Sin aviso de por medio y con el uso de la fuerza pública, al menos 31 familias son desalojadas del Fraccionamiento San Carlos en Pachuca; las autoridades involucradas se reparten culpas y solapan el presunto fraude cometido por un particular, jueces, notario, Fovissste y Gobierno de Hidalgo, mientras ellos son echados a la calle, como sucedió con otras 134 familias en el Fraccionamiento Bosques del Peñar.
Por Emmanuel Ameth
Regeneración, 13 de agosto de 2018.- Eran las siete de la mañana cuando Margarita escuchó que tocaban la puerta, se apresuró en acudir pensando que su nieta había olvidado algo nuevamente antes de partir. En la entrada se apersonó un hombre trajeado, que junto con policías estatales que portaban armas largas, le exhibieron un escrito que le daba dos horas para sacar las cosas de su casa. Pensó que era un malentendido y no alcanzaba a comprender la situación, cuando repitieron su nombre y le restregaron en la cara un papel, que según la ley, los facultaba para retirarlos con el uso de la fuerza pública si era necesario. Esa noche no supo cómo fue que sus pertenencias fueron trasladadas a casa de un familiar, o si llegaron completas, pues durmió en un hospital a causa del episodio traumático.
Pedro, quien labora como maestro a una hora de la capital y no tiene familiares en la entidad, no contaba con señal en su teléfono para recibir la llamada que le informara sobre el calvario apenas vivido por su esposa y sus hijos. Se sintió extrañado cuando al llegar a su domicilio observó las protecciones abiertas y la puerta violentada. Allí fue cuando un vecino se aproximó y le dijo que se tranquilizara, que su familia estaba “bien” y que él tenía sus pertenecías. Al entrar a la sala de su ahora anfitrión se enteró de que también había sido desalojada su familia mientras llovía; ellos todavía lloraban inconsolables y lo abrazaban mientras apretaban los dientes.
El caso de Luis fue más violento. Cuando abrió la puerta y recibió a la Fuerza Pública, le pareció que se trataba de delincuentes que lo querían engañar-y tal vez no se equivocaba-. Él vivía en casa de sus padres. Cerró e intentó dar parte a las autoridades, pero el ruido incesante de los cinceles en su puerta y luego el de las sierras cortando su chapa, impidieron siquiera que terminara la llamada. Entraron a su domicilio a sacar sus cosas mientras permanecía encerrado en su habitación y ante la negativa de salir por palabras del actuario -temiendo su integridad-, los policías le gritaban “¡que te salgas cabrón!”
La dramatización de los casos anteriores, en los que se usó pseudónimos a petición de los declarantes, se encuentra documentada en grabaciones de testimonios presenciales y/o de vecinos que estuvieron presentes en el momento en que fueron desalojadas familias del Fraccionamiento San Carlos en Pachuca, en propiedad de este reportero, mismo en el que sin notificación de por medio, se llevó un proceso “legal” que les arrebató el sueño y patrimonio de su vivienda.
LOS HECHOS
“Ingeniería y Arquitectura fue una empresa que edificó varios desarrollos inmobiliarios a lo largo del país, particularmente en Pachuca. Por cuestiones administrativas en algún momento detuvieron los pagos de la empresa a sus proveedores, incluido el notario, con quien realizaron diversos negocios beneficiándose ambas partes. Ello motivó al Notario 8 para no dar trámite a muchos procesos de escrituración de los clientes beneficiarios de créditos Fovissste. Jurídicamente eran dos actos: Compra-Venta de la empresa al beneficiario del crédito por el lote y posteriormente, el Fovissste les otorgaba un crédito para la construcción, para que se hiciera la vivienda y por consiguiente fueron dos escrituras, compra-venta y mutuo, donde Fovissste daba el dinero y se contrataba a la misma empresa para edificar. Ese esquema era lo más normal. La asignación de esos créditos los tenía el SNTE”, manifestó un Despacho de Abogados que pidieron omitir su nombre pero que en algún momento fueron defensores de los hoy perjudicados.
