Con distintas propuestas para modificar artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal, tanto PRD como Morena agrupan cuatro iniciativas que despenalizarían el aborto en México
Regeneración, 10 de noviembre de 2018.- Las diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña y Norma Azucena Rodríguez Zamora presentaron en la Cámara de Diputados una propuesta para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Las legisladoras elaboraron el proyecto desde octubre para reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud.
Con esta suman cuatro iniciativas en la materia. Las tres previas son: una del grupo parlamentario del PRD, apoyada por sus 20 legisladores; y dos de diputados de Morena: Lorena Villavicencio Ayala y Porfirio Muñoz Ledo, siendo Villavicencio quien presentó en tribuna su propuesta el pasado 8 de noviembre.
Las perredistas buscan reformar el artículo 332 para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y señalar que después de ese periodo la mujer será castigada con una pena de seis meses a un año de prisión.
Al igual que la iniciativa de la diputada Lorena Villavicencio Ayala, esta propuesta señala que esta conducta no será penada cuando el aborto sea causado por “imprudencia de la mujer embarazada”, si es resultado de una violación, si un médico diagnostica alteraciones genéticas o si es resultado de una conducta culposa de la mujer.
A diferencia de las tres propuestas anteriores presentadas en la Cámara de Diputados, las legisladoras del PRD también propusieron que se reforme el Artículo 35 de la Ley General de Salud para señalar que los servicios públicos y privados de salud deberán proceder a la interrupción del embarazo cuando la mujer así lo solicite, antes de las 12 semanas de gestación.
El artículo quedaría así: “La mujer que solicite la interrupción de su embarazo deberá recibir toda la información que requiera y se le brindará la asistencia médica para practicarse la interrupción del embarazo”.
Con ello, la propuesta emula la reforma a la ley penal y de salud que se aprobó en 2007 en la Ciudad de México para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y además garantizar el acceso al aborto en los centros de salud, así como brindar consejería sobre anticoncepción y salud sexual y reproductiva.
Al plantear su propuesta, las legisladoras del PRD expusieron que el objetivo de su inciativa es modificar el tipo penal para que aquellas mujeres que decidan abortar voluntariamente durante las primeras 12 semanas de gestación no sean sancionadas.
Entre sus motivaciones expusieron que a 11 años de las reformas al Código Penal del Distrito Federal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, hasta el 18 de abril de este año, el gobierno capitalino ha atendido a 194 mil 153 mujeres, de las cuales 57 mil 429 son residentes de otras entidades y 69 extranjeras, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud local.
Sin duda, dijeron, resulta preocupante que temas como el del aborto no se discutan abiertamente y sin prejuicios en el Congreso de la Unión, cuando se trata de un tema relevante para la sociedad en general, por lo que llamaron a abrir el debate y romper paradigmas.
Iniciativas para “despenalizar” aborto contemplan sanciones
A mediados de octubre, en la Cámara de Diputados se avivó el debate sobre la despenalización del aborto a nivel nacional. Sin embargo, entre las y los diputados persiste la idea de que las mujeres que abortan deben recibir una sanción, sin importar si la interrupción del embarazo fue provocada o fortuita.
En esta legislatura, la primera con 48.2 por ciento de mujeres, se habían presentado tres propuestas relacionadas con el aborto. Sin embargo, ninguna busca eliminar o derogar el delito de “aborto”.
Todas las propuestas presentadas hasta ese momento: una del grupo parlamentario de Partido de la Revolución Democrática (PRD), apoyada por sus 20 legisladores; y dos de diputados de Morena: Lorena Villavicencio Ayala y Porfirio Muñoz Ledo, dejarían en la ley sanciones para las mujeres que aborten.
De acuerdo con una revisión de Cimacnoticias sobre el contenido de las propuestas, sólo una se apega al modelo parlamentario que se planteó en 2007 en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF), cuando el 24 de abril de ese año se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Hace 11 años, la entonces ALDF reformó el Código Penal y la Ley de Salud capitalina. La modificación a la norma penal hizo que el aborto se castigara con una sanción de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, siempre y cuando fuera después de las 12 semanas de gestación.
La reforma en materia de salud incluyó la obligación de las instituciones públicas de salud del gobierno capitalino de atender las solicitudes de interrupción del embarazo y dio carácter prioritario a la atención de la salud sexual y reproductiva.
