La decisión sacudió a Brasil, ya que la noticia llega en vísperas de la asunción a la presidencia de Jair Bolsonaro
Regeneración, 19 de diciembre de 2018. El juez del Supremo Tribunal Federal Marco Aurelio Mello autorizó hoy, a través de una medida cautelar, la libertad del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), preso en Curitiba desde el 7 de abril del 2018.
Poco después de divulgada la decisión judicial en Brasilia, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffrmann, tuiteó «acabamos de solicitar la liberación de Lula» en la duodécima sala de la Justicia Federal Curitiba. #LulaLibre, cerró la comunicación de la senadora Hoffmann.
La ejecución de la orden del Supremo quedó en manos de la jueza de primera instancia Carolina Lebbos, conocida por su alineamiento con el ex juez Sergio Moro.
El mentor de la causa Lava Jato fue designado por el ultraderechista Jair Bolsonaro como futuro «superministro» de Justicia.
La noticia causó un sacudón político en Brasilia, donde Bolsonaro encabezaba una reunión con su gabinete en la residencia de campo Granja do Torto, que le fue cedida por el saliente Michel Temer. La procuradora general de la República, Raquel Dodge convocó a una reunión de urgencia para una eventual objeción de la cautelar del juez Mello.
Golpe a Bolsonaro
La sentencia contra Lula fue ratificada en segunda instancia y la defensa del exmandatario apeló la decisión, la cual está en trámite.
La decisión se produce en vísperas de la asunción del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, el próximo 1 de enero. Bolsonaro, ex capitán del Ejército basó gran parte de su campaña en la denuncia de Lula y del PT.
Hasta la invalidación de su candidatura a inicios de septiembre, el ex presidente de izquierda (2003-2010) Lula, era el favorito en las encuestas de opinión.
La medida podría beneficiar también a muchos condenados por el megaescándalo ‘Lava Jato’, que estalló en 2014 y puso al descubierto una gigantesca red de pago de sobornos por parte de empresas privadas a políticos y autoridades, a cambio de obtener licitaciones de obras públicas en Petrobras.
La Fiscal General, Raquel Dodge, afirmó en un comunicado que «el inicio del cumplimiento de la pena tras decisiones de cortes de segunda instancia es compatible» con la Constitución brasileña y contribuye al «fin de la impunidad» y a la «credibilidad de las instituciones».