Ambos trámites tenían que ser cubiertos por la constructora al notario, relataron. Pasaron los años y el dueño de la empresa falleció en 2005, la deuda persistió y el notario 8 hasta allí se quedó.
“Varios de los beneficiarios del Fraccionamiento San Carlos se vieron afectados -aunque también de San Antonio y Bosques del Peñar- porque la viuda hizo un contrato privado (presuntamente hechizo) en el que le vende la empresa a través de su esposo “N” número de lotes (31 en San Carlos, previa consulta en el Registro para saber quiénes aún no poseían escrituras), en el que argumenta que se los vendieron y no se les escrituró, solicitando al juez que él lo hiciera. Demandó a la empresa y es un misterio la forma en la que emplazó (notificó); ganó el juicio porque no había una contraparte que dijera otra cosa. En la sentencia dice el juez ‘efectivamente son tus lotes, que te hagan la escritura’ y ésta la hacen a favor de la viuda en una notaría en Tula, pero el juez fue quien lo autorizó. Hasta aquí ella ha actuado bien, entre comillas, porque el contrato presentado es ficticio. Con esa escritura promueve medidas de apremio y los beneficiarios son desalojados. Ella (la viuda) puede vender esos bienes aunque no tenga la posesión física.”, agregaron.
“La compra-venta y el mutuo no se inscribieron pero ello no obsta para que el acto persista. El acto de la compra-venta persiste y el mutuo con Fovissste persiste. Que no esté inscrito es otro asunto. ¿Cuál es el efecto de estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad? Que surta efectos contra terceros. El contrato privado vale entre particulares y puede tener efectos ante un juez, pero en una escritura pública no hay nada que probar, pero necesita inscribirse para surtir efectos contra terceros. La solución es el hecho que el notario 8 que les dé una copia certificada para pelear con sus derechos previos o más bien, derechos reales contra la escritura de ella. Tienen que exigir, de la mano con Fovissste. En este caso quien tiene decisión sobre el notario es el Secretario de Gobierno, porque quien está auxiliándose de los desalojos es la policía estatal. Dos, a través de la Dirección General Jurídica o de Archivo de Notarías le exija a su notario que exhiba las copias certificadas para que con otro juez promuevan la detención de desalojos mediante amparos; eso no les va a resolver el asunto de fondo sino el demandar a la viuda para evidenciar que tienen mejor derecho por los contratos que tienen. Aunque ella hizo un contrato privado, anterior incluso, no tiene escritura. Finalmente lo que ella (la viuda) hizo es un fraude, pero como nadie le dijo nada, siguió. Nadie tiene responsabilidad mas que ella porque sabe que efectivamente se le vendieron las casas a los clientes y con dolo y con asesoría de su abogada, cometió un fraude. La señora sabe que está obrando de mala voluntad así como su abogada y se conjunta con el descuido de los profesores. Está utilizando a las instituciones y ellos tienen el antecedente de otros fraccionamientos como para no darse cuenta”.
“Debe de tener mucha voluntad la Secretaría de Gobierno si quiere ayudar. Primero debe detener este uso de las instituciones. Ellos dirán ‘es que me está ordenando un juez’, sí, pero deben tener tantita sensibilidad, escúchalos. Dos, ayúdalos, porque tú eres el jefe de los notarios y es tan sencillo como que el Secretario haga una llamada y ordene les sean entregadas copias certificadas de sus escrituras para defenderse. Con eso van a ganar defendiendo sus derechos y el Fovissste también tiene que intervenir porque ellos como institución no pudieron otorgar un crédito sobre un bien gravado o bien del cual no tuvieran certeza. Es un abuso. Ellos (la viuda y su abogada) incluso quieren vender lo más rápido posible para desanimar a los propietarios, pero es rastreable y quienes compraron de buena fe pueden demandar a su vez a quienes cometieron el delito”.