Desde entonces hubo intentos por despenalizar el aborto a nivel federal ante la falta de apoyo parlamentario las propuestas no prosperaron. Ahora el debate resurgió tras la intención de las y los legisladores federales de Morena por aprobar una reforma que deje bases para que el aborto sea legal en todo el territorio mexicano.
No obstante, ninguna de las tres propuestas de reforma iniciales hace referencia a modificar la Ley General de Salud para garantizar la oferta de la interrupción del embarazo en los servicios de salud de todo el país, como sucede en la Ciudad de México.
La iniciativa más publicitada es la de la diputada morenista Lorena Villavicencio Ayala, quien el pasado 23 de octubre presentó la propuesta para reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La legisladora propuso un cambio normativo similar al de la Ciudad de México. Se trata de modificar el artículo 330 del Código Penal Federal para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y reducir la pena, que actualmente es de uno a tres años de prisión, y pasarla a una condena de tres a seis meses.
La propuesta de Morena plantea que el artículo 332 de dicha norma diga que otras excluyentes de responsabilidad penal serán si el embarazo sea resultado de una violación; si corre peligro la salud de la mujer; si dos médicos especialistas diagnostican malformaciones del feto; y si es “resultado de una conducta culposa de la embarazada”.
Actualmente el Código Penal Federal estipula que se puede reducir la pena por aborto si la mujer no tenía mala fama, si logró ocultar su embarazo y si éste fue fruto de una unión ilegítima, lo cual contraviene derechos establecidos en el artículo 1° de la Constitución y en distintas convenciones internacionales.
Con el objetivo de marcar una ruta legislativa a los congresos estatales, la diputada Villavicencio Ayala también propuso reformar el artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para considerar violencia institucional, el embarazo forzado, y la tipificación del aborto como delito.
La iniciativa no considera que de acuerdo con organizaciones civiles muchas mujeres que tuvieron un aborto, incluso espontáneo, fueron acusadas y sentenciadas por los delitos de homicidio en razón de parentesco o infanticidio y no por aborto.
La propuesta de la legisladora tampoco considera modificar la Ley General de Salud por lo que no habría acceso gratuito a servicios de interrupción legal del embarazo en instancias de salud federales.
La iniciativa de la diputada morenista no es la única. La primera propuesta en la Cámara de Diputados se presentó el 6 de septiembre de 2018 por el grupo parlamentario del PRD, la cual busca una modificación a nivel constitucional.
La iniciativa del partido, avalada por todos sus legisladores, es señalar en el artículo 4 constitucional que “se garantizará este derecho (decidir el número de hijos), estableciendo la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción del embarazo cuando la mujer interesada así lo solicite o lo necesite, como una obligación institucional”.
En este caso, la propuesta no busca cambios en materia penal ni de salud, aun cuando esos cambios en la capital del país han salvado la vida de 202 mil 698 mujeres que en los últimos 11 años (hasta octubre de 2018) recurrieron al servicio de interrupción legal del embarazo, una política exitosa que incluso cobija a las mujeres que radican en otras entidades.
Por otro lado, el 23 de octubre de 2018 el diputado de Morena y presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo propuso una reforma que también busca modificar el artículo 4 de la Constitución federal para garantizar el “derecho a decidir sobre tener hijos o no” y la “autonomía reproductiva”.
Aunque la propuesta no hace cambios penales la agenda parlamentaria de Morena plantea en su punto 22 el objetivo de impulsar reformas a la Constitución federal y al Código Penal federal para despenalizar el aborto e incluirlo en los servicios de salud pública en todas las entidades del país, garantizando el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
A estas propuestas se podría sumar una más de la diputada, también de Morena, Miroslava Sánchez Galván, quien ha dicho a los medios de comunicación que buscará modificar la Ley General de Salud para legalizar el aborto, aunque esta iniciativa aún está en elaboración.
Las propuestas de Morena podrían ser impulsadas y aprobadas porque su bancada es mayoría, con 51.2 por ciento de diputaciones, y porque el grupo perredista suma 20 legisladores a favor de la despenalización, además de dos independientes, Ana Lucía Riojas Martínez y Carlos Alberto Morales Vázquez, quienes como integrantes del movimiento “Ahora” se dijeron a favor del aborto.
Además, porque la exministra y futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es promotora del derecho a decidir de las mujeres y si bien el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no está a favor del aborto sí buscaría una consulta ciudadana en la materia.
