2018. En el marco del juicio que se les sigue a 25 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades de La Parota (Cecop), presos en el Penal de Las Cruces en Guerrero, como resultado de la provocación del 7 de enero del 2017, en la Concepción, donde la policía ministerial ejecutó, torturó y encarceló a miembros de la Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) y de las Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

“Como se trata de un caso urgente el tema de la tortura, del aislamiento en que se encuentra y el tema que no les están dando agua para beber, la juez se pronuncia y dice al Centro Penitenciario que inmediatamente tienes que cambiar a Marco Antonio Suástegui de esa celda y garantizarle una celda digna”, señaló el abogado defensor de los presos.

Agregó que la Juez ordenó que se nombren especialistas para que le revisen el problema de salud que tiene Suástegui, de la cadera y “de los actos de tortura que sufrió, y se ordenó suministrar el agua potable para que puedan tomar todos”.

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En informaciones publicadas por Este Sur se informó que continuó la audiencia de ejecución de nueve de los 25 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) presos en el penal de Las Cruces.

En el caso el abogado defensor pertenece al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García.

La audiencia duró casi tres hora y se ventiló el escrito de nulidad presentado por las autoridades penitenciarias para dejar sin efecto la petición de la defensa del derecho a la salud, alimentación, comunicación y un trato digno para los procesados.

“Lo importante de esta audiencia es que se logró que se suspenda el aislamiento a Marco Antonio que la autoridad penitenciaria le impuso desde el 7 de enero que llegó al penal”, puntualizó el defensor.

Dicha resolución que protege los derechos de los procesados fue emitido por una Juez de Control.

Sin embargo a decir del defensor “pero nos sigue preocupando que está el mandamiento de la juez de que se sigan negando sus derechos humanos de él y de las demás personas”, explicó.

Aseguró que de los nueve imputados se concluyó el proceso con la resolución que dio la juez, pero están pendientes el resto de ellos. “El jueves y viernes habrá otras audiencias, en cada una estarán otro ocho de los detenidos”.

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Teliz García dijo que “se continuó la audiencia (que quedó pendiente del lunes) y al inicio nos llega la sorpresa de que la autoridad penitenciaria presentó un escrito de nulidad, teniendo como finalidad nulificar nuestra petición de derecho a la salud, a la alimentación, comunicación y que tengan un trato digno”.

La autoridad penitenciaria pretendía que “se declarara todo lo nulo, la primera audiencia abierta, las notificaciones, los acuerdos y actos procesales de la ejecución y volver a empezar de cero”.

El defensor califico las pretensiones de la autoridad penitenciaria como “una grave violación a los derechos humanos”.

“La audiencia versó básicamente sobre la discusión y análisis del pronunciamiento de este recurso de nulidad, y la juez lo que resuelve es totalmente claro, uno es que ese recurso de nulidad es infundado e improcedente porque estamos en la etapa de lo que mandató la juez de control, que ordena a la juez de ejecución que dé vista para revisar las condiciones de internamiento, básicamente es saber cómo ellos están internados”, detalló.

Este Sur, relató que el abogado aseguró que la juez escuchó a todos los imputados, incluyendo a Marco Antonio Suástegui, y “como se trata de un caso urgente el tema de la tortura, del aislamiento en que se encuentra y el tema que no les están dando agua para beber, la juez se pronuncia y dice al Centro Penitenciario que inmediatamente tienes que cambiar a a Marco Antonio de esa celda y garantizarle una celda digna”.

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También se ordenó que se nombren especialistas para que le revisen el problema de salud que tiene de la cadera y “de los actos de tortura que sufrió, y se ordenó suministrar el agua potable para que puedan tomar todos”.

El abogado dijo que el argumento de las autoridades penitenciarias para defender que no se violan sus derechos es que “no estaba debidamente integrado el expediente, ese su argumento, que faltaron hacer escritos, hacer peticiones, pero en realidad el expediente estaba totalmente integrado: una situación de revisión de la condiciones en las que están porque hay un caso urgente, porque hay personas torturadas y esas personas están privadas de sus libertad y se les debe de garantizar derecho a la salud, alimentación y una convivencia sana con sus familiares”.

 

Si quieres informarte más, visita: Regeneración

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