LOS INVOLUCRADOS SE ECHAN LA BOLITA
“Ya tienen conocimiento en oficina central. Yo creo no es conforme la ley, es un proceso medio amañado porque ellos pagaron su crédito. Inclusive Fovissste fue defraudado, allí ya no tenemos nada qué ver. Gobierno del Estado tiene conocimiento y les ha mandado abogados, Roberto Rico fue quien se comprometió a resolver el asunto. Ellos están enterados del proceso hace dos meses. Somos un organismo financiero y ellos construyen donde les parezca, es la responsabilidad de cada afectado. La constructora no le pagó al notario y por ello no se inscribió la escritura. De nada sirve que nosotros vayamos, eso no les sirve, es un tema jurídico”, argumentó María Estela Barrera Viveros, Jefa del Departamento en Hidalgo en Fovissste, quien fuera videograbada mediante cámara escondida.
La funcionaria dijo también desconocer que las oficinas de la abogada y cómplice de la presunta defraudadora se encuentran exactamente al lado de la Delegación del Fovissste, esto es, en Nuevo Hidalgo 326 (Fovissste está en el número 324) en la ciudad de Pachuca.
“Nosotros no podemos dar información sobre el tema porque podemos incurrir en un delito federal. De los 19 desalojados sólo han venido dos. Tienen que ir al Archivo de Notarías o a la Coordinación Jurídica de Gobierno del Estado (con Roberto Rico). Nosotros los mandamos con el Archivo de Notarías. El contrato de la viuda supuestamente lo hicieron en 2003 y ellos lo hicieron en 2001-2002, primero en tiempo primero en derecho”, señaló la abogada de la Notaría 8 de Pachuca de Carlos Fernando Licona Rivemar, también grabada con cámara escondida, quien contrario a lo que manifestaron los vecinos, dijo que les otorgaban copias de sus escrituras (lo cual también se contradice con el hecho de enviarlos al Archivo General de Notarías).
En el caso del señalado por ambos involucrados Roberto Rico, “no tuvo tiempo” para atender la visita.
LAS PRESUNTAS DEFRAUDADORAS
La señalada por los testimonios como presunta defraudadora Teresa de Jesús Córdova Molina, viuda de Ernesto Morales, así como su hija Jazmín Jared Morales Córdova, figuraron en los Juicios Ejecutivo Mercantil 760/05 y 761/05 en el Juzgado 3º de lo Civil, el Juicio Especial Hipotecario 100/05 en el 1º Civil y el Ejecutivo Mercantil 414/05 en el 5º Civil.
Además de haber operado de una forma similar con 134 familias en Bosques del Peñar, de donde todavía posee Córdova Molina lotes comerciales -además de otros en San Carlos donde se habría comprobado que falsificó una firma para hacerse de los mismos y tuvo que revirar- también cuenta con antecedentes por Corrupción de Menores de Edad, pues derivado de la Averiguación Previa PIO1/195/2010 fue aprehendida luego de que una menor de edad perdiera la vida tras llevar a siete jóvenes a un supuesto evento familiar y presuntamente corromperlos mediante engaños. La Causa Penal 31/2010 de Morelos provocó que estuviera encarcelada durante un tiempo.
Quien también habría actuado de mala fe, conociendo el trasfondo del asunto y prestándose al fraude para ganarse unos pesos incluso si ello significaba desalojar a legítimos propietarios de su vivienda es la abogada Anither Uribe Abreo, quien fuera candidata a Diputada Local por el PRD, quien pese al padrinazgo de José Guadarrama Márquez, quedó relegada a un lejano tercer lugar en sus aspiraciones. La señalada también tendría antecedentes por haber demandado a su propio padre según comentó una de las fuentes consultadas.
“Así vayan a ver a López Obrador (AMLO), esto no se va a solucionar” dijo Anither Uribe en un arranque de altanería a una de las víctimas, ignorando dónde es que está parada la susodicha.
