En los últimos años del Gobierno de Peña Nieto, el SAT favoreció a empresas fantasma que simulaban servicios y expedían facturas falsas a dependencias públicas
Regeneración, 25 de marzo de 2019. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorgó mil 483 cancelaciones de créditos fiscales a 27 empresas fantasma, entre los años 2015 y 2018, durante la administración de Enrique Peña Nieto. Estas emitieron facturas falsas o importadoras de productos, que según los cálculos de esta dependencia adeudaban 59 mil 560 millones de pesos.
El organismo tributario entregó, por ejemplo, 113 cancelaciones de créditos fiscales por 2 mil 68 millones de pesos a dos sociedades de papel relacionadas –entre otras– con el presunto financiamiento ilícito de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012 por medio de los monederos Monex.
Además hay que sumarle la amnistía fiscal que desde el sexenio de Felipe Calderón ha beneficiado a varios multimillonarios, entre ellos a Emilio Azcárraga Jean, Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego.
De acuerdo con información de Proceso, se trata de Comercializadora y Distribuidora Suri, SA de CV y Publicidad y Mercadotecnia Creativa PYMC, SA de CV, que se incorporaron en 2009, conforme a una revisión de más de 320 mil condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales que el SAT realizó entre 2015 y 2018, este registro lo consultó esta agencia de noticias en el Portal de Obligaciones de Transparencia.
A inicios de 2018 el organismo intergubernamental Grupo de Acción Financiera (Gafi) dijo que la evasión de impuestos es una práctica «generalizada» en el país, al grado de que en 2012 representó una pérdida de 484 mil millones de pesos para el Estado.
Firmas envueltas en el caso Monexgate
Comercializadora y Distribuidora Suri y Publicidad y Mercadotecnia Creativa PYMC se vinculan con una tercera firma: Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales (Edicom). Para el 2014 el SAT incluyó a las tres en su lista de contribuyentes que emiten facturas falsas.
La firma Edicom estuvo en el centro del llamado Monexgate, mediante el cual se repartieron cientos de millones de pesos a la campaña de Peña Nieto, que rebasó 13 veces el tope de gasto permitido.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP relacionó a las tres empresas con un entramado de corporaciones fantasma que se facturaron servicios entre sí para lavar dinero. Un mes y medio después de las elecciones de 201, que concretaron el triunfo de Peña Nieto, las autoridades abandonaron sus investigaciones y descongelaron las cuentas bancarias de Edicom.
En 2012, Publicidad y Mercadotecnia Creativa PYMC estuvo envuelta en una vasta estafa tipo «pirámide de Ponzi», mediante la cual el misterioso ciudadano mexicano José Cancino robó 20 millones de euros a cientos de ahorradores de tres ciudades españolas. De acuerdo con el diario ´El País´, Publicidad y Mercadotecnia Creativa PYMC participó en el fraude, ya que recibió 101 transferencias por 4.7 millones de euros.
Durante la administración de César Duarte Jáquez en Chihuahua, en el 2012, la misma compañía recibió 23 millones 200 mil pesos de su gobierno. El exgobernador lleva dos años prófugo, pues tiene 21 órdenes de aprehensión por el presunto desvío de mil 230 millones de pesos parafinanciar las campañas del PRI en 2016, entre otras cosas.
En 2017 el SAT canceló 226 mil 434 millones de pesos de contribuciones «omitidas». Consideró que eran «incobrables», sea porque las empresas no tenían bienes embargables o, peor, porque dichas empresas nunca existieron en realidad y se dedicaron a simular servicios, según reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en un informe publicado en junio pasado.
Al revisar la cuenta pública de 2017, la ASF detectó el modus operandi de estos esquemas de evasión fiscal: los delincuentes crean empresas, generan ingresos durante tres años, sin pagar contribuciones, y desaparecen. «Cuando son detectados por la autoridad fiscal, ya no se encuentran funcionando», señaló el organismo.
Nuevo esquema de simulación fiscal
El pasado 7 de noviembre el SAT informó que detectó un nuevo esquema «agresivo» de simulación fiscal, que utilizaron «socios, accionistas y representantes legales de grandes empresas» para evadir el pago de impuestos en el reparto de dividendos. El esquema involucra, nuevamente a compañías facturadoras de operaciones simuladas y a prestanombres.